El Tribunal Mixto de Esquel declaró culpable al ex agente policial Juan Emilio Llaipén por el delito de extorsión, tras un proceso judicial que culminó con un veredicto unánime.
La decisión, adoptada por tres jueces técnicos y dos ciudadanos legos, determinó que Llaipén permanecerá detenido hasta la audiencia de imposición de pena, prevista para el viernes 24 de octubre.
Según informó Radio3, el tribunal resolvió mantener la prisión preventiva del ex uniformado, luego de que se consideraran fundadas las pruebas que lo señalaban como responsable de un accionar coercitivo contra un detenido.
Un video clave y pruebas contundentes
Durante el juicio, se presentó una filmación de la Comisaría Primera de Esquel, donde se observa al acusado dentro de un calabozo mostrando su arma reglamentaria frente a un detenido. Para los jueces, ese gesto constituyó una amenaza directa, incompatible con la función policial.
Los magistrados también evaluaron mensajes de texto entre Llaipén y el beneficiario del vehículo involucrado, una camioneta Toyota, donde ambos acordaban “meterle miedo” al joven víctima para forzarlo a firmar un formulario 08 de transferencia.
Rechazo a la defensa y advertencias del tribunal
El abogado defensor Daniel Sandoval había cuestionado la validez de las pruebas, lo que fue descartado por el tribunal. La fiscal María Bottini calificó esos planteos como una “emboscada procesal”, señalando que no había motivos para invalidar las evidencias.
Aunque el ex policía fue absuelto del cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, los jueces adelantaron que su condición de agente policial y las irregularidades cometidas serán consideradas como agravantes al momento de fijar la pena.
Próxima instancia: definición de la condena
La audiencia de imposición de pena se realizará el próximo viernes 24 de octubre, momento en el que se conocerá la sanción definitiva para Juan Emilio Llaipén.
Este caso volvió a poner en debate la responsabilidad institucional y la conducta ética de las fuerzas de seguridad, en una comunidad que sigue con atención el desenlace judicial.