“No hay representación posible si los dirigentes tienen miedo de rendir cuentas”. Con esa frase, Ana Clara Romero resumió su postura frente al cierre de campaña legislativa.
La diputada nacional, que busca renovar su banca, planteó que la ética pública debe dejar de ser una consigna y convertirse en una práctica cotidiana, empezando por la eliminación de los privilegios políticos. De acuerdo con LA17.
Romero explicó que su espacio impulsa la quita de fueros, la ficha limpia y la extinción de dominio para funcionarios condenados por corrupción. “Tenemos que volver a mirar a los ciudadanos de frente, sin protecciones especiales y sin excusas”, sostuvo, al recordar que esos proyectos permanecen trabados por acuerdos entre el oficialismo y sectores del kirchnerismo. Para la legisladora, “quien aspira a ocupar una banca no puede temerle a la transparencia”.
La candidata señaló que los privilegios de la dirigencia explican parte del malestar social. “La gente está cansada de ver cómo algunos usan la política para protegerse en lugar de servir,” expresó. Aseguró que su trabajo legislativo busca devolverle credibilidad al Congreso mediante reglas simples: publicar patrimonios, auditar fondos y transparentar designaciones.
Romero también defendió la figura del Congreso como institución de equilibrio, no de confrontación. “No sirve un Congreso que solo repite lo que le ordenan desde Buenos Aires. Necesitamos diputados que discutan, que lean y que representen de verdad al interior del país”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la Patagonia requiere voces firmes, “no para gritar más fuerte, sino para poner temas que nadie en la capital quiere discutir”.
Entre los proyectos que mencionó, destacó la creación de un registro público de contrataciones y un sistema de trazabilidad de fondos parlamentarios. “Cada peso que se gasta en nombre del Estado tiene que ser visible,” explicó, y agregó que la transparencia “no puede depender de la buena voluntad de un gobierno, tiene que ser ley.”
Romero se refirió además al impacto que las causas judiciales tienen sobre la confianza social. Dijo que “no puede haber varas distintas según el color político”, y que “la corrupción no tiene ideología, tiene consecuencias”. La diputada pidió que los funcionarios investigados por delitos de administración pública “den un paso al costado mientras la Justicia actúa”.
En su balance de gestión, remarcó que la agenda ética y la agenda productiva deben ir juntas. “Sin honestidad no hay progreso sostenible. La inversión llega donde hay previsibilidad y respeto por la ley”, indicó. Su discurso combina la defensa del federalismo con una visión de administración pública moderna, con “menos relato y más rendición de cuentas.”
“El poder no es una inmunidad, es una responsabilidad”, sintetizó Romero. Para la diputada, el voto es un contrato moral entre representantes y ciudadanos. “Si la política quiere recuperar legitimidad, debe empezar por cumplir sus propias reglas”.
