Una investigación por presunto lavado de dinero derivó este lunes en una serie de allanamientos ordenados por la Justicia federal.
Los operativos alcanzaron a Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al club Banfield. La causa se centra en el análisis de maniobras económicas que habrían ocurrido en el marco de una transferencia futbolística internacional.
Allanamientos en la sede central y domicilios asociados
El juez federal Luis Armella dispuso los procedimientos en la sede principal de Sur Finanzas, situada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de otros domicilios relacionados con la firma.
Los allanamientos fueron ejecutados por fuerzas federales para recabar documentación, registros contables y dispositivos electrónicos que puedan aportar pruebas al expediente.
Según informó Noticias Argentinas —medio del cual se extrajo esta información—, la medida forma parte de los pasos preliminares de una investigación que busca establecer si existieron maniobras de lavado de dinero vinculadas a actividades del club Banfield.
La transferencia que quedó bajo la lupa judicial
La causa está centrada en la transferencia del jugador Agustín Urzi, ex Banfield, al club Juárez de México. La operación, realizada tiempo atrás, habría presentado movimientos financieros que llamaron la atención de los investigadores. La Justicia analiza si Sur Finanzas tuvo participación en operaciones irregulares relacionadas con esa venta.
Fuentes judiciales indicaron que en esta etapa se intenta reconstruir el circuito del dinero involucrado y determinar si existieron intermediarios o mecanismos de triangulación que pudieran configurar delitos económicos.
Un expediente que podría ampliarse
La investigación continúa en desarrollo y no se descarta que se ordenen nuevas medidas a partir del análisis del material secuestrado. Tanto la AFA como el club Banfield quedaron indirectamente mencionados en el caso por las vinculaciones societarias y deportivas del dirigente Claudio “Chiqui” Tapia.
Por ahora, la Justicia no adelantó imputaciones formales, pero el expediente podría avanzar en esa dirección una vez evaluada la documentación obtenida en los allanamientos.