El oficialismo busca aprobar este viernes un proyecto que crea un «régimen simplificado de Ganancias» y modifica las reglas para las causas penales por evasión.
El Senado de la Nación se apresta a un debate clave este viernes 26 de diciembre, con la Ley de Inocencia Fiscal como uno de los temas centrales de la sesión. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca introducir cambios significativos en el sistema tributario argentino, combinando un nuevo régimen simplificado para algunos contribuyentes con modificaciones en los umbrales para delitos de evasión. La iniciativa, que fue avanzada en Diputados, podría convertirse en ley antes de fin de año, según la publicación oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La norma modifica tres leyes fundamentales: el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación. Su eje principal es la creación de un «Régimen simplificado de Ganancias» que, según el Gobierno, dejará «blindados para siempre» a los contribuyentes que decidan adherirse.
El «blindaje» del régimen simplificado y sus límites
El corazón de la iniciativa es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias. Este esquema está dirigido a contribuyentes con un patrimonio declarado de hasta 10.000 millones de pesos. Quienes se adhieran obtendrán un beneficio clave: ARCA (la Administración Federal) solo les cobrará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos que hayan facturado.
Dentro de este régimen, los contribuyentes no estarán obligados a informar variaciones patrimoniales ni tendrán control sobre sus consumos personales. El impuesto se calculará sobre la base de los ingresos facturados, deduciendo los consumos, independientemente de cualquier crecimiento patrimonial no declarado que pudiera producirse. Esta «inocencia fiscal» tiene un límite claro: si en una declaración jurada se omiten ingresos, se pierde el efecto liberatorio del pago.
El artículo 39 del proyecto establece que el pago tendrá efecto liberatorio si se acepta la propuesta de ARCA y se realiza en término, «excepto que se hayan omitido ingresos». Esto significa que el «blindaje» no es absoluto ante una omisión deliberada en la declaración.
Cambios profundos en el régimen penal tributario
Más allá del régimen simplificado, la ley propone ajustes sustanciales en las reglas para las causas penales por evasión. El proyecto eleva significativamente los montos a partir de los cuales una conducta se considera delito, buscando descongestionar el sistema judicial de causas menores.
-
Evasión simple: El piso para considerar el delito pasa de $1.500.000 a $100.000.000.
-
Evasión agravada: Para que la conducta sea considerada agravada, el monto debe superar los 1.000 millones de pesos, frente a los 15 millones que establece la normativa vigente.
Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años. La norma también establece un mecanismo de «extinción de la acción penal» para quienes regularicen su situación: si la denuncia no está radicada, el contribuyente puede cancelar la deuda pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación. Este beneficio es único por contribuyente.
Un equilibrio entre simplificación y control
La Ley de Inocencia Fiscal refleja una filosofía dual. Por un lado, busca simplificar y dar previsibilidad a un segmento de contribuyentes mediante el nuevo régimen. Por otro, mantiene y hasta aumenta las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término, incluso dentro del esquema simplificado.
El debate en el Senado pondrá sobre la mesa este equilibrio. Los defensores argumentarán que la ley incentiva la regularización y descarga al sistema judicial. Los críticos podrían cuestionar si el aumento de los umbrales para delitos y la reducción de controles patrimoniales podrían facilitar la evasión en algunos sectores.
Con el respaldo del oficialismo y de algunos bloques dialoguistas, el proyecto tiene altas chances de convertirse en ley. Su sanción marcaría un hito en la política tributaria, consolidando un camino de simplificación para algunos, mientras redefine las reglas de juego para la lucha contra la evasión de mayor escala.