El Gobierno nacional dispuso un endurecimiento de los controles migratorios que impide el ingreso al país de personas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro
La medida, adoptada tras la captura del líder venezolano por fuerzas de Estados Unidos, apunta a evitar que colaboradores del régimen utilicen a la Argentina como refugio.
La decisión fue tomada por la Dirección Nacional de Migraciones y alcanza a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios ligados al régimen venezolano y personas sancionadas por Estados Unidos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que el objetivo es bloquear el acceso a “quienes colaboraron con una estructura criminal”.
“Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, afirmó el funcionario. La información fue difundida por C5N, que detalló el alcance de la resolución y sus implicancias regionales.
Coordinación estatal y mensaje político
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que la prohibición se aplicará en coordinación con otros organismos del Estado nacional. “El objetivo es claro: impedir que quienes colaboraron con una estructura criminal y represiva intenten utilizar a la Argentina como destino de refugio o plataforma de protección”, sostuvo.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión busca enviar una señal política firme y preventiva, alineada con las sanciones internacionales que pesan sobre figuras del régimen venezolano.
Respaldo al operativo de Estados Unidos
En paralelo, la Cancillería argentina expresó su respaldo al operativo estadounidense en Venezuela, al que calificó como un avance “contra el narcoterrorismo que afecta a la región”. En un comunicado oficial, el Gobierno valoró la “determinación” del presidente de Estados Unidos y pidió por la seguridad del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño.
Un giro en la política migratoria regional
La resolución marca un cambio significativo en la política migratoria argentina frente a la crisis venezolana. Con esta medida, el Gobierno busca reforzar controles y evitar que el país sea utilizado como punto de resguardo por actores señalados por su participación en hechos de corrupción, represión o crimen organizado.
