El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de urgencia este lunes para analizar la legalidad del operativo militar estadounidense en Venezuela, luego de que el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtiera que la acción podría sentar un «precedente peligroso» para el orden internacional.
La sesión, solicitada por Colombia con el respaldo de China y Rusia, anticipa un fuerte cruce diplomático sobre el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado miembro. Según ADNsur.
La advertencia de Guterres y el debate sobre la Carta de la ONU
El centro del debate en el Consejo de Seguridad será determinar si la operación «Resolución Absoluta» de Estados Unidos constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Guterres, en una declaración previa, manifestó su profunda preocupación porque «el derecho internacional no haya sido respetado» y llamó a un diálogo inclusivo en Venezuela.
El artículo 2(4) de la Carta prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Estados Unidos, en comunicaciones previas al Consejo, había intentado justificar su despliegue en la región apelando al «derecho de legítima defensa».
Sin embargo, la magnitud de la intervención aérea y terrestre, que culminó con la captura y extracción forzosa del presidente Nicolás Maduro, ha sido interpretada por la mayoría de los miembros del Consejo y por la propia Secretaría General como una acción que excede ese marco y que amenaza los pilares del sistema multilateral.
Posiciones enfrentadas: «justicia» vs. «guerra colonial»
Las posturas de cara a la reunión son diametralmente opuestas y reflejan la profunda fractura geopolítica actual. Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Washington de impulsar una «guerra colonial» con el único objetivo de apropiarse de las mayores reservas de petróleo del mundo e instalar un «gobierno subordinado» a sus intereses.
Por su parte, la representación estadounidense rechazó las acusaciones de un cambio de régimen por la fuerza. El embajador Mike Waltz sostuvo en redes sociales que «esto no es un cambio de régimen, es justicia», calificando a Maduro como un «dictador ilegítimo» al frente de una «estructura narcoterrorista». Esta justificación judicial, sin embargo, no ha sido aceptada por la mayoría de la comunidad internacional como motivo válido para una invasión militar.
Un escenario de veto y la sombra de un nuevo orden internacional
El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a tratar la situación de Venezuela por tercera vez en tres meses. Sin embargo, será la primera sesión tras la intervención militar estadounidense. En la sala, el choque entre las potencias con derecho a veto parece inevitable.
Por un lado, Estados Unidos, apoyado por sus aliados occidentales, argumentará que la acción fue necesaria. Al otro lado del debate, China y Rusia, respaldados por varios miembros no permanentes del Consejo, condenarán la operación. La calificarán de acto ilegal de agresión. Es muy probable que surja una resolución de condena. Pero Estados Unidos la vetaría al instante. Este bloqueo dejaría al Consejo sumido en un estancamiento total, sin capacidad para actuar.
El verdadero peso de la reunión va más allá de cualquier votación formal. Esta sesión marcará un punto de inflexión histórico. La advertencia del Secretario General Guterres sobre un «precedente peligroso» captura un temor profundo. Si la comunidad internacional acepta la justificación presentada por Washington, cualquier otra potencia podría usar argumentos similares en el futuro. Podrían invocarlos para justificar intervenciones militares en otros países. Esto debilitaría para siempre las normas fundamentales que, con sus claroscuros, han guiado las relaciones entre naciones desde 1945. El orden mundial que surgió tras la Guerra Fría se enfrenta ahora a su prueba más dura y definitoria.