Una nueva controversia sacude el proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno de Venezuela. Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron este martes que la «liberación masiva de presos» prometida hace cinco días no se está ejecutando según lo acordado.
Esta acusación se produce mientras el presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez, afirma que se han producido «más de cuatrocientas» liberaciones, describiéndolas como un «gesto unilateral» del gobierno de su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El desencuentro revela la profunda desconfianza y las tensiones que persisten en el escenario político venezolano, incluso ante posibles gestos de distensión. La oposición no solo cuestiona las cifras, sino también el método opaco de las excarcelaciones, que según ellos está generando angustia y maltrato a las familias de los detenidos. Según DW.
La discrepancia sobre las cifras: 400 vs. 56 liberaciones verificadas
El núcleo del conflicto está en la disparidad de números. Mientras Jorge Rodríguez, en una sesión parlamentaria transmitida por el canal oficial ANTV Venezuela, aseguró que se han producido «más de cuatrocientas excarcelaciones» desde diciembre de 2024, la oposición presenta datos muy distintos.
La vocería de Machado y González Urrutia señaló en un comunicado que «la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad». Según su reporte, basado en el monitoreo de organizaciones de derechos humanos, solo se han podido verificar 56 liberaciones reales hasta el momento. Rodríguez, por su parte, matizó que no se trata de «presos políticos», sino de «políticos que habían incurrido en faltas contra la ley».
La angustia de las familias y la muerte de un detenido
Más allá de las cifras, la oposición denuncia el grave impacto humano del proceso. Critican la falta de transparencia, ya que «no se han publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se ha notificado a los familiares». Esto ha llevado a que «cientos de ellos permanezcan en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo».
La denuncia adquiere una dimensión trágica con el reciente fallecimiento bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández, de 52 años. La oposición señala que es «el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde las elecciones de 28 de julio de 2024», usando el caso para enfatizar la urgencia de liberaciones efectivas: «Cada día en prisión cuenta. La vida y salud de cientos de personas está en juego».
Un diálogo de sordos en un clima de desconfianza
Las declaraciones cruzadas reflejan un abismo de desconfianza. Jorge Rodríguez, dirigiéndose a los opositores en el Parlamento, pidió un esfuerzo mutuo: «Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar (…) pero ustedes tienen que bajarle a la mezquindad».
Sin embargo, para la oposición, la «mezquindad» es la opacidad y el incumplimiento de lo anunciado. La falta de una lista pública verificable y de un mecanismo claro de notificación a las familias hace que cualquier anuncio gubernamental sea recibido con escepticismo. Este episodio muestra que, aun en medio de posibles gestos de distensión, la credibilidad y los derechos humanos siguen siendo los puntos más conflictivos en la compleja realidad venezolana.
