Escándalo en el Hospital Regional: Diez años de firmas médicas falsas.
El sistema sanitario de Comodoro Rivadavia se ve sacudido este domingo 5 de abril de 2026 por una denuncia que expone una trama de irregularidades administrativas y éticas. María Virginia Valderrey ha denunciado formalmente el uso sistemático y fraudulento del sello y la firma de su madre, la médica Susana Celia Di Sarli, dentro del Hospital Regional. Según la acusación, la maniobra se extendió durante una década, afectando la integridad de los registros públicos y continuando incluso después del fallecimiento de la profesional.
Facturación irregular y uso de sellos tras la muerte
La denuncia sostiene que la rúbrica de la doctora Di Sarli fue falsificada con un objetivo económico: subsanar falencias en la facturación del hospital hacia las obras sociales. Estas acciones habrían ocurrido no solo cuando la médica no estaba en funciones, sino también tras su deceso. El uso indebido del sello incluyó la autorización de pedidos médicos y procesos de hisopados sin el consentimiento ni la presencia de la titular.
“Mi mamá, meses antes de fallecer, se entera que habían estado usando su sello médico, falsificando su firma y letra para diferentes usos”, expresó Valderrey, subrayando que la profesional llegó a conocer la estafa antes de morir.
A pesar de las alertas tempranas, el nosocomio no inició sumarios administrativos. Por el contrario, la División Recuperación de Prestaciones Realizadas del hospital emitió un documento admitiendo el uso del sello en un «marco de informalidad», justificándolo como una medida para agilizar cobros ante las falencias de la administración. Al respecto, el texto oficial de la institución agrega: “Todo esto se dio en el marco de la informalidad, por cuanto fue consensuado de palabra, razón por la cual no se puede presentar ningún comprobante escrito que acredite la autorización”.
Trabas en la Justicia y sospechas de encubrimiento
La causa judicial ha enfrentado intentos de archivo bajo el argumento de que no se pueden realizar pericias caligráficas sobre una persona fallecida. Sin embargo, la familia afirma poseer abundante documentación original para realizar los cotejos técnicos. Aunque en agosto de 2025 se notificó un archivo, el juez Cosmaro ordenó reabrir la investigación, pero la denunciante acusa una parálisis total: «En los seis meses posteriores jamás tuve ningún tipo de comunicación por parte de la Justicia, ni de la fiscalía para aportar pruebas o declarar”.
Ante la falta de respuestas, la familia de la médica advierte sobre un posible escenario de encubrimiento institucional y exige que se determinen las responsabilidades penales. “Tengo un reconocimiento donde admiten que no tienen ninguna autorización formal por parte de mi madre para manejarse de esta manera”, aseveró Valderrey.
Finalmente, la hija de la profesional concluyó con un reclamo por la transparencia del sistema: “No comprendo por qué cuando mi mamá denuncia ante la dirección del Hospital, que es la línea que correspondía, no se investiga lo que había sucedido… No solamente mi reclamo es por mi mamá, sino también por la estafa a las obras sociales. Quiero realmente saber qué más se hizo con el sello de mi mamá”.
