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Un brusco giro político se vive en Argentina, luego de la amplia derrota del Gobierno de Mauricio Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto. Entre los sacudones económicos y sociales que provoca la crisis, el reordenamiento de las piezas que se disputan el poder coloca nuevamente al peronismo con certeras chances de retomar las riendas de una nación al borde del nocaut.

El espacio oficialista Cambiemos, ahora llamado Juntos por el Cambio, llegó al poder en diciembre de 2015 con la promesa de acabar con ‘la corrupción kirchnerista’ y ‘recuperar las instituciones‘, pero en su período al frente de la Casa Rosada, tanto el presidente como sus funcionarios fueron objeto de una serie de graves denuncias en la Justicia, por presuntamente beneficiar a empresas de la familia del mandatario desde su rol al frente del Ejecutivo.

Esas causas podrían adquirir otro ritmo en los tribunales a partir de octubre, cuando se defina en los comicios generales quién ocupará la Casa Rosada. De hecho, el tenue viento de cambio que reflejó el resultado de las primarias hizo mover recientemente una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno.

1. Correo Argentino

La causa del Correo Argentino es sin dudas la más pesada para el mandatario argentino. La empresa estatal de servicios postales fue concesionada por la familia Macri entre 1997 y 2003, cuando el expresidente Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato, debido a que la firma solo había pagado el canon del primer año. Es decir, al año 2001, le debía a la administración pública más de 296 millones de pesos (en ese tiempo equivalente a dólares por la convertibilidad).

En 2016, ya con Macri en el poder, el Estado firmó un acuerdo «abusivo» en detrimento de las arcas públicas que implicó, según la investigación de la fiscal Gabriela Boquín, la quita de 98,87 % de la deuda. Sideco y Socma, las compañías de la familia del presidente, se ahorrarían más de 4.656 millones de pesos de intereses (unos 84.485.448 dólares). «Ahí me equivoqué», dijo el mandatario al ser consultado por la prensa luego de estallar el escándalo del acuerdo.

El pasado miércoles, la Cámara Federal porteña rechazó un pedido de la defensa de la familia presidencial para cerrar la causa por «falta de acción [en el expediente] por inexistencia de delito». Por el contrario, la Cámara avaló la investigación y ordenó al juez Ariel Lijo que determine si existió una quita abusiva en el acuerdo por la deuda.

La causa se tramita, por un lado, en el fuero Contencioso Administrativo, y por otro, en el fuero penal, en el que el presidente Macri está imputado, aunque aún no fue indagado. Sí compareció ante la Justicia el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad —también imputado— ahora a cargo de la cartera de Defensa.

En julio pasado, los abogados del Correo presentaron un nuevo plan de pago que deberá ser analizado por el Gobierno nacional, con plazo hasta el 3 de septiembre.

2. Peajes

Esta causa involucra nuevamente a una empresa del presidente, y a él, por su rol en el Estado. Es que la compañía Autopistas del Sol (Ausol), del grupo SOCMA, sociedad de la familia Macri, habría sido beneficiada en el proceso de renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte, una autovía de Buenos Aires. Lo que en Argentina se llama figurativamente ‘estar de los dos lados del mostrador‘.

De acuerdo a la denuncia, tres días antes de que Macri asumiera el poder «simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que solo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020».

Simulada o no, ante la amenaza, el gobierno dispuso abonarle a la empresa la suma de 499 millones de dólares a modo de reparación.

Además, apenas asumió Macri aumentó la tarifa de peajes de Ausol entre un 200 y 270 %, dependiendo del horario. Eso hizo que las acciones de la firma aumentaran su valor de 18 pesos a 89. Recién ahí, el grupo familiar del presidente vendió el 7 % de participación accionaria que tenía en la empresa, a un valor de 19,7 millones de dólares.

El fiscal Carlos Stornelli, que lleva adelante varias causas contra exfuncionarios kirchneristas, investiga las supuestas irregularidades bajo la figura de ‘fraude al Estado y negocios incompatibles con la función pública‘.

3. Parques Eólicos

La Justicia federal intenta determinar si el Gobierno de Macri favoreció a las empresas de la familia presidencial para que se quedaran con seis contratos de parques eólicos de la empresa española Isolux Corsan, sin licitación pública, para luego revenderlos por una suma cuatro veces mayor.

Según una investigación de diario Perfil, el grupo formó sociedades anónimas a través de un contador, presuntamente vinculado a las empresas del presidente, Mariano Payaslían, y obtuvo ganancias por casi 50 millones de dólares.

4. Avianca

En marzo de 2017, luego del escándalo por el Correo, el grupo Socma, de la familia Macri, vendió la empresa aeronáutica MacAir Jet por 10 millones de dólares a la colombiana Avianca Holdings, a la que luego le adjudicó rutas, en desmedro de la firma estatal Aerolíneas Argentinas.

En esta causa, en manos del fiscal Jorge Di Lello, Macri y otros funcionarios de su Gobierno fueron imputados por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

De un total de 135 denuncias que involucraron a Macri en la Justicia, 100 fueron desestimadas. Entre ellas aparece el escándalo internacional de los Panama Papers (Papeles de Panamá). La investigación develó la existencia de casi 50 sociedades ‘offshore’ vinculadas a la familia Macri, de las cuales se analizaron dos: Fleg Trading y Kagemusha. En ellas el presidente aparecía como su director, a pesar de no figurar en sus declaraciones juradas.

Pero pocas veces el presidente Macri abordó públicamente las causas abiertas. Una de esas ocasiones fue en marzo de 2017, en una entrevista con el periodista Luis Majul: «Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de [Gustavo] Arribas —ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) involucrado en la causa Odebrecht—, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno, en ninguno, ¿está? Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?», así lo reseña RT.

La empresa de indumentaria más importante de Brasil, Renner, con una facturación anual superior a los 3.000 millones de dólares y con más de 20.000 empleados solo en su territorio, oficinas en Shanghai y siete sucursales en Uruguay, desembarcará a fin de año en la Argentina con cuatro megatiendas en Buenos Aires y Córdoba.

El gigante de la moda brasileña anticipa que llegará con propuestas innovadoras en materia de moda y a costos «sumamente competitivos», con una inversión de 2,3 millones de dólares por tienda.

Desde el cuartel central de Renner en Porto Alegre, el CEO de la compañía, Fabio Faccio, aclaró que las decisiones de invertir en la Argentina no dependen de factores coyunturales sino de una política de expansión pensada detallada y prudentemente, no obstante los vaivenes de alguna economía local.

Fabio Faccio dijo «en Brasil también tuvimos devaluaciones, inflación, hiperinflación. Y superamos eso», así lo reseña Télam.

Este martes, el intendente Carlos Linares encabezó un encuentro con empresarios comodorenses, con el objetivo de analizar la situación de los distintos frentes de obra en nuestra ciudad. “La mejor manera de lograr el Comodoro que todos queremos es trabajando en conjunto y de forma transparente”, indicó.

En esta oportunidad, acompañaron al intendente el secretario de Gobierno y Función Pública, Ricardo Gaitán; el titular de la cartera de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Luis Romero; el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfister; la responsable de la Secretaría Privada, Liliana Peralta; el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Sartori; y el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Othar Macharashvili.

Al respecto, Linares expresó que “este tipo de reuniones se llevan a cabo periódicamente, con el fin de detallar los avances de las distintas obras, realizar un análisis concreto respecto al tiempo de ejecución de las mismas y observar los inconvenientes que podrían suceder para solucionarlos con anticipación y evitar que se generen contratiempos”.

Del mismo modo, sostuvo que otro de los temas que motivaron este encuentro fue la redeterminación de precios. En este sentido, el mandatario municipal sostuvo que “esto también nos preocupa por una cuestión financiera de las empresas locales, porque pretendemos que las empresas de Comodoro Rivadavia sean solventes y no atraviesen problemas debido a los desniveles económicos”.

Por otro lado, el intendente destacó el trabajo mancomunado con las distintas partes al manifestar que “así como exigimos calidad y que la obra salga en tiempo y forma, nosotros debemos acompañar a las empresas en su tarea diaria; por este motivo, mantenemos el diálogo no sólo con los empresarios, sino también con referentes de la UOCRA”.

“Esta es la forma de trabajar de la Municipalidad, que las gestiones sean públicas y transparentes, de cara a los vecinos, a los empresarios y a los trabajadores, por eso consideramos que nos debemos cuidar entre todos y mantenemos abiertas las puertas del Municipio para destrabar cualquier conflicto que pueda interrumpir el paquete de obras destinado a este año y al 2020”, concluyó Linares.

 

 

Ocho proyectos productivos que tienen como fin establecerse en el puerto de la ciudad fueron presentados al Concejo Deliberante para su aprobación.

El secretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Municipio de Rawson, Federico Ercoli, señaló que en estas últimas tres semanas fueron ocho los proyectos presentados al Concejo Deliberante referidos a la radicación de obras y empresas en el Puerto con el fin de avanzar en la generación de mano de obra y la infraestructura necesaria que equipare el crecimiento de la producción.

“Se está avanzando para que se radiquen algunas empresas que generen trabajo en la zona del Puerto de Rawson, incluso ya mandamos proyectos de ordenanzas al Concejo Deliberante que consisten en la venta de lotes para emprendimientos productivos, por lo que me sorprendió ver las declaraciones del edil de Cambiemos, Dulio Monti, porque quizás aún no leyó los proyectos, pero la realidad es que estamos a la espera de que ellos nos den el visto bueno para seguir avanzando”, comentó Ercoli y añadió que “el nuestro es un puerto que está creciendo y la infraestructura está atrasada, y producto de ese crecimiento hay una alta demanda de parte de empresas locales y de afuera para poder radicarse ahí, pero necesitamos contar con la aprobación del Concejo Deliberante”.

Ercoli especificó que lo que exigen a las empresas para el otorgamiento de los lotes es que sean emprendimientos y proyectos productivos que beneficien a la comunidad y al desarrollo productivo de Rawson.

“Si los concejales las tratan y las aprueban, estas ordenanzas se van a convertir en obras y en empresas que generen mano de obra, y en infraestructura necesaria en el puerto. Vamos a tener la posibilidad de tener nuevas empresas o ampliaciones de empresas locales. Hay una ampliación de Iberpesca, por ejemplo. Empresas locales que han presentado y algunas de afuera que quieren radicarse y montar plantas de diferente tipo, algunas más artesanales y otras más industrializadas”, finalizó Ercoli.

El viceintendente Juan Pablo Luque anunció en conferencia de prensa la realización de un encuentro sobre medición de impacto para empresas y el desarrollo de una economía más humana y sostenible. El mismo, tendrá lugar este jueves, desde las 18:00, en instalaciones del CEPTur, con la organización de la Comunidad B Patagonia y un fuerte acompañamiento del Municipio.

En ese contexto, el viceintendente señaló que “desde nuestro punto de vista, Comodoro Rivadavia es una ciudad ideal para trabajar este tipo de cuestiones, dada su industrialización y su nivel de producción. El año pasado llevamos adelante un primer evento sobre esta temática novedosa y contó con una concurrencia muy importante de público”.

Continuando en esa línea, sostuvo que “las empresas B marcan la tónica de que no sólo son unidades económicas que además generan fuentes de trabajo, sino que también tenemos el desafío de hacerlas amigables con el medio ambiente y con la sociedad, que es algo que planteamos desde nuestra gestión”.

En ese sentido, recalcó que “desde el Concejo Deliberante se está trabajando en un proyecto de ordenanza para impulsar este tipo de acciones, ya que estamos ante una oportunidad importantísima para la ciudad y también para la región”.

“En su momento, sancionamos la ordenanza de Responsabilidad Social Empresaria, que tiene que ver justamente con amigar a la sociedad con las empresas y no ver a éstas como enemigas. Debemos defenderlas, porque eso significa defender puestos laborales, generar empleo y brindar dignidad a nuestra comunidad”, concluyó Luque.

“Las empresas B buscan un desarrollo económico amigable con el planeta”

Por su parte, la referente de Comunidad B Patagonia, Verónica Galardi, explicó que “las empresas B son aquellas que, además de tener su foco en ganar dinero, tienen un triple impacto, destacando al medio ambiente y a las personas. Su objetivo es generar un desarrollo económico más amigable con el planeta”.

Asimismo, indicó que “este movimiento comenzó en el año 2006, en Estados Unidos y en 2017 nació Comunidad B Patagonia, algo innovador para la región. Estamos muy contentos con el acompañamiento que nos está brindando la Municipalidad para trabajar en esta transformación”.

Es debido a la numerosa cantidad de personas con Discapacidad usuarias de los medios de transporte que tienen dificultad para hacer uso de sus derechos.

La Municipalidad de Rawson a través de la Dirección de Discapacidad, mantuvo un encuentro con autoridades provinciales y nacionales a fin de tratar la problemática que presentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a su derecho de transporte público gratuito.

El Director de Discapacidad Municipal, Jorge Dorado, se reunió con la Defensora del Pueblo de la Nación Dra. Sandra Riquelme, el Defensor del Pueblo, Dr. Héctor Omar Simionatti y el Subsecretario de Autotransporte Terrestre Provincial, Gustavo Pinchulef, donde se planteó que en reiteradas ocasiones diferentes empresas de transporte de pasajeros que circulan por la ciudad capital no respetan la resolución vigente que les permite a las personas con discapacidad viajar sin acompañante en forma gratuita, aunque su certificado de discapacidad así lo indique.

Ante esta problemática, Dorado comentó que “desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se enviaron nuevos criterios de acompañamiento para personas con discapacidad, lo cual incluyó la confección de una nueva resolución aclaratoria que supuso además la modificación de los certificados de discapacidad del año en curso (2019) que deberán incluir la siguiente leyenda: En los casos que se indique SI, el titular del CUD podrá optar entre viajar solo o acompañado».

En este sentido, el funcionario municipal indicó que “desde la Defensoría del Pueblo de Nación y desde la Provincial se comprometieron a asesorar a la población que siga presentando problemas, mientras que la Subsecretaría de Autotransporte notificará a las empresas prestatarias de servicios“.

Comunicación Oficial

La Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut comunicó mediante nota a las empresas de transporte interurbano y a las Direcciones municipales de transporte público de pasajeros que “EN CASO DE QUE EL CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD INDIQUE SI, EL TITULAR DEL CUD PODRA OPTAR ENTRE VIAJAR SOLO O ACOMPAÑADO”.

Criterios para la Indicación de un Acompañante en el uso de Transporte Público Terrestre de Corta, Media y Larga Distancia.

Una vez que la Junta Evaluadora Interviniente ha concluido que al solicitante le corresponde el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, debe aplicar el siguiente criterio para determinar si corresponde consignar Acompañante:

El acompañante solo será indicado a aquellas personas con discapacidad cuyo desempeño se encuentre moderadamente afectado por limitaciones en la movilidad y/o comprensión y/o conductas que dificulten el ascenso/descenso y/o permanencia en el transporte público de pasajeros.

Características del acompañante

  • Es la persona que actúa como apoyo para facilitar el desempeño de la persona con iscapacidad en el uso de transporte público, para fomentar su vida independiente, promoviendo su autonomía personal.
  • El acompañante indicado en el Certificado Único de Discapacidad no cumple ninguna función de índole legal.
  • El beneficio de gratuidad en el transporte público es un derecho instituido a favor de la persona con discapacidad, es la misma la que debe decidir si hace uso o no del apoyo del acompañante, respetándose su autodeterminación.
  • En aquellos caso en el que el Certificado Único de Discapacidad indique acompañante, su presencia no es obligatoria ni puede constituir una condición para que la persona con discapacidad pueda acceder al transporte público en forma gratuita, ya que la discapacidad es un concepto dinámico por el cual la persona puede variar su perfil de funcionamiento a lo largo de la vida.

La AFIP autorizó el ajuste por inflación para el pago del impuesto a las Ganancias de los balances financieros anuales de las empresas cerrados en abril último, luego de que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado arrojara una suba del 55,8% según la medición publicada por el Indec.

Lo hizo a través de la resolución general 4483/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que los estados contables correspondientes a ejercicios anuales o de períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 inclusive, deberán expresarse en moneda de poder adquisitivo de cierre.

La semana pasada, el administrador federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, anticipó que las empresas que cierren sus balances contables en abril y mayo «seguramente» aplicarán el ajuste por inflación sobre sus resultados, con lo cual pagarán menos Ganancias.

La legislación precisa que las empresas pueden ajustar sus balances por inflación, cuando el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supera el 55% anual, y ayer se conoció el nuevo IPC que arrojó una suba de 55,8%, superando por primera vez el umbral fijado.

De continuar la tendencia actual, el ajuste por inflación podrá ser aplicado también por las empresas de seguros, sector que cierra sus balances en junio de cada año.

 

 

Grupo La Provincia

En una sesión especial, y con ayuda de los bloques del Frente Renovador y de Argentina Federal, Cambiemos logró convertir en ley la reforma de la ley electoral, que habilita las contribuciones de las empresas a los partidos políticos, con un tope por empresa del 2 % del total permitido por la Justicia para cada campaña.

Tal como se preveía, la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió apoyó en general, pero votó en contra del artículo 4 que legaliza las contribuciones de personas jurídicas. Con 147 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo logró su objetivo de contar con la reforma electoral para que esté vigente en el proceso de este año.

La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria cuestionó el proyecto al plantear que «es ajeno a la función social de las personas jurídicas financiar a partidos políticos, en tanto que su finalidad es el lucro y al aportar al financiamiento de la vida política es lógico que pretendan una contraprestación a cambio». Además indicó que se trata de una iniciativa «hecha a medida de Cambiemos», para «solucionar sus problemas legales», como el que salió a la luz con la polémica por supuestos «aportantes truchos» en la campaña 2017.

El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa que, en sus palabras, «restablece el financiamiento mixto de los partidos», «evita la informalidad» al prohibir las donaciones anónimas, y le devuelve a «los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario» de las agrupaciones políticas.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados salió al cruce de las críticas sobre una supuesta «privatización de la política», como sostuvieron el FpV y la izquierda, y dijo que ese tipo de argumentos «esconden una hipocresía» porque en los hechos las empresas siempre «terminan contribuyendo a las campañas». «Sólo que en lugar de hacerlo en nombre de las empresas de las que se trate, lo hace en nombre de 10 o 15 gerentes o funcionarios de las empresas, y nos parece mucho más transparente que sepamos qué empresa contribuye y no personas cuyos nombres no sabemos a qué corresponde», evaluó.

El radical Diego Mestre, titular de la comisión de Justicia, subrayó que la iniciativa consolida la «trazabilidad» de los aportes electorales, que supone un seguimiento estricto transparente de «quién aporta, cómo aporta, hacia dónde va y cómo se usan esos fondos». Por su parte, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, respaldó el proyecto que en el Senado había contado con el apoyo de la bancada justicialista, y dijo que no ve «el escándalo que se planteó de parte de algunos discursos».

La diputada massista ponderó «la trazabilidad» que garantizaría el nuevo marco legal, y justificó su punto de vista: «Si alguna empresa eléctrica financia la campaña de Cambiemos, yo lo quiero saber, porque allí se explicarían los tarifazos y demás».

En contra del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías «debe ser absoluta», y opinó que «el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado».

En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como «el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas». «Las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos con más posibilidades electorales y aquellos partidos que tienen líneas argumentales pro-empresa. Eso produce un desequilibrio. El financiamiento estatal, en cambio, genera una mayor equidad, porque no hace una diferencia entre partidos pro-obreros y los partidos que defienden a las empresas», agregó.

La reforma aprobada este miércoles también disminuye del 10 al 5 por ciento el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.

Este punto genera especial discordia en la izquierda, con menos espalda para comprar espacios de publicidad de medios tradicionales. La diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) repudió el proyecto al sostener que pese a que se viste de «transparencia, huele peor que el Riachuelo» porque «va a blanquear el financiamiento corrupto que antes se hacía a escondidas».

 

 

Pagina 12

El Ejecutivo nacional dictó la conciliación obligatoria que fue acatada por el sector petrolero de Chubut. Hoy habrá una cumbre para intentar destrabar las deudas que mantienen las empresas con los trabajadores por el pago de horas extras.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Avila, y su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, explicaron los alcances de la resolución ministerial y luego de su puesta a consideración por parte de las bases, que derivó en el acatamiento por amplia mayoría.

«Hemos acatado la conciliación obligatoria. Lo que sí, los trabajadores han decidido presentar la carpeta de quienes hacen horas extra, hay 3.800 empleados que han decidido no hacerlas hasta que la industria no pague la deuda que tiene, y nosotros contra eso no podemos hacer nada», expresó Avila.

El líder sindical resaltó que los trabajadores «han decidido no hacer horas extras», principalmente por considerar que las empresas les deben plata y no están ajustando el índice inflacionario en lo que va del año.

Avila ironizó que el Gobierno nacional «nos está aplicando una Conciliación a nosotros sin tener un conflicto, porque hoy no tenemos ninguno».

En este escenario, el dirigente petrolero cuestionó que si el Gobierno nacional aplica la conciliación obligatoria a los trabajadores, también debería activar la misma medida con las empresas «por incumplir con el pago de horas extras».

Respetan el convenio

Asimismo, aseguró que «se trabaja 8 horas normales. No hay horas extras, no hay trabajo a reglamento. Las 8 horas normales están dentro de la Ley, de la Constitución. Nosotros no estamos cometiendo ningún delito». «Lo que los trabajadores han hecho con estas 3.800 firmas, es decir que no van a hacer más horas extras hasta que no les paguen lo que les deben», sentenció Avila.

«Sería muy de hipócritas que el Gobierno nos dicte una conciliación sin haber un conflicto y que lleguemos y no tengan resuelto, por lo menos, qué es lo que van a hacer o cómo van a llegar a aplicar una solución a este conflicto. La verdad que sería muy injusto llegar a esos términos», concluyó.

 

 

El Chubut

La destrucción de Precios Cuidados muestra lo que ocurre desde que Macri es presidente. Para burlar el programa sobresalieron el reemplazo de productos, algunos de los cuales luego volvieron al listado mucho más caros, y la incorporación de segundas y terceras marcas, poco consumidas en el mercado.

El programa Precios Cuidados es una de las pocas políticas públicas implementadas durante el kirchnerismo que el gobierno de Mauricio Macri decidió mantener, incluso preservando su nombre. Sin embargo, las modificaciones introducidas en el listado de productos y la falta de controles para garantizar su cumplimiento lo terminaron convirtiendo casi en una herramienta decorativa. Un informe de CEPA advierte que entre las estrategias escogidas por las empresas para eludir el programa, con el aval oficial, sobresalieron el reemplazo permanentemente de productos, algunos de los cuales luego volvieron al listado con precios sustancialmente más caros, y la incorporación de segundas y terceras marcas, poco consumidas en el mercado y que ya no operan como precios de referencia dentro de las distintas categorías.

CEPA detalla que solo el 8,9 por ciento de los productos incluidos en la lista de bienes acordada en 2016 se mantuvo hasta comienzos de este año. “El reemplazo de productos tiene un efecto concreto: cuando salen del Programa aumentan sensiblemente de precio. Y cuando reingresan, lo hacen con los aumentos incorporados”, advierte el informe difundido horas después de los anuncios oficiales sobre un nuevo congelamiento de 64 bienes de la canasta básica por seis meses.

Un ejemplo citado en el informe son los pañales Huggies Classic de Kimberly Clarck, que en octubre de 2018 reingresaron al Programa (aunque no en todos los talles). Si se toma como base de comparación el talle G, en octubre de 2015 el precio por 52 unidades era de 121 pesos (2,32 pesos por unidad) y en septiembre de 2018 al reingresar el precio por 22 unidades es de 115,27 pesos (5,23 pesos por unidad). En total el incremento es de 125 por ciento. Además, ese producto aumentó otro 70 por ciento su precio entre septiembre de 2018 y hoy. Otro caso lo constituye el aceite Cada Día de AGD por 900 cc que costaba 9,10 pesos en octubre de 2015 y reingresó en septiembre de 2018 con un precio de 48,40 pesos, con un incremento total de 431 por ciento.

Respecto del aumento de precios de productos una vez que salen del Programa, el aceite cocinero de 900 ml. costaba en abril de 2016, cuando salió del Programa, 12,22 pesos y en la actualidad vale 66,35 pesos, 443 por ciento más en un periodo donde la inflación se estimó en 145 por ciento.

Durante el kirchnerismo, Precios Cuidados buscó limitar el margen de acción de las empresas formadoras de precios en el mercado de consumo masivo. El acuerdo de precios alcanzaba a productos de primeras y segundas marcas porque el objetivo era oficiar como precios de referencia en las distintas alternativas de consumo, teniendo efecto por lo tanto sobre el resto de los precios de los productos de la competencia: si un producto representativo de una determinada categoría tenía un aumento de precios trimestral ubicado entre 2 y 3 por ciento, difícilmente otros productos y marcas, fuera del acuerdo, por encima de ese valor. Sin embargo, el Gobierno modificó de raíz este funcionamiento habilitando la salida de los principales productos de distintos segmentos de consumo.

En la línea de lácteos desde mayo de 2016 ya no están las dos principales marcas del rubro -La Serenísima y SanCor, que representan el 80 por ciento del mercado lácteo- en lo que refiere a la leche en sachet. Lo que hizo Mastellone fue reemplazar La Serenísima por la segunda marca denominada La Armonía y en los últimos meses dejó de abastecer el mercado con esa segunda marca frente a la pasividad absoluta del gobierno. La empresa llenó las góndolas de leche La Serenísima que oscila entre, 42,50 y 45 pesos según el comercio, y el ministro de Producción, Dante Sica, ni su secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, ni siquiera hicieron una declaración advirtiendo a la empresa por ese tema. En el nuevo “pacto de caballeros” anunciado este miércoles 17 Mastellone dobló la apuesta porque ya no ofrece ni siquiera la segunda marca sino su tercera leche, llamada La Martona.

Lo mismo ocurrió con la Coca-Cola de litro y medio, que representa un 70 por ciento del volumen de ventas de la línea Coca-Cola. El producto formaba parte de Precios Cuidados y en mayo de 2017 fue reemplazado por Coca-Cola Zero, que representa solamente el 10 por ciento del volumen de ventas de la empresa.

Estas estrategias se complementaron con diversos mecanismos destinados también a incumplir el acuerdo como directamente la ausencia de productos en las góndolas, la falta o poca visibilidad de la cartelería, y la presentación de productos similares que no son parte del programa a precios superiores. En este último caso, el producto suele presentar alguna “característica” particular que lo diferencia del bien acordado y que es difícil de percibir por el consumidor.

 

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