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Según una denuncia difundida en el sitio del periodista Horacio Verbitsky, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla investiga al fiscal Carlos Stornelli por la presunta extorsión mediante el cobro de coimas para evitar involucrar en la causa de los cuadernos al empresario Pedro Etchebest.

Aparece señalado como «intermediario» el abogado Marcelo D’Alessio, a quien identifican como un letrado cercano al fiscal. Verbitsky consignó que D’Alessio habría pedido al productor agropecuario Pedro Etchebest la presunta suma de 500 mil dólares a cambio de que no se investigara su presunta participación en la causa judicial. Según informó el periodista en el sitio El Cohete a la Luna, el arrepentido expresidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo, habría apuntado a Etchebest como recaudador “entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios” de la entonces Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Para que no se le investigara debería abonar medio millón de dólares. Según publicó Verbitsky, al final, acordaron que Etchebest le pagaría 300 mil a D’Alessio, que debía cobrar el monto el pasado jueves 7, acompañado por dos policías de la custodia de Stornelli

“Un allanamiento realizado el miércoles al domicilio de D’Alessio lo puso sobre alerta y no concurrió. Pero un adelanto de 15.000 dólares quedó documentado con audios, filmaciones, fotografías y numeración de los billetes”, indicó el periodista. En la nota, se remarca que el abogado es sobrino de Carlos Marcelo D’Alessio, el escribano general de gobierno.

Consultado por PERFIL sobre su investigación, Verbitsky detalló: “Se reunieron en Pinamar, en el balneario CR. Stornelli estaba en una mesa con D’Alessio y Gustavo Sáenz y Etchebest en la de al lado, desde dónde los fotografió. También está el whatsapp en el que D’Alessio le pide que se sume a la mesa con ellos. Y los varios diálogos al respecto entre D’Alessio y Etchebest”.

No obstante, indicó que no formaba parte del pacto mencionar a la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, como se mencionó en algunos portales. “Esta es una transacción comercial”, resumió el periodista. Asimismo, el periodista cuestionó a Stornelli a quien acusó de llevar a cabo prácticas extorsivas de forma habitual: “D’Alessio cuenta que es una práctica corriente en la fiscalía. Y menciona el caso del valijero cantor Fariña (del que es abogado defensor, pagado por Patricia Bullrich) que era alimentado por la AFI para hacer acusaciones, en algunos casos para detener personas, en otros para sacarles plata”.

 

perfil.com

El funcionario judicial que interviene en el caso de los Cuadernos se refirió a una investigación en su contra que instruye un integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró que es víctima de una «operación política berreta» en su contra al ser consultado sobre una denuncia publicada en un blog.

De acuerdo al artículo, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla investiga una denuncia contra Stornelli por una presunta extorsión para evitar involucrar en la causa de los cuadernos al empresario Pedro Etchebest. Se señala como intermediario de la maniobra a Marcelo D’Alessio, a quien identifican como un abogado cercano al fiscal y representante de la DEA en Buenos Aires.

«D’Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. No sé a qué responde todo esto. El denunciante es una persona que no conozco y que ni siquiera está nombrada en la causa de los cuadernos», explicó Stornelli en diálogo con radio Mitre.

Y agregó: «Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los Cuadernos».

D’Alessio también descartó de plano la versión. Negó nexos con Stornelli y con la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico, y contó que simuló el cobro de una coima como parte de una investigación para determinar dónde se encuentra el dinero negro vinculado a hechos de corrupción.

«Se le pidió el dinero para ver de dónde sale. No es lo mismo que diga que lo tiene en una caja de seguridad, que lo tiene en un banco de Estados Unidos o que lo tiene escondido en tal lugar. Fue una técnica que utilicé para saber la verdad. A mí me obsesiona saber dónde está el dinero que está faltando», explicó.

La denuncia por extorsión, que fue difundida en el blog del ex jefe de inteligencia de Montoneros Horacio Verbitsky, podría tener detrás una trama política. Al menos eso es lo que sospecha Elisa Carrió, quien aseguró que el magistrado Alejo Ramos Padilla responde a la agrupación La Cámpora.

Por lo pronto, Ramos Padilla es integrante y defensor público de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Participó en varias movilizaciones junto a otros jueces y fiscales que forman parte de la organización que integran la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y el polémico Enrique Senestrari, entre otros.

En sus antecedentes, acumula varias decisiones que generaron polémica. Por ejemplo, en Bahía Blanca fue denunciado por el magistrado que lo sucedió en el Juzgado Federal N° 1 por haber «dormido» una causa contra el empresario patagónico Lázaro Báez.

Alejo Ramos Padilla fue además el magistrado que frenó el nombramiento realizado por Mauricio Macri en el inicio de su gestión de los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz -hoy presidente del tribunal- y Horacio Rosatti.

A mediados del año pasado se volvió a enfrentar con la administración nacional al hacer lugar a una medida cautelar que ordenaba al Enargas que se abstuviera de cortarles el suministro de gas a las personas que no hayan pagado la factura.

El pasado de Ramos Padilla generó la desconfianza de Stornelli, que este viernes recordó que al magistrado se lo pudo ver abrazado en diferentes actos a dirigentes vinculados al gobierno anterior. «Yo sé de dónde viene esto, lo voy a denunciar, pero por ahora no lo puedo decir», adelantó.

Infobae

El fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, inició en las últimas horas un legajo de investigación en relación al caso de la presunta “violación en manada” ocurrida en 2012 en Playa Unión, que en los últimos días fue denunciada por la víctima a través de las redes sociales. Según publica Diario Jornada, en su edición del viernes, el fiscal Rivarola logró identificar a la joven denunciante y verificar lo publicado en las redes sociales, y luego de ello dio inicio al legajo que estará supeditado ahora a una conversación con la víctima o con sus padres (o con ambos) para poner a disposición el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) para luego ver si quieren formalizar la denuncia.

Detalles

Hasta ayer, la Justicia de Chubut aguardaba una presentación formal de parte de la víctima de este caso de abuso sexual ocurrido en el balneario capitalino en el año 2012 y que por estos días tomó estado público a partir de publicaciones que se viralizaron en las redes sociales.

Más allá de la apertura del legajo, un paso importante para avanzar en la dilucidación del hecho, recién luego del contacto formal con la víctima se podrá avanzar en la investigación del caso.

El hecho se ha replicado en los últimos días a través del hashtag #LaManadaDeChubut. La publicación tiene como base el relato en primera persona de una joven que dice haber sufrido un abuso colectivo de parte de un grupo de varones en un encuentro realizado en septiembre de 2012 en una vivienda particular de la villa balnearia capitalina, en el marco de los tradicionales festejos por la Semana del Estudiante.

La denunciante, que en ese momento vivía en Puerto Madryn y tenía 16 años, incluyó en su acusación pública el nombre y apellido de todos los involucrados, y hasta incluye fotografías de los seis implicados, la mayoría de apellidos muy reconocidos en Trelew y Puerto Madryn. Por cuestiones legales y hasta que haya una denuncia formal, los medios están impedidos de reproducir los nombres de los acusados y de la víctima.

El relato que se viralizó tras ser copiado y pegado por miles de cuentas particulares de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, da cuenta de la violación en Playa Unión pero también de un intento de suicidio en Puerto Madryn como consecuencia del shock que le causó el brutal ataque, en donde además habría sido atendida bajo el protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual.

En la publicación también se denuncian otros episodios de hostigamiento y coerción a la víctima para que no denuncie el hecho por aquellos años. La joven relata que más allá de estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, hoy se siente contenida y dispuesta a contar lo ocurrido.

Posibilidad de accionar

El procurador general Jorge Miquelarena indicó ayer a Jornada que aún después de varios años las víctimas de hechos de abuso igualmente pueden denunciar lo ocurrido. “Tiene que haber una denuncia, no por las redes. La legislación prioriza el tema de la intimidad de la víctima, con excepción de que fuera una víctima menor de edad y denuncie otra persona, pero no sería el caso”, dijo Miquelarena.

Según relata la víctima, el hecho ocurrió hace seis años cuando ella tenía 16. Es decir, era menor al momento de la violación pero ahora tendría 22 años. Para la Justicia, la edad que cuenta en este caso es la de la víctima a la edad en que denuncia.

Tiempo

En cuanto al tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho, el procurador dijo que “no sería impedimento. Es más, es hasta común que se tomen tiempo para poder denunciarlo. Pero el impulso de la denuncia lo tienen que dar ellos, si no no podemos intervenir de oficio”, aclaró.

Se puede

“Con gusto lo investigaremos, pero tienen que venir a hacer la denuncia”, reiteró el titular del Ministerio Público Fiscal de Chubut.
De acuerdo a la legislación vigente la denuncia puede ser radicada por la víctima, o bien un tutor, guardador o representante legal.

Noticias PMY

Uno de los fiscales de la causa “Revelación”, Héctor Iturrioz, lamentó la falta de acompañamiento de la sociedad en la investigación. “Todos saben cosas, pero a la hora de declarar no quieren presentarse”, manifestó.

La causa “Revelación” fue la segunda en tomar estado público en relación a hechos de corrupción en el Gobierno provincial y en la que el Ministerio Público Fiscal del Chubut trabaja tras la creación de una unidad especial para tal fin. La misma está a cargo de Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli.

Al respecto de la causa, el fiscal Iturrioz cuestionó que “hay poca responsabilidad social para que estos temas se aclaren. Debo decir que la sociedad no acompañó en estas denuncias. Todo el mundo decía saber cosas y por eso temí una catarata de presentación de testigos”, reconoció.

“Pero no fue así, al contrario. Por ejemplo, hubo un testigo que decía por las redes que la investigación era un circo. Cuando pudimos lograr que declare, con el apoyo de la Policía, terminó aportando datos relevantes sobre las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre un ex funcionario”, añadió por otra parte.

“La presentación de testigos que puedan aportar hasta el más mínimo dato, resulta por demás importante para la continuidad de la investigación de la causa y dar definitivamente con sus responsables”, añadió en este sentido.

Remarcó que lo que se investiga “son delitos contra el Estado. Esto es, contra los ciudadanos. Y es por eso que desenredar una larga y compleja madeja de movimientos ilegales, pagos de retornos y una cantidad importante de ilícitos requiere no solo del trabajo de la Justicia sino también del compromiso de la sociedad toda”.

“Hasta el momento esto último no se dio, al menos como se esperaba. Y lo que es peor: como se pregonaba”, remarcó.

El fiscal Iturrioz sostuvo que sólo los empresarios Federico Piccione y Pablo Bastidas podrían tener condenas de cumplimiento efectivo y alcanzaría los tres años porque ambos siguen imputados por integrar una asociación ilícita en las causas que investigan corrupción y las fuentes de la caja negra de la política en Chubut.

Pero reiteró que “la sociedad no nos acompañó” en reforzar cada una de las denuncias para ampliar la investigación. “Pensamos que íbamos a tener un aluvión de testigos pero esto no ocurrió. Tampoco nos ayudaron los querellantes”, expresó.

Iturrioz aseguró que “todos sabían” sobre este entramado de corrupción. “No sólo que nadie hizo una denuncia, sino que no vino ni un solo testigo. Pensé que iban a venir en avalancha, voluntariamente pero a muchos tuvimos que traerlos con situación policial. Estamos absolutamente solos”, lamentó.

“La sociedad que tanto demanda, no colabora en nada. Y esto nos apena porque los delitos contra el Estado son graves y su resolución nos debe involucrar a todos. Critican desde la casa con un Nick falso. No sea cosa que los identifiquemos y los traigamos a declarar. Es duro pero es así. Se esconden, hay que decirlo”, sentenció.

Por otra parte, recordó que cuando comenzó su trabajo en la Unidad Anticorrupción “vi que había muchísima gente que sabía cómo era esto. O por lo menos que decía que sabía. Creí que inmediatamente iba a haber una catarata de testigos presentándose voluntariamente para declarar en la Fiscalía”.

“Hasta el día de hoy muchos dicen ‘yo sé esto, yo sé aquello’. A mi colega Marcos Nápoli le dije que mínimo vamos a tener unos diez testigos por día. Pero no se presentó nadie. Todos sabían pero nadie se presentó, ni hubieron testigos”, se lamentó.

Agregó que “en la causa hay un centenar de testigos, casi todos se mostraron reticentes a dar su testimonio y en algunos casos hubo que apelar a la fuerza policial para que vengan a declarar”.

Iturrioz se refirió también a la situación particular de un testigo. “Tuvimos la experiencia particular y muy desagradable con un testigo que no se presentaba a pesar de las reiteradas citaciones. Decía en las redes sociales que todo era un circo. Pero resulta que él mismo era el responsable de aportar la información que necesitábamos, porque tenía datos sumamente relevantes sobre el enriquecimiento ilícito de Gonzalo Carpintero”, reveló.

“El trabajo de convocarlo demandó varios meses, hasta que finalmente pudimos traerlo para que declare. Esa es la responsabilidad social. Por eso veo las críticas en las redes sociales y me parece que no tienen ningún sentido. Es una mera declamación. Critico cómodo desde mi casa, pero al momento de los testimonios no sé nada. Porque todos saben pero ante los fiscales no hubo un solo testigo que se viniera a presentar. Por eso digo que no hay responsabilidad social”, concluyó.

Prensa Ministerio Público Fiscal

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había sobreseído a Fernando Luis Rivarola, junto a su par, la fiscal María Bottini, al comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, en una causa de espionaje ilegal a vecinos y dirigentes de Esquel.

Sin embargo, un año más tarde la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, desechó el fallo chubutense y dispuso que el cuarteto en cuestión debía seguir siendo investigado por sus vínculos con el espionaje interno.

Hasta entonces los cuatro habían quedado desvinculados, y sólo seguía involucrado el agente de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), cuya identidad tiene las iniciales D. C. G., que habría espiado al grupo denunciante que abarcaba a dirigentes, periodistas y militantes por el No a la mina.

En febrero de 2017 el juez federal de Esquel, Guido Otranto, había escrito 64 páginas para explicar las razones por las que acusaba a fiscales y policías de haberse relacionado de manera prohibida con el integrante de la AFI, dependiente de la delegación Trelew, que actuó de manera ilegal en la zona cordillerana.

La causa se inició por una denuncia en el Juzgado Federal de Esquel el 31 de agosto de 2015, por los propios Rivarola y Bottini, además de su colega Fernanda Révori que luego fue apartada de la causa. Los fiscales estaban a cargo de investigar la ocupación de un predio de la Compañía Tierras del Sud Argentino, en la zona de Leleque.

En ese marco, el 28 de mayo de 2015, la sede del Ministerio Público Fiscal de Esquel fue escenario de una reunión entre los fiscales Rivarola y Bottini con una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la AFI.

El agente manifestó a los fiscales que desde hacía más de un año trabajaba con el grupo mapuche que había realizado la ocupación territorial, y ofreció aportar información para identificar a esas personas.

Los fiscales aceptaron el ofrecimiento, y descargaron el disco externo del espía a la computadora del fiscal Rivarola. En junio esa información fue entregada en un “pendrive” a la defensora pública Paola Bagnato, y el 28 de agosto tomó estado público cuando el defensor público Fernando Radziwilowski, durante una audiencia, hizo referencia a su contenido.

El juez consideró comprobado que el espía llegó a la región cordillerana el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque (marzo de 2015), y se involucró activamente en la investigación de la Brigada de Esquel.

El espía fue al lugar y fotografió a las personas que ocupaban el predio, y a otras que fueron en el momento en que la Policía intentaba identificarlos; tomó datos de los vehículos; realizó averiguaciones para identificar a todas estas personas; se comunicó con el teléfono que usarían los ocupantes del predio y hasta obtuvo la titularidad de los celulares, identificando de ese modo a una mujer relacionada al movimiento “No a la mina”.

El Patagónico

El juez de garantías Fabio Monti abrió la investigación judicial y dictó la prisión preventiva por el plazo de siete días para el autor del crimen, Angel Rodríguez.

En audiencia de control de detención, el juez Fabio Monti, resolvió formalizar la apertura de investigación conforme el hecho relatado y la calificación provisoria legal escogida por el Ministerio Público Fiscal por el plazo legal previsto en el CPP. A su vez, ordeno dar intervención al cuerpo médico forense a fin de examinar a Rodríguez y determine las lesiones que se encuentran en su cuerpo y las formas de producción. Además la requisa vehicular del rodado marca VW color rojo que se encuentra en puesto policial 625 a fin de proceder al secuestro de cuchillos y que personal de Criminalística proceda al levantamiento de toma de muestras de presuntas manchas hemáticas y de combustible. Y por último, pidió a las partes para que produzcan la mayor cantidad de pruebas posibles para esclarecer el caso.

El Hecho.

El crimen se produjo el lunes 19 de noviembre, aproximadamente a las 00:20 hs. como consecuencia de una reyerta, muere Leonardo Souto y Ricardo Triviño recibe heridas punzo cortantes. Las lesiones fueron de carácter grave conforme informe del médico forense. Leonardo Souto recibió tres heridas punzo cortantes que le provocaron la muerte. La calificación provisoria solicitada por el fiscal Osvaldo Heiber fue de homicidio simple en concurso real con lesiones graves en carácter de presunto autor, además solicitó prisión preventiva y dejo planteado los riesgos procesales. El fiscal general Osvaldo Heiber expuso que existe probabilidad de autoría por testimonios, peligro de fuga, peligro de entorpecimiento, por lo tanto requiere en principio un mes de prisión preventiva, no hay medida sustitutiva que neutralicen los peligros procesales.

Por otra parte el defensor Fabian Gabalachis, refiere al breve lapso del suceso, no se opone a la apertura de investigación y agrega que hay individuos que viene hostigando a mi defendido. Adelanta como materia probatoria, las numerosas denuncias contra estas personas. La entrevista de la mujer de Rodríguez y testigos coinciden que esta gente vino armada, ingresó a su domicilio, en el cual se encontraban cuatro de sus hijos. El imputado resistió y reaccionó. La probabilidad de autoría podría estar contrarrestada por una causa de justificación. Además veo razonable que exista una morigeración y solicito el arresto domiciliario con todas las prohibiciones del caso y que el domicilio sea informado al juez en forma reservada en atención a algún temor de que sigan las represalias de este grupo. También solicito que intervenga al cuerpo médico forense para que examine a Rodríguez y constate que las lesiones que ha sufrido son en relación a un arma blanca. El MPF, no descarta la legítima defensa o exceso, lo cierto es que hay un homicidio. El defensor Gabalachis comparte las medidas de investigación, pero con menor impacto sobre su defendido.