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Rodriguez: “Es necesario juzgar a todos los integrantes de esa maquinaria de corrupción”

El fiscal general de Trelew, remarcó que hoy se planteó el pedido de suspensión de juicio a prueba por parte de la defensa, con la oposición de la fiscalía y la querella, marco en el cual indicó que se trata de una estrategia de la defensa de atacar y refutar la posición tomada por los funcionarios de fiscalía.

“Desde nuestra postura entendemos que es bastante claro en este caso particular, en función de la modalidad del caso, que es necesario el juzgamiento de todas las 12 personas y ahí el defensor ha puesto que no se puede hacer el juicio si se muere la mitad, lo que nos parece que es un disparate porque es obvio que no vamos a hacer un juicio con personas muertas”, enfatizó sobre lo que rodea a la causa ‘El Embrujo’.

Y agregó que “otra cuestión es que Argentina firmó convenios internacionales de combatir la corrupción y la probation no establece determinar responsabilidades porque, justamente, se suspende el juicio a prueba; es decir que no vamos a saber si fueron culpables o no y la Fiscalía entiende que hay un derecho de la sociedad a conocer la verdad. Por eso, es necesario hacer el juicio”.

“Entiendo que es distinto a las probation que se determinaron en la causa ‘Revelación’, creo que sí, por la particularidad del caso, esto es una asociación ilícita de un grupo bien conformado de miembros que actuaron desde 2013 hasta el día de la detención el año pasado, fueron cinco años operando de manera ilegal no solamente integrando ese grupo, sino los colaboradores que como satélite lo hacían indirectamente”, dijo en declaraciones reproducidas hoy por FM La Petrolera 89.3 MHz.

“Por eso es necesario que se juzgue a las doce personas, porque cada uno cumplía un rol específico dentro de la maquinaria de la corrupción. Ahí vamos a poder determinar cómo había un jefe, cómo distribuían las instrucciones, cómo cometían los hechos delictivos y cómo colaboraban estos participes que no tienen pena de expectativa alta, pero sí participaban directamente con Correa y el grupo”, agregó.

Rodríguez indicó que “entendemos que el ofrecimiento no podemos ni discutirlo porque entendemos que no reúnen los requisitos del cuarto párrafo ni para poder plantearlo, pero esto es una cuestión de la estrategia defensiva del caso. Nosotros lo sostenemos y lo vamos a sostener que deben ser juzgados la totalidad de los imputados”.

“El no ser funcionario público para el caso particular, no necesariamente se le puede otorgar la probation. No es un mecanismo automático, nosotros consideramos que en caso de ser juzgado y condenado, las penas van a ser de cumplimiento efectivo más allá de la facultad que tiene el Tribunal en su caso de otorgar alguna pena en suspenso, pero la totalidad de los imputados están en condiciones -en caso de un veredicto de culpabilidad- de recibir las penas de cumplimiento efectivo”, aseguró el fiscal.

La estrategia de la defensa

Por su parte el Dr. Fabián Gabalachis, abogado defensor de Diego Correa y otros imputados, dijo que “lo revisado se divide en cuatro contrataciones que ascienden a un monto de $33.600 el monto de la contratación es ese, no dice en ese caso si hay un perjuicio de esa magnitud.. Asumimos para la aplicación que en ese sentido se devolvería ese dinero”.

“En el caso de Natalia McLeod y Sandro Figueroa la fiscalía les atribuye ser accionistas de la empresa Dual Core y que en tal carácter se han enriquecido e ilegítimamente a través de la compra de un terreno en Trelew, un terreno en Lago Puelo, un vehículo Ford Ranger y 4.000 dólares que secuestran en la casa de McLeod”, explicó.

Y dijo que están un tanto limitados en el análisis de los hechos: “debo decir que es cierto que esto fue anterior a la asunción de Mario Das Neves, por lo tanto no pareciera que tuviera implicancia en la actividad que podría haber desarrollado o no Diego Correa”.

“El 25% de Dual Core en 2013 era de Natalia McLeod y en 2014 se lo cede a su tío, que es Sandro Figueroa. Quise poner de resalto que los hechos de corrupción que acá se están investigando son a partir de diciembre de 2015, por lo tanto poco importaba lo que sucedía antes de ese momento”, amplió Gabalachis.

Finalmente, dijo que “ambos ofrecen la realización de tareas comunitarias a coordinar con una oficina que hay en ese aspecto, que se llama Oficina de Ejecución de Probados, en la jurisdicción de cada oficina judicial”, y sobre si esos bienes se entregan con alguna finalidad, señaló que “la misma la dispone el Estado y tendrá sus canales para ver qué se hace con esos bienes”.

 

elcomodorense

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El fiscal Rodríguez ya investiga las contrataciones para reparar escuelas

Las denuncias presentadas por Eduardo Conde de Cambiemos y Blas Meza Evans del FPV fueron unificadas y quedarán bajo la órbita de la Oficina Especial de delitos contra la Administración Pública. El fiscal designado fue Omar Rodríguez.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal de la causa «Embrujo», Omar Rodríguez, «estará al frente de la investigación por las presuntas contrataciones irregulares del Ministerio de Educación con dos empresas para que efectúen reparaciones y refacciones en los establecimientos educativos de la provincia del Chubut».

Asimismo, ratificaron a este medio que «a priori, hay elementos para avanzar en una investigación».

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El fiscal Stornelli no se volvió a presentar frente al juez Ramos Padilla

El fiscal Carlos Stornelli no se presentó este martes a declarar ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, en la causa en la que se investiga una supuesta extorsión a un empresario agropecuario.

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido de nulidad del fiscal Carlos Stornelli, quien este martes no se presentó a su nueva citación a declaración indagatoria en el juzgado de Dolores, donde está imputado como supuesto miembro de una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales. De esta manera, el juez ratificó la investigación que viene llevando adelante y en la que Stornelli se ha negado a prestar declaración indagatoria en varias oportunidades.

Ricardo Ribas, abogado del fiscal, asistió a ese juzgado e hizo un planteo de nulidad de la citación de Stornelli, quien ya había varios pedidos de nulidad de la investigación, porque considera que al magistrado incompetente para intervenir en el caso al sostener que los eventuales hechos delictivos que él niega habrían ocurrido en la Capital Federal y no en la ciudad balnearia de Pinamar.

Además, el letrado sostuvo en el escrito que Stornelli «se encuentra a derecho, ha constituido abogado defensor en la presente causa y ha realizado, en procura de salvaguardar las garantías constitucionales más elementales, los planteos que se estiman conducentes para el correcto encauce de los intereses en juego».

«Muchos de los cuales -por no resaltar su totalidad- no han sido siquiera abordados por VS, quien ha aplicado una singular y curiosa demora a su tratamiento», agregó el Ribas. Stornelli tiene fueros por su condición de fiscal por lo cual en caso de ser declarado en rebeldía no puede ser trasladado por la fuerza pública.

Ramos Padilla podría cursar un pedido a la Procuración General de la Nación para obtener su desafuero. Esta fue la cuarta citación al fiscal en el caso que investiga una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales.

Stornelli faltó a las dos primeras convocatorias y pidió una prórroga de la tercera, que fue concedida para hoy. El fiscal está acusado en la investigación donde ya está preso con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’ Alessio.

 

ElPatagonico

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Jury a un fiscal de Sarmiento: declararon testigo de la defensa

En la continuidad del jury de enjuiciamiento contra el fiscal de Sarmiento Herminio González Meneses a lo largo de la mañana de este miércoles declararon una decena de testigos propuestos por el defensor Federico Ruffa que en general coincidieron en destacar la personalidad del funcionario judicial ahora sentado en el banquillo de los acusados por mal desempeño en sus funciones, tal fue lo denunciado por el Consejo de la Magistratura tras evaluar sus tres primeros años en esa función.

En general se trató de policías y operadores de la Justicia que en sus distintos roles han tenido relación con Meneses por su actividad propia de fiscal general. Se trata de efectivos de la policía provincial que en algún momento cumplieron funciones en esa localidad, además de defensores, funcionarios de fiscalía, jueces y defensores.

En general todos coincidieron en destacar y calificar a Meneses como un funcionario “correcto” que “se desempeñaba como corresponde”, “muy respetuoso y trabajador” y que “no les constaba que no haya cumplido adecuadamente sus funciones”. Ante preguntas puntuales de Ruffa, ninguno de los testigos señaló un mal clima de trabajo en la fiscalía de Sarmiento a excepción de Herrera que señaló “falta de comunicación” entre los integrantes de esa Fiscalía.

Se trató de los testimonios del juez penal Alejandro Rosales, el defensor Gustavo Oyarzun, el jefe de la Oficina Judicial de Sarmiento Leandro Russomando, el defensor particular Guillermo Iglesias, el funcionario de fiscalía de Sarmiento Julio Herrera y el defensor particular Guillermo Iglesias.

Para luego a las 15 está previsto que se realicen los alegatos por parte del acusador, el procurador Jorge Miquelarena, y el defensor Federico Ruffa, para posteriormente conocerse la sentencia por parte del Tribunal integrado por Alejandro Panizzi, Moisés Cohen, Juan Carlos Goya, José Grazzini y Rody Ingram.

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“El mínimo de prisión que pedimos para Correa es de ocho años”

El fiscal Omar Rodríguez que actúa en la causa El Embrujo, hizo esa referencia al participar hoy de una audiencia efectuada para saber si existe algún tipo de convención probatoria en cuanto a acordar el ingreso o prescindir de algún testigo que está ofrecido.

“Generalmente todos los instrumentos, la documentación, es ingresada a través del testimonio por ejemplo un acta de allanamiento y en ese acta firman varias personas varios policías nosotros ofrecimos todos los que han firmado el acta, pero por ahí con el acuerdo de las partes podemos prescindir de algunos de los policías y en vez de hacer venir a cuatro policías para que ratifiquen el acta y el contenido de la misma, con dos ya sería suficiente, entonces esa es una forma de achicar al menos la cantidad de testigos”, dijo Rodríguez al término de la misma.

Y sobre si se espera algún otro tipo de audiencia antes del juicio y la morigeración de algunas presiones, dijo que va a haber una de la que están a la espera para ver si la fijan o si hay alguna interpretación de que no, en el sentido de que mañana se cumple un año de las detenciones del primer grupo.

“Generalmente se revisan cada seis meses, pero nosotros entendemos que no se debe fijar fecha mañana porque la audiencia preliminar donde se volvió a discutir toda la cuestión de las medidas de coerción fue en octubre, y todavía no transcurrió el plazo de 6 meses”, indicó en declaraciones emitidas por FM La Petrolera 89.3 MHz.

En tal sentido, dijo Rodríguez que “será una modalidad de tres veces por semana: martes miércoles y jueves de mañana y de tarde es el horario que han fijado para la actividad del debate”.

En cuanto a la situación del detenido Federico Gatica, dijo que el Juzgado Federal rechazó la postura de la cuestión Federal: “entiendo que el defensor ha apelado, pero el Tribunal hasta ahora no ha resuelto ninguna situación o ha solicitado al Federal pedir el expediente o la carpeta relacionada con Gatica. En principio va a ser juzgado en la órbita ordinaria”, deslizó.

Mientras tanto en torno a cómo llegan el Ministerio Público Fiscal y él en lo personal a este juicio, sostuvo que arriban bien, con mucha expectativa. “Nosotros somos muy optimistas en el sentido que existe muchísima información y evidencia que si logramos pasar eso en el juicio, creo que vamos a conseguir las condenas que estamos buscando”.

“La situación de Diego Correa como jefe y en función de todo lo que se le reprocha, tiene un piso de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, como también los distintos miembros de la banda como por ejemplo Luthers para quien hemos pedido seis años -siempre de mínimo- y de ahí en más puede ser que suba la pretensión”, concluyó.

El Comodorense

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“El sistema debe funcionar con todo el mundo transcurriendo el proceso en libertad”

Así lo señaló esta mañana el Fiscal Héctor Iturrioz acerca del otorgamiento de la libertad a Cisterna, Oca, Carpintero, Pagani y Ninín; al vencer hoy el plazo de la medida preventiva.

“Lo procesal se mantiene en su mínima expresión, como lo dijimos al momento de fundamentar por qué solicitamos la morigeración y el recupero de la libertad ambulatoria. Hemos tardado un poco más del tiempo previsto originariamente para colectar los medios de prueba, las evidencias que van a ser pruebas una vez que sean incorporadas al debate”, sostuvo.

El fiscal enfatizó que “ya hemos terminado con esa etapa. Pedimos un plazo de tres meses porque el procesamiento, la elaboración de la acusación, demanda que se correlacionen todos y cada uno de los elementos que colectamos; y plasmarlos en los fundamentos de lo presentado oportunamente”.

“Lo cierto es que las medidas procesales, las cautelares, solamente perviven mientras lo hacen los riesgos que las motivaron. Si mantenemos medidas cautelares de privación de la libertad ambulatoria sin riesgos procesales, estaríamos actuando de modo ilegítimo”, aclaró.

Y recordó que “el primer día de audiencia, el 23 de mayo del año pasado, dijimos que las medidas de prisión preventiva iban a durar lo estrictamente necesario, atendiendo a los cánones que fijó la Comisión Interamericana de DDHH de razonabilidad, proporcionalidad, necesariedad. No nos creyeron, criticaron que respondíamos a clamores punitivos de la sociedad y que estábamos aplicando penas anticipadas, y no es así. Como debe funcionar el sistema es que todo el mundo transcurra el proceso en libertad, y una vez que se le impone una pena que la cumpla, que sea una condena y no una prisión preventiva”.

“Hay multiplicidad de hechos que se juzgan con prisión preventiva y el día que se le condena se va a su casa, es decir que eso no se computa a los fines de reincidencia como cumplimiento de condena. Entonces hay gente que fue procesada varias veces y no está declarada como reincidente por este vericueto legal. Muchas veces los defensores sostienen eso para sus clientes, ya que la reincidencia es una condición de agravamiento que quita acceso a la libertad condicional”, amplió.

Sobre la respuesta al intento que hará Diego Luthers para evitar el nuevo juicio, Iturrioz dijo que “será negativa por su condición de funcionario público, ya que es expresa la prohibición de conceder tal beneficio a representantes de la función pública. Debe seguir presentándose semanalmente en comisarías para demostrar su permanencia en la zona”.

Y acerca de si hay manera de comprobar si no tienen contacto con otra gente de la causa, o testigos, adujo que “generalmente estos últimos avisan, porque la mayoría de los testigos en esta causa están atemorizados y cuando los intentan contactar, nos avisan. Luthers está con prisión domiciliaria acá, pero está con prisión preventiva en la causa ‘El Embrujo’. Es casi un formalismo que tenga prisión domiciliaria acá, porque no está en su domicilio”.

En tanto sobre que más allá de la renuncia expresa de Iniciativa Ciudadana, y si toman como renuncia tácita la no comparecencia de las otras querellas, fue irónico: “todavía no me recupero de la sorpresa que me generó el aviso que dio la directora de la oficina judicial. No sé si vieron mi cara, quedé como cinco minutos en blanco porque aún recuerdo las declaraciones públicas en audiencia que se iban a presentar e iban a contribuir al esclarecimiento de estos hechos que tanto le hacen a la sociedad, que iban a ir a juicio hasta las últimas consecuencias en la Corte Suprema de Justicia; y hoy encuentro que nada de lo prometido se ha cumplido”.

Finalmente, enfatizó que “en esta instancia no estaba fijado procesalmente cómo tener por desistida la querella, pero el desinterés es obvio. Se generaron costas que deberán cargar con ellas. No sé si me indigna, pero sí me deja sorprendido que nos habían prometido que sigamos con los empresarios, que había imposibilidades probatorias, mucho riesgo de ir a un juicio, pero no se aportó nada hasta la fecha”.

El Comodorense

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El fiscal Pollicita abrió una causa para investigar si presos K armaron la operación contra Stornelli y citó como testigo a Elisa Carrió

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó hoy una investigación para determinar si presos kirchneristas detenidos en el penal de Ezeiza armaron la operación contra el fiscal Carlos Stornelli en el marco de su investigación por la causa de los cuadernos. Ordenó citar a la diputada Elisa Carrió para que declare como testigo y dispuso una serie de diligencias para avanzar con la causa, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Por lo pronto, Pollicita dispuso que se certifique qué tramite tuvo la denuncia del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que dispuso las escuchas en la cárcel de Ezeiza, y también que se precise la causa que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, en donde fue se analiza «la presunta extorsión de la que habría sido víctima un empresario presuntamente involucrado en la causa de los cuadernos».

Según detallaron las fuentes, el fiscal requirió además los datos de un teléfono que aparece en la denuncia para saber quién es el titular, y los detalles del Registro Nacional de las Personas sobre Carlos Zelkovicz, un ex funcionario que aparecía hablando con Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, en prisión.

Se trata de la denuncia que radicaron ayer las diputadas Paula Olivetto y Mariana Zuvic, que responden a Elisa Carrió, y que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.

En la denuncia aparecen una serie de transcripciones de escuchas telefónicas en donde aparecen el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, presos en el penal, hablando de la causa que se había iniciado contra el fiscal Carlos Stornelli en el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla. En esa denuncia se apunta a un abogado, Marcelo D’Alessio, que se presentaba como colaborador de Stornelli y le habría exigido una coima a un empresario agropecuario. Hoy Stornelli denunció a ese abogado también en los tribunales de Comodoro Py.

Sin imputar a nadie aún («no es posible determinar con exactitud los datos del auto o autores del hecho investigado», dijo), Pollicita repasó la denuncia en donde se sostuvo que Carrió «había recibido a su nombre un sobre que contenía la transcripción de escuchas telefónicas que daban cuenta acerca de una ‘operación’ en la que intervienen personas de los servicios de inteligencia, el detenido Roberto Baratta, entre otros, cuyo objetivo es el de entorpecer la investigación de la causa conocida como ‘los cuadernos'».

Carrió también habló de un tuit en el que advertía de tales maniobras, «las cuales acontecían justamente en el momento en que estaba dándose a conocer la existencia del pago de un posible retorno millonario al juez federal Luis Rodríguez, según las declaraciones de Carolina Pochetti».

Señalaron además que al día siguiente el periodista Horacio Verbitsky, dirigente montonero acusado de colaborar con la Fuerza Aérea Argentina en la dictadura, efectuó una publicación en su blog relacionada a hechos «que guardan similitud con aquellos de los que tomó conocimiento la doctora Carrió, y que con posterioridad personas de su equipo recibieron llamados telefónicos sugestivos, que serían parte de la operación».

Entre el material aportado figuran las comunicaciones entre Baratta y Zelkovickz, ya identificado como «El Esposo», «Gordo» y «Chala». El 1 de febrero, Baratta llama a «Chala», pregunta cómo va lo del «dolor de muela» y le responden que «no se movió nada allá en Dolores». Baratta pregunta si «presentaron formalmente», a lo que su interlocutor responde que «el magistrado pidió informes» y «quiere saber en qué quilombo se está por meter». «Yo estoy forzado, si no avanza lo de Dolores, a hacer yo algo la semana que viene», replica el ex hombre de confianza de De Vido.

Le dicen que espere, que «hay oportunidad», pero Baratta insiste por la demora y le responden: «Ramos estaba leyendo un poco, en qué quilombo se va a meter, boludo» y «el tipo está decidido a jugar, pero boludo, vos también harías lo mismo».

En la denuncia de las legisladoras de la Coalición Cívica también aluden a diálogos entre Schiavi y Eduardo Valdés, ex embajador ante el Vaticano. Añadieron que el diputado Juan Manuel López recibió un mensaje de Valdés para Carrió en donde le recomiendan «que no se juegue más por Stornelli» porque iban a aparecer nuevas publicaciones en el blog de Verbitsky.

 

INFOBAE

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Cambiemos trabaja para defender a Stornelli, denunciado por extorsión

Un escudo oficial para el fiscal acusado: El oficialismo busca deslegitimar la denuncia presentada contra el fiscal e intenta apuntar contra ex funcionarios detenidos.

Ningún funcionario del Gobierno salió a defender públicamente a Carlos Stornelli, pero está claro que el oficialismo ya cubre con su sombra protectora al fiscal de la causa de los cuadernos, denunciado por presunta extorsión. La que sí se arrojó en su defensa categórica desde el día previo a la publicación de las conversaciones telefónicas y demás documentos es Elisa Carrió. Cerca de la aliada oficial aseguran que está trabajando en silencio para identificar a quienes serían –para el oficialismo– los autores intelectuales de la “operación contra el fiscal”. Aseguran que Carrió saldrá a desenmascararlos y que no serían otros que los kirchneristas procesados en la causa.

Lo mismo, curiosamente, afirmó un columnista en uno de los diarios cercanos al Gobierno. Llegó a sostener que “la Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los ex funcionarios”. No dio detalles sobre el expediente en el que estaría acreditado esto, ni el juez que lo investigaría. El círculo de Carrió no se animó a tanto. Pero el mensaje se parece como dos gotas de agua al que viene emanando del oficialismo desde que se conoció la denuncia contra Stornelli y el servicial abogado Marcelo D’Alessio.

Carrió fue la primera (y casi la única) en salir a defenderlo. “Repudio la operación contra el fiscal Stornelli”, escribió la diputada Graciela Ocaña, una de las pocas que la acompañó. “No me resulta creíble la denuncia contra el fiscal Stornelli”, se sumó ayer el diputado Pablo Tonelli en FM Futurock. La secretaria de Lucha contra la Corrupción (Ajena), Laura Alonso, escribió y borró un tweet al respecto. Eso fue todo.

“El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento al juez de la causa”, lanzó Carrió. Luego no volvió a decir nada del tema. En su entorno, sostuvieron que el jueves por la noche “se enteró de que venía esta operación, pero no tenía idea de lo que iban a escribir el día después”. No dieron detalles de cómo fue que supo que iba a aparecer esa noticia en PáginaI12 y otros medios previo a que fuera publicada.

¿Por qué Carrió no habló más? En su entorno, sostuvieron que es porque está reuniendo “la información que le llega” y está “esperando novedades” para salir a denunciar a los autores de la denuncia. Que, para el oficialismo, no son el empresario textil Pedro Etchebest, quien la presentó ante la Justicia, sino ex funcionarios kirchneristas presos. “Se está ocupando Lilita personalmente. Si es como suponemos, va a quedar bastante claro quiénes y cómo armaron esto”, amenazaban desde el entorno de la diputada. “No está claro el rol de D’Alessio”, indicaban, como para advertir que dudan para qué sector político podría estar jugando. Por ahora, no apareció ninguna evidencia que sustente estas versiones que el oficialismo echó a correr. La abogada Graciana Peñafort hizo públicas sus dudas sobre si no se intentará fraguar una escucha ilegal con alguna persona detenida (ver aparte).

No obstante, si bien la causa de los cuadernos tiene un obvio interés electoral para el Gobierno, sus funcionarios no parecieron salir a traspirar la camiseta para salvar al fiscal Stornelli. Algunos hasta lo emparentaron con otra denuncia contra el juez Luis Rodríguez por presuntas coimas. Por estos días, en el oficialismo prefieren recordar que Stornelli fue ministro de Seguridad bonaerense con Daniel Scioli y olvidar la cercanía que tiene el fiscal con el presidente de Boca, Daniel “El Tano” Angelici, sindicado por Carrió como operador judicial del Gobierno.

Mientras tanto, este diario consultó ayer al Ministerio de Hacienda sobre la contratación de D’Alessio como director de Enarsa en 2016 (había estado en la gestión anterior y había sido desplazado). El periódico Perfil publicó que D’Alessio fue removido del cargo dos veces, una vez por el equipo de Axel Kicillof y la segunda por funcionarios de Juan José Aranguren. En los dos casos pesó sobre él la acusación de que había armado un sobrecosto con un seguro internacional sobre los cargamentos de los buques de GNL por 30 millones de dólares, que era innecesario. D’Alessio negó haber sido el autor intelectual de esa medida y sostuvo que de Cambiemos lo expulsaron por recomendarle a Aranguren que se desprendiera de sus acciones de Shell. “Nunca cobré el sueldo”, aseguró, estoico.

El Comodorense

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La abogada del empresario que acusó a Carlos Stornelli de extorsión advierte que tienen «todo documentado»

«Las cosas ya no estaban tan amistosas porque mi cliente no conseguía el dinero», denunció Natalia Salvo en Radio 10.

La abogada del empresario que denunció por extorsión a Carlos Stornelli, fiscal de la llamada causa de los cuadernos, detalló que «se pudo documentar el vínculo estrecho entre Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio».

«D’ Alessio mintió al decir que fue mi cliente quien lo contactó. Él fue el que le mandó un mensaje con el tema de la investigación. La entrega de dinero se materializó en dos días distintos de enero. Las cosas ya no estaban tan amistosas porque mi cliente no conseguía el dinero», aseguró Natalia Salvo en diálogo con Radio 10.

El abogado Marcelo D’Alessio, imputado como operador del fiscal Carlos Stornelli, fue allanado en la tarde del miércoles en el marco de la exigencia de 300.000 dólares a un empresario para aliviar una supuesta acusación en la causa de los cuadernos.

«Cualquier abogado le habría aconsejado a mi cliente lo que hicimos nosotros. Nos mostró algunas conversaciones y le dijimos que registre todo ante futuras conversaciones. Se pudo documentar el vínculo estrecho entre Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio. D’Alessio fue muy obsceno en contarle a mi cliente todas las relaciones que tenía con gente del poder político y el poder judicial. Es mentira eso de que había visto a Stornelli sólo dos veces», agregó Salvo en «Secreto de Sumario, el programa de Darío Villarruel.

El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, también imputó a Stornelli, quien participó de una triple reunión con D’Alessio y el denunciante, el empresario Pedro Etchebest. El encuentro se dio en el balneario CR de Pinamar. La causa cuenta con numerosas filmaciones y escuchas sobre el vínculo.

Salvo enumeró: «Las entregas de dinero se hicieron el 23 de enero en Puerto Madero y el 24 de enero en Palermo. Nosotros tenemos todo documentado. El primer pago era supuestamente para que Carlos Stornelli pagará una multa por una escrituración de un inmueble en la costa».

El abogado D’Alessio se comunicó con el empresario alertándolo de que un arrepentido en el caso de las fotocopias de los cuadernos, Juan Manuel Campillo, lo había marcado como recaudador de la Oncca, la Oficina Nacional de Control Agropecuario, organismo en el cual Campillo fue titular.

Etchebest le señaló a D’Alessio que recién conoció a Campillo en 2017, es decir que no tuvo ningún vínculo con él durante el gobierno anterior y que no cometió irregularidad alguna en la Oncca.

Al respecto, la defensora del empresario agropecuario indicó que «la causa judicial de los cuadernos salió en todos los medios y D’Alessio le marcó a mi cliente que muchos detenidos no tenían nada que ver pero que terminaban en la cárcel. Nuestra denuncia se materializó el 27 de enero tras recolectar muchas pruebas».

«Yo creo que Stornelli tendrá que formalizar sus explicaciones en la Justicia y dar sus justificaciones por todo esto. Hay mucho descrédito en relación al Poder Judicial. Hay que tratar de apegarse al imperio de la ley porque si no cada uno investigaría las cosas como quiere», concluyó.

Diario Veloz

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