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Este miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación en esta causa que tiene 13 imputados por 13 hechos diferentes: 10 imputados por defraudación al Estado y tres imputados por concusión. Una de las imputadas, Silvana Cañumil, la niñera de Torres Otarola, sería la encargada de recaudar «el diezmo» que la ex diputada le cobraba a las personas a quienes había hecho ingresar a la administración pública, y luego transferirle el dinero. En cuatro años, Cañumil le transfirió a Otarola más de un millón y medio de pesos.

En la causa, se imputa a Cecilia Torres Otarola en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y a otras 12 personas consideradas «partícipes necesarios» e imputados de diversos delitos. Ellos son Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles -todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Según el relato del fiscal, Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015 poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019. Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada. Cabe destacar, que Cañumil, vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola.

Por otra parte, el fiscal detalla que en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial.

Rodríguez expuso también que Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura Provincial. Fue así que en el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otarola, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina.

Este modus operandi, va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de Diputada Provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo Provincial, como Ministra de Desarrollo Social y Familia. A partir de ese momento, diciembre del año 2019, la nombrada va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vinculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios de la nombrada.

Fue así, que ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General.

Según la Fiscalía, de los distintos elementos analizados hasta el momento surge clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Justamente la gestión de la nombrada para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada. Pero además de los nombrados también, se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. El nombrado fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. En el año 1998, Marcelo Neira, y Antonio Cundari, entre otros, eran socios en una sociedad denominada TELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Por otra parte, en el año 2005 los nombrados constituyeron una Sociedad cuya razón social se denominaba INDUSTRIA CARMA SRL, surgiendo con claridad que la designación en el cargo respecto de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Marcelo Neira. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen una sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

Ahora bien, a esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola, sito en Costamagna 79, Playa Unión. En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, ocupa el cargo de Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

En esta misma dirección Silvana Cañumil, en fecha 10 de mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a la persona de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Cecilia Torres Otarola con el instituto aludido. También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente.

A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al al millón quinientos mil pesos (1.500.000 $).

Por su parte, Miguel Reto el día 3/6/20, realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija de la Señora Sandra Jaramillo quien prestó servicios de empleada domestica en la casa de Otarola, desde mediados del año 2019 hasta enero de este año. En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria.

Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

En horas de esta mañana la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a la oficina judicial de Rawson la respectiva imputación en la causa caratulada “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública” bajo el número 21745. De acuerdo a la extensa presentación son trece las personas imputadas que se encuentran involucradas en la misma cantidad de hechos, solicitándose la formalización de apertura de investigación de acuerdo al artículo 274 del código procesal penal.

Se imputa a Cecilia Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Según el comisario Juan Carlos Núñez, “es muy burdo lo que pasó acá: hacían transferencias bancarias, como que habían legalizado la defraudación. Y el aprovechamiento de la plata de Otarola, que lo depositaba a su cuenta. Tiene terrenos en Cholila, tres casas y lo que vale la camioneta… que bajo ningún punto de vista puede justificar”.

El jefe policial se mostró sorprendido ante el hecho de que los mecanismos utilizados por la ahora exministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud fueran casi calcados de los empleados en las promocionadas causas Embrujo o Revelación.

Acotó además que a Cecilia Torres Otarola se le va a juzgar “el enriquecimiento ilícito; otra causa que se le va a abrir. Cuando el fiscal reciba la información del Tribunal de Cuentas sobre la declaración jurada y empiecen los peritos contables a trabajar sobre sus ingresos y egresos, y los bienes que ya tenemos registrados a su nombre… se le va a complicar un poco”.

En declaraciones a Jornada, el comisario señaló que “yo a veces creo que es parte ya de la cultura de no controlar para evitar ver estas cosas. Algún jefe se tiene que dar cuenta, pero en esa cosa de ‘ya van a traer la documentación’ o ‘esperemos’ o ‘siempre se hizo así’, hay en algunos una desidia y en otros una clara falta de los organismos de control, que no están, eso es notorio: en cada lugar que vas encontras falta de control. El control lo pueden hacer interna y externamente y para eso se crean, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Cuentas. A veces los papeles vienen bien hechos y el expediente está bien armado. Pero otras veces es muy burdo y sin embargo pasan igual, de la misma manera. Es como que no prestan la atención debida”.

Apuntó que “hasta el kiosco de barrio más chico que contrata un empleado hace una carpetita y pone aunque sea la foto, los datos, el Documento Nacional de Identidad y el teléfono. Y eso es el legajo personal. Acá no había nada. No había ni un papel. Y eran cargos muy importantes. En algunos lugares hablamos con quien sería el subordinado y te dice: ‘No lo conozco, no sé quién es, nunca lo vi y jamás vino acá’. Y nosotros les decíamos: ‘Pero si es tu director…’”.

Volviendo al caso de Torres Otarola, Núñez indicó que “durante los 6 meses que se investigaron era funcionaria y recibió una cantidad de plata que no se condice con lo que cobraba. Eso lo evaluará el fiscal con las pericias contables”.

“Acá no se habla de corrupción, si no de defraudación al Estado”, sostuvo en declaraciones a La Cien Punto Uno el ministro de Gobierno, José María Grazzini, al responder sobre el polémico paso por el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia, Mujer y Juventud de Cecilia Torres Otarola, echada del cargo por el gobernador Mariano Arcioni el último día del mes pasado, luego de que se hiciera público que era investigada judicialmente por irregularidades en su actuación, tanto como diputada entre 2015 y 2019, como en su rol de ministra.

En este contexto, ahora desde el gobierno se ha iniciado un sumario para deslindar responsabilidades en la causa donde –según el fiscal Omar Rodríguez- “se ha corroborado que una gran parte del equipo que ella fue nombrando ni siquiera reside en la zona; no son de acá; viven en Buenos Aires y cobran sueldo desde allá”.

Los casos más llamativos son los del ciudadano peruano denunciado por violencia de género y habría sido jardinero suyo; y el de una secretaria que en realidad le habría prestado asistencia como niñera.

Mientras tanto, el subsecretario Daniel Silva quedó a cargo del ministerio hasta que se anuncie al cuarto titular del mismo durante el gobierno de Arcioni, por donde ya pasaron Leticia Huichaqueo, Martín Bortagaray, Valeria Saunders y la tristemente célebre Otarola.

En cuanto a la presencia de la exministra en su oficina una semana después de haber sido despedida, Grazzini señaló que “tomamos conocimiento de que el día de los allanamientos, la exministra fue a retirar sus pertenencias”.

Ante la gran repercusión de la causa judicial que tiene como protagonista a la exministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, ahora el gobernador Mariano Arcioni quiere despegarse de la exfuncionaria, y su ministro de Gobierno afirma que se ha iniciado un sumario en el seno del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que resulta llamativo, dado que la investigación judicial lleva casi un mes y durante ese tiempo, el titular del Ejecutivo defendía a la exfuncionaria e incluso le costó la salida del Secretario General de la Gobernación, Andrés Meiszner.

“Acá no se habla de corrupción sino de defraudación al Estado”, dijo el ministro Grazzini en declaraciones a LaCienPuntoUno, como si se tratara de cuestiones diferentes, cuando los actos que se le endilgan a la exfuncionaria implican un acto de corrupción porque si se confirma que contrató personas que nunca cumplieron funciones, se trataría sin dudas de un hecho de corrupción.

Papelón nacional

Este viernes, la causa que investiga los presuntos ilícitos en los que habría incurrido Torres Otarola en connivencia con otras personas que, aun ahora, cumplen funciones en el Estado, fue expuesta más allá de las fronteras de Chubut a partir de la divulgación en medios de alcance nacional.

La situación expone al gobernador Mariano Arcioni, ya que la consecución de hechos que se le atribuyen a la exministra, pone de manifiesto la ausencia de control del Estado, y deja al desnudo la falta de gestión política.

Un dato que resulta evidente es que resulta necesario evaluar cuántos “ñoquis” hay en el Estado de Chubut, ya que todo parece indicar que lo de Torres Otarola no sería un caso aislado.

La causa

El fiscal Omar Rodríguez que investiga a Torres Otarola, advierte que se ha “corroborado que una gran parte del equipo que ella fue nombrando ni siquiera reside en la zona, no son de acá, viven en Buenos Aires y cobran el sueldo desde allá”, explicó el fiscal.

“Haciendo el cálculo de los años que estuvo como diputada hasta ahora, la secretaria que prácticamente oficiaba de niñera, depositó cerca de 1,5 millón de pesos”, explicó Rodríguez, al tiempo que agregó que se hay pruebas suficientes para demostrar que en el Ministerio la exfuncionaria tenía el mismo “modus operandi” que cuando formaba parte de la Legislatura Provincial.

En este sentido, Rodríguez aseveró que “esto no es un problema de que alguien se equivocó o tuvo malas decisiones en la economía de la Provincia. Esto es producto de la corrupción sostenida en el tiempo. Cuando hay un entorno como este, que está podrido, es muy difícil salir adelante”, concluyó.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la investigación por posible fraude al Estado de parte de la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. “Pasaron tres años y nos volvemos a encontrar con prácticas que honestamente creímos descartadas. Lamentablemente la cosa sigue igual”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “pensamos en nuestra ingenuidad que después de Embrujo y Revelación muchas prácticas iban a cambiar por la repercusión que tuvieron estas causas en la Provincia”.

“Sin embargo pasaron tres años y nos volvemos a encontrar con prácticas que honestamente creímos descartadas. Lamentablemente la cosa sigue igual”, dijo en diálogo con Radio Chubut.

Asimismo, aclaró que “sorprendió y llamó la atención la presencia de Torres Otarola en el despacho del Ministerio de Familia. En otro momento podría haber sido detenida, por estar entorpeciendo la investigación, pero hasta ahora la ex ministra no ha demostrado esa actitud”.

“Los jefes de compra de cada departamento juegan roles muy importantes y muchas veces no se pone el ojo en ese sector. Me parece que por ahí se debe comenzar”, indicó.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “Torres Otarola hasta ahora no se mostró reticente a la investigación”.

Un verdadero escándalo se vive en la provincia de Chubut luego de que se dieran a conocer datos de una causa por presunta corrupción que lleva el nombre de «Ñoquis calientes» y que involucra a la ex ministra de Familia y ex diputada, Cecilia Otarola.

Según la información, la ex funcionaria le pagaba 340 mil pesos mensuales a un supuesto asesor que era de nacionalidad peruana y de oficio jardinero y que residía en la Ciudad de Buenos Aires. También, a la madre de un ex funcionario vinculado a hechos de corrupción, a su niñera como subsecretaria y una lista de, al menos, 24 asesores.

«Lo que investiga el fiscal es la contratación de personas de su confianza durante 2015 y 2019 a donde ella era diputada provincial. La semana pasada se descubrieron contrataciones en el Ministerio de Familia a donde ella era titular», dijo a Cadena 3 Nicolás Gil, periodista del diario El Chubut.

La denuncia fue realizada por su ex asesor Martín Sandoval, con quien Otarola habría mantenido una relación extra matrimonial.

«Los contrataba como asesores y secretarios, tanto en la Legislatura como en el Ministerio. No cumplían funciones y lo que investiga el fiscal es qué parte de los sueldos de los asesores se transferían a una cuenta bancaria de ella. Se quedaba con una parte de esos salarios», indicó.

En este contexto, la ex funcionaria publicó un mensaje en sus redes sociales para defenderse.

“Lamento tener que dar explicaciones sobre mi vida privada. Pero debo decir que tuve con el señor Sandoval una relación personal y de confianza con acuerdos consensuados entre personas adultas”. Y agregó: “El señor Sandoval tenía llaves de mi casa en Esquel. Pero en 2017 la relación comenzó a deteriorarse, él volvió con su ex pareja y ya no viajaba con tanta asiduidad a Rawson”, escribió.

Sandoval había dicho que mientras trabajaba como asesor de Otarola debía darle la mitad de su sueldo para “gastos de la política” y que lo mismo hacían otros “asesores”.

Con estos detalles fue que el fiscal Omar Rodríguez comenzó la investigación y luego fue descubriendo la existencia de los otros colaboradores.

Una vez iniciada la investigación, el gobernador Mariano Arcioni echó a la ministra y este miércoles allanaron la oficina de la misma de donde se llevaron carpetas y computadoras.

El diputado peronista Carlos Eliceche se mostró afligido y preocupado por el escándalo y recordó que sale a luz en un momento de profunda crisis en las arcas provinciales.

“La Provincia está sumergida en una crisis financiera, económica y política muy grande. Estamos muy preocupados por lo que pasa y dentro de eso aparece lo de esta señora”, indicó el legislador a Cadena 3.

Es Cecilia Otárola, ex ministra y ex diputada provincial. La investigación que reveló los datos se llama “Ñoquis calientes”.

Un supuesto asesor que cobró 340 mil pesos durante un año de nacionalidad peruana, de oficio jardinero y residente en Buenos Aires; la madre de un ex funcionario vinculado a hechos de corrupción, el nombramiento de su niñera como subsecretaria y una lista de, al menos, 24 asesores donde aparecen nombres repetidos forman parte de la investigación denominada “Ñoquis Calientes” que la oficina anticorrupción de la Procuración General de Chubut lleva adelante contra la ahora ex ministra de Desarrollo Social y ex diputada provincial Cecilia Torres Otárola por presunto fraude al Estado.

El inédito nombre del operativo (que comúnmente se dan cuando se investigan hechos relacionados con el narcotráfico) vinculado a una investigación de tipo político fue desvinculado por fiscales y policía de otra cuestión no menos polémica: Otárola hizo una carta pública “sobre la vida privada” ante la denuncia de su ex asesor Martín Sandoval, uno de los que inició las denuncias. “Lamento tener que dar explicaciones sobre mi vida privada. Pero debo decir que tuve con el señor Sandoval una relación personal y de confianza con acuerdos consensuados entre personas adultas”. Y agregó: “El señor Sandoval tenía llaves de mi casa en Esquel. Pero en 2017 la relación comenzó a deteriorarse, él volvió con su ex pareja y ya no viajaba con tanta asiduidad a Rawson”. En 2017, Otárola era diputada provincial.


Para el Mundial 2018, una foto de la entonces diputada de Chubut Cecilia Torres Otarola desató polémica.

El nuevo gobierno de los Fernández, bajo la lupa de Ignacio Miri.

Sandoval había denunciado un tiempo antes una extorsión por parte de una “mesoterapeuta”, ligada a la exdiputada. Le había dicho que iba a revelar fotos íntimas si no dejaba de denunciar a la entonces ministra de Desarrollo Social. Sandoval había dicho que mientras trabajaba como asesor de Otárola debía darle la mitad de su sueldo para “gastos de la política” y que lo mismo hacían otros “asesores”. Una novela increíble. Pero real.

Fue con esas declaraciones que el fiscal anticorrupción Omar Rodríguez comenzó una investigación. Y allí surgieron la existencia del “asesor jardinero”, de la madre de un exfuncionario y de la niñera. Pocos días después de esta denuncia que Rodríguez hizo pública, el gobernador Mariano Arcioni echó a la ministra. Fue la semana pasada. Ayer, Rodríguez e integrantes de la policía judicial realizaron un procedimiento en el despacho que tenía Otárola cuando ejercía su cargo de ministra.

Se llevaron una profusa documentación, además de computadoras y celulares. Entre ellos, el celular de la ex funcionaria que para sorpresa de los investigadores se encontraba en el despacho sin que hasta el momento se conocieran los motivos. Mientras fue diputada (al principio por el bloque K aunque en el final fue aliada de Arcioni) tomó notoriedad poco antes que comenzara el Mundial 2018: puso en su perfil de una red social una sugestiva foto en la que se la veía de espaldas con la camiseta argentina número 10. La que usa Messi, informó Clarín.

El fiscal general jefe, Omar Rodríguez, confirmó que esa es una de las supuestas irregularidades que investiga de la fugaz gestión de María Cecilia Torres Otarola en el Ministerio de Desarrollo Social.

A la exfuncionaria hoy le secuestraron su celular particular. Aunque habían ido a allanarle su casa de Playa Unión, a ella la ubicaron en el mismísimo Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, cuya titularidad ocupó hasta el último día del mes pasado, al menos en lo formal.

Al parecer siguió concurriendo a su oficina esta semana y se hallaba este miércoles con “personas que responderían a la mencionada y que ocuparían cargos de secretarias y subsecretarias”, señaló el comisario Juan Carlos Núñez, a cargo del operativo.

El fiscal Omar Rodríguez especificó que se trataba de procedimientos que seguramente se irán complementando con otros en diferentes lugares donde pueda hallarse documentación vinculada a la presente investigación, donde entre otras cosas se trata de esclarecer el nombramiento de más de 20 personas en forma irregular, informó el Ministerio Público Fiscal.

En la causa se investiga la designación de presuntos «ñoquis» por parte de Torres Otarola, algunos de los cuales ni siquiera conocerían Chubut.

También se investiga el caso de un jardinero peruano, condenado por violencia de género y que prestaba servicios de jardinería para la entonces ministra y que fue designado como asesor; y el de una mujer que había sido niñera de los hijos de la exministra y fue designada como asesora en la Legislatura cuando fue diputada provincial, y más tarde con la misma figura cuando Torres Otarola llegó al ministerio, hace casi siete meses.

En el marco de la causa que le atribuye presuntos hechos de corrupción durante su breve paso por el ministerio de Desarrollo Social a Otarola . También la medida alcanza a exfuncionarios de esa cartera.

La Policía realizó esta tarde allanamientos en Playa Unión, Rawson y Trelew en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud cuando era ministra Cecilia Torres Otarola.

A la exfuncionaria se le allanó la vivienda que alquila en Playa Unión, a pedido del fiscal Omar Rodríguez y con orden de la jueza Ivana González.

Además, la medida alcanzó viviendas particulares de exfuncionarios de esa cartera en Trelew y Playa Unión, informó Jornada.

El allanamiento incluyó al propio ministerio, cuyas oficinas centrales se hallan en Rawson, sorprendiendo a quienes la practicaron la presencia de Torres Otarola en el lugar.

Según relató el comisario Juan Carlos Núñez, a cargo del operativo, se buscaba básicamente material relacionado con la causa, como “telefonía celular”, habiéndose cumplido el trámite con la propia exministra.

Poco antes, Torres Otarola hizo declaraciones en Radiovisión asegurando que «le cortaron las piernas a una persona que venía haciendo todo bien».

La exfuncionaria afirmó este miércoles que fue víctima de una erosión «interna, burda y vil de un caradura».

Sin nombrarlo, atacó a Meiszner de una manera tácita, asegurando que es un caradura aquel «que haya dicho que soy una corrupta y que no puede compartir un gabinete conmigo. En ningún medio hablaron sobre el trabajo de este Ministerio».

Dijo además que tuvo suerte de estar trabajando seis meses con “un gran equipo” y aseguró que «uno es el equipo que tiene».