Cecilia Torres Otarola, ex diputada provincial y ex ministra de Familia, y otras doce personas están imputadas por presunto fraude a la administración pública y a partir de hoy serán enjuiciadas en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson por videoconferencia en la causa de los «ñoquis calientes».
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración pública en la figura del fiscal general Omar Rodríguez, había confirmado durante el pasado mes de julio el respectivo pedido de imputación en la causa; según publicó Mil Patagonias.
De la presentación realizada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal se desprende que son trece las personas involucradas en la misma cantidad de hechos. Se trata de Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.
Los hechos
Como hipótesis de la acusación contra Torres Otarola el MPF señala que en el año 2014 Torres Otarola empleó en su comercio a Silvana Adriana Cañumil. Luego, ya como diputada provincial, gestionó y logró que Cañumil ingresara a la Legislatura como empleada administrativa de tercera, para luego ascender hasta convertirse en asistente de bloque. Sin embargo Cañumil no prestaba funciones en el poder legislativo sino que en los hechos cumplía funciones como niñera a cargo de los hijos de la entonces diputada. De hecho la imputación sostiene que Cañumil, vivía en la casa de Torres Otalora en la ciudad de Esquel.
De manera simultánea, Torres Otarola, también gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia del esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Además, la entonces diputada, gestionó un contrato de locación de obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que también cumpliera funciones en la Legislatura.
A todo lo descrito anteriormente, Otarola gestionó la incorporación más personas a la Legislatura. En el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval.
A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio.
Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil; la cajera. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas del Banco de Chubut, del Nación cuya titular es Torres Otalora.
La operatoria luego sufre alguna modificación, cuando Otarola deja su banca como diputada y asume al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Desde diciembre del 2019, Otarola emprende un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación.
Dicho grupo se puede diferenciar de otro, ya que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, pero los objetivo espurios eran los mismos.
Ya en el cargo de Ministra, Otarola, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, como Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, asume como Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, (hermana de Jaquelina) se hace cargo de la Dirección de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, (sobrino de la Subsecretaria) ingresa como Director General, Raúl Rodera, (hermano de Jaquelina) lo hace como Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, como Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, se desempeña como Secretario Privado de Jaquelina Rodera, mientras que Miguel Reto, es nombrado Director General.
De los elementos analizados hasta el momento, surge de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Relación que resulta anterior al ala asunción de Torres Otarola como Diputadas Provincial.
Pero además de todas las personas antes nombradas, la ahora ex ministra se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. Este fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. ELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica, en 1998, y otra sociedad denominada INDUSTRIA CARMA SRL en 2005. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.
Ya en el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen otra sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.
A esta altura, la Fiscalía, no puede dejar de mencionar, que el común denominador que tienen Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, es que todos ellos tienen domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única persona que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola. En el otro grupo de la planta política nombrada por Torres Otarola, se menciona a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.
Por su parte, Facundo Andrés Jofre, Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de este año, realizó una transferencia de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.
Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace otra transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo por un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una tercera transferencia a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.
También y de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, Silvana Cañumil, en mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a favor de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Torres Otarola con el instituto aludido. También se destacan las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela (pareja de Silvana Cañumil) y Torres Otarola. Unos meses antes, (febrero y marzo) Otarola transfiere a Valenzuela montos de $10.000 y $15.000 respectivamente.
En el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil realizó transferencias bancarias a Torres Otarola, por más de $1.500.000.
Por su parte, Miguel Reto el día 3 de junio de este año realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.
Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija Sandra Jaramillo quien prestó servicios como empleada doméstica en la casa de Otarola, desde mediados del 2019 hasta enero del 2020. Torres Otarola, ya como Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada pocos días más tarde. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.
En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.
Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.
La Fiscalía también menciona la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de $187.200, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.
Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal.
En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria. Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.
Calificaciones legales
Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54), y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.
En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.
Medida cautelar
Por último el Ministerio Público Fiscal, solicitó una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.
