La sentencia 64/09 que dictaminó el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro el 30 de julio del 2009 ordenó que en el plazo de 120 días se procediera a cumplir con la señalización y puesta en condiciones de los dos caminos existentes: el sendero de alta montaña y el camino público vehicular del Paraje Tacuifí, a fin de garantizar el derecho constitucional de libre acceso a los cuerpos de agua de la Nación, en este caso, el Lago Escondido.
A pesar del fallo que lo obliga a abrir el camino mencionado, el gobierno rionegrino aún se niega a cumplir la orden judicial, todo por defender los intereses de Hidden Lake, empresa del magnate británico Joseph Lewis.
Este londinense es el líder del consorcio Tavistock, que gestiona un patrimonio de 2800 millones de dólares en 15 países. Se ubica en el puesto 347 de las fortunas mundiales, según la revista Forbes.
Lewis es dueño de la Estancia Hidden Lake (Lago Escondido) de 12 mil hectáreas aproximadamente, que se encuentra a 30 kilómetros de El Bolsón.
La compra de esta tierra fue realizada en el año 1996, época en donde se vendieron grandes cantidades de tierras en la Patagonia a precio vil. A casi 20 años de esa compra, con una ley de tierras sancionada en 2011 que protege el dominio de Lewis y de otros terratenientes, ya que no hace hincapié en las compras realizadas con anterioridad a dicha normativa, la situación es la misma, o mucho peor. Un fallo judicial que no se aplica y que va en contra de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Los reclamos por este caso se iniciaron en el 2005 por un Mandamus (Expte. Nro. 21690/06 – STJ) interpuesto por la Senadora por el ARI, Magdalena Odarda. El reclamo se basó en impedir la construcción del aeropuerto que ofrecía la empresa Hidden Lake S.A. en la Pampa del Ludden y en permitir el acceso al lago Escondido, que es prohibido a todo público.
Cabe señalar que la circulación sólo puede realizarse bajo previa autorización, con un guía y por lugares previamente señalados. Algunas personas que han caminado la montaña cerca del lago han sido interceptadas por personas que portaban armas, prohibiendo el paso o la navegación.
El gobierno provincial en ese momento, Fiscal de Estado, la autoridad ambiental Provincial (Codema) y Viarse (autoridad vial) apoyaron a la empresa y defendieron sus intereses en contra de la Constitución y de los rionegrinos.
Cabe remarcar que el Artículo 73 de la Constitución de la Provincia de Río Negro dice: “Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público…”
El 30 de Julio de 2009 el fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena habilitar los dos caminos:
Sin perjuicio de la resolución que se adopta es necesario asegurar que el camino constituido mediante la servidumbre, así como el trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifi queden en el ámbito de la responsabilidad de Viarse, sin perjuicio además de la intervención que le corresponde al Codema y demás organismos competentes para asegurar el acceso al Lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad con el debido cuidado de la normativa nacional (ley 22.351) y ley 25675 (general del medio ambiente) en cuanto fueren aplicables y demás normativa provincial referida a las áreas naturales protegidas”.
En el año 2010 se realiza una verificación ocular por uno de los caminos, el sendero de montaña, área natural protegida. Luego se realiza la verificación del camino de Tacuafí junto con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Víctor Sodero Nievas, hasta el tramo del Río Foyel. Se logra demostrar que el estado del camino es excelente, y es el ideal ya que no generaría un daño ambiental. De igual manera la empresa siguió sin permitir el ingreso.
El fallo tomó una gran repercusión y fue declarado de interés provincial por la legislatura. El poder del magnate hizo que nada cambie, pese a que se realizó un pedido de informes al Departamento Provincial de Aguas con el fin de indicar si había realizado trabajos de dragado con sus máquinas en el Río Foyel, como fue constatado.
El gobierno rionegrino siguió amparando el privilegio ilegitimo de la empresa Hidden Lake S.A. de tener un lago propio.
La revista jurídica el Dial publicó el 07/09/2010: “El caso Odarda hace valer el derecho al agua en el Sistema Jurídico Argentino -Comentario a fallo “Incidente de Ejecución de sentencia en autos: Odarda Maria Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado”.
El Caso Lago Escondido, es un paradigma de la apropiación de las costas que ha tomado repercusión nacional e internacional. Pero además, la lucha por el acceso constituye un antecedente vinculado con el derecho humano a acceder a las fuentes de agua.
En la actualidad se sigue luchando por el libre acceso al lago y contra el acaparamiento de las tierras de la Pampa de Ludden para un proyecto inmobiliario ligado a los intereses de Lewis.
El nuevo código civil y comercial complica aún más las cosas, ya que legitima la apropiación de las costas.
El artículo 2.369 del Código Civil planteaba que los propietarios limítrofes con ríos o canales están obligados a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla.
La Reforma reduce esa franja a 15 metros solamente de costas libres.
La Asociación Argentina de Abogados ambientales y el CELS, dicen que implica un perjuicio para la naturaleza y una restricción mayor a que la gente pueda hacer uso de los bienes comunes.
El gobierno provincial, cuidando los intereses del terrateniente británico elude el cumplimiento del fallo. Presenta la opción de un tercer camino en el Manso Inferior, que generaría un impacto ambiental aun mayor sobre el ecosistema boscoso.
El documento fue suscripto por el gobernador Weretilneck y Nicolás Van Ditmar, representante de la empresa privada.
La apertura de un tercer camino fue presentada como alternativa al juez Cuellar por la Fiscalía de Estado, y rechazado por la legisladora Magdalena Odarda.
Lamentablemente la situación sigue sin avanzar. De esta manera se puede ver la complicidad que existe de parte del poder político para que estas cosas sigan sucediendo. En Argentina hay cientos de casos de esta índole, pero jamás serán investigados o tratados con importancia. Mientras tanto, nuestros recursos naturales y territorios seguirán siendo comprados o regalados, perdiendo cada vez más soberanía de manera silenciosa.
Gonzalo Carranza
Informador Público