Así define el Centro de Estudios de la Patagonia (CEP) el polémico loteo en la base del Cerro Perito Moreno de El Bolsón, en un informe donde se destaca “el favor de políticos del Gobierno Provincial y Municipal con vínculos directos con la empresa”
El Centro de Estudios de la Patagonia (CEP), cuyo director es el diputado nacional Martín Doñate (FpV), elaboró un informe acerca del caso Laderas. El trabajo destaca el favor de políticos del Gobierno Provincial y Municipal con vínculos directos con la empresa.
Como ejemplo el escrito menciona que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, lleva en su estudio la contabilidad de Laderas S.A. y Hidden Lake la empresa de Joe Lewis, en virtud de la cual adquirió ilícitamente los dos inmuebles que rodean el Lago Escondido apropiándose de un bien de dominio público e impidiendo el ingreso a la población de El Bolsón por el camino histórico a pesar de tener innumerables fallos en contra.
El documento fue elaborado por Florencia Gómez, abogada experta en políticas de tierras rurales y directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Ceppas.
La experta entiende que el magnate inglés se apropió del Lago Escondido y ahora avanza con un country en una reserva natural. Señala que, a espaldas de la sociedad de El Bolsón, se aprobó en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante el loteo para el country ligado a Joe Lewis, en tierras fiscales sobre las que actualmente tramita una causa penal por administración fraudulenta contra funcionarios de Saiz.
El Estado -dice Florencia Gómez- vendió esas tierras dentro de una ley rural que propone bajos precios, limitando la posibilidad de compra a que solo la pueda efectuar la familia campesina, y obliga a utilizar esa tierra como herramienta de trabajo para la producción. Sin embargo, la empresa lejos de querer producir en estas tierras, pretende un loteo, por el cual ganará más de cuatrocientos mil dólares por hectárea.
Según destaca, la empresa está lejos de utilizar, la tierra comprada a precio preferencial -tal como la ley de tierras obliga-, para uso productivo. Se trata de tierras fiscales adquiridas a menos de 60 pesos la hectárea, y que ahora pretenden ser vendidas por el Grupo Laderas a 28 mil dólares el lote, es decir más de 7 mil veces lo que le pagaron al Estado. Son tierras adquiridas al margen de la ley, viciadas de nulidad y sin “seguridad jurídica”, solo inversores muy advenedizos podrían llegar a comprarlas.
Gómez considera que será necesario antes de discutir modificaciones a la Legislación de Tierras de la Provincia de Río Negro, tal como se propuso recientemente, investigar y si es necesario revocar las adjudicaciones fraudulentas en perjuicio del Estado Provincial y todos los rionegrinos. Para eso entiende que inevitablemente debe la Legislatura provincial restablecer la Comisión Investigadora de Tierras Rurales (dejada sin efecto en 2015) o en su defecto crear una Auditoria que lleve adelante esa tarea pues no se puede construir una política de tierras y de arraigo a los territorios si no se aclaran las maniobras fraudulentas que permitieron extranjerización de la tierra y destrucción de los bienes naturales en perjuicio de los y las rionegrinas.
La Tecla Patagonica
