Fue luego de un encuentro en la Casa de Gobierno. Los actores del sector asumieron el compromiso de respaldar y acompañar todas las gestiones y medidas administrativas que el Gobierno ponga en marcha de ahora en adelante en defensa de los recursos pesqueros de Chubut.
El ministro Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli, presidió ésta mañana en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, una reunión con representantes de los diferentes sectores de la pesca, con el objetivo de dar tratamiento al intento manifiesto de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) de soslayar la autonomía pesquera provincial.
Acompañado por el viceministro Coordinador, Félix Sotomayor; el secretario de Pesca, Adrián Awstin y otras autoridades del Gobierno Provincial, así como por referentes de los sindicatos SUPA, SOMU, STIA y SAONSINRA, empresarios, dueños de plantas de procesamiento, permisionarios y representantes de los trabajadores del sector, durante el encuentro se sentó una postura unánime frente al tema instalado en el seno del Consejo Federal Pesquero (CFP).
El acuerdo entre las partes quedó plasmado en un documento que fue firmado por la totalidad de los actores participantes, donde se advirtió que “dejar en manos del CFP la decisión de apertura y cierre del caladero de langostino y otras especies, así como el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, tal y como pretende la CAIPA, implica un grave riesgo para la actividad pesquera provincial en su conjunto”.
Frente a ello, los actores se comprometieron a acompañar “todas las gestiones que se hagan desde el Gobierno del Chubut, en defensa de nuestro derecho establecido en la Ley Federal de Pesca, vinculado a la posibilidad de explorar, explotar, conservar y administrar los recursos vivos que pueblan las aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas”.
Además, dejaron constancia de la “voluntad y compromiso para apoyar todas las gestiones y medidas de administración que lleven adelante las autoridades provinciales, en defensa de los legítimos intereses provinciales”.
Es importante recordar que, la semana pasada, la CAIPA presentó ante el CFP, una nota mediante la cual, recurriendo a una serie de leyes, artículos y casos testigo, se solicita que “todo lo relativo a la pesca de la especie langostino, y otras especies, tanto sea en relación a la apertura y cierre del caladero para estas especies y el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, sea resuelto por el organismo nacional” y no por cada provincia como se venía haciendo hasta el momento.
Esta solicitud entra en conflicto con el Artículo 3º del Régimen Federal de Pesca (Nº Ley 24.922), que establece: “Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas”.
Al mismo tiempo, entre los fundamentos esgrimidos por la cámara que nuclea a la industria pesquera nacional, se destacan constantes referencias a la conservación de la especie, pero sin embargo, las políticas pesqueras provinciales definieron el principio que rige para el análisis de las medidas respecto a la explotación de los recursos naturales, manifestando constantemente que los recursos del mar deben mantener una rigurosa sustentabilidad.
En ese sentido, el secretario de Pesca, Adrián Awstin, destacó que “la defensa de los recursos se hace en todo momento, independientemente de que estén pescando los grandes buques de Mar del Plata o los amarillos de Chubut”, al tiempo que añadió “y nosotros peleamos constantemente para que la actividad pesquera en su conjunto sea sustentable y por sobre todas las cosas, sostenible en el tiempo”.
Y agregó que “sobran hechos para demostrarlo, como por ejemplo la veda permanente establecida para la protección de juveniles en Robredo y Pan de Azúcar ó la actual veda que se impuso en el Golfo San Jorge con vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año, todas medidas mediante las cuales aseguramos la reproducción y el crecimiento en sus edades juveniles, de la especie langostino, para que sean aprovechados por las flotas nacional y provincial”, continuó.
Y culminó asegurando que la solicitud de la CAIPA es “una manipulación evidente de la legislación vigente para provecho de los sectores que concentran el poder de lobby desde hace muchísimos años”.