La semana pasada, el Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, firmó un acuerdo de colaboración llamado Pacto Fiscal con el presidente Macri del cual participaron 23 de las 24 provincias de la República. Entre los puntos del acuerdo de colaboración se encuentra la eliminación del impuesto del 8 por 1.000 que la Secretaría de Trabajo de la Provincia percibe del sector empresario y con el cual se abonan sueldos, subsidios y se generan capacitaciones destinada a trabajadores de todos los sectores.
Ante esta noticia el subsecretario de Trabajo de la Provincia no ocultó su preocupación en una nota que brindó al diario El Chubut, expresó que la eliminación de este impuesto a empresarios pone en riesgo una porción importante de los sueldos del personal que trabaja en relación de dependencia con el organismo.
También se ven perjudicados unos 800 trabajadores entre los que se cuentan a ex trabajadores de Alpesca (300), uocra (180) y ex trabajadores de Guilford (206). Y se aventuró a decir que la provincia <<debe buscar una alternativa eficiente para estos trabajadores>> porque en primer lugar no es suficiente y en segundo, porque el estado no puede abonar de por vida estos subsidios.
La Secretaría de Trabajo recauda unos 15 millones de pesos mensualmente que sumarían unos 180 millones al año por este impuesto, la quita de ese beneficio dejaría sin unos 9.000 pesos mensuales que se abonan a una cantidad importante de trabajadores de la Secretaría. El desafío ahora es ver de donde van a sacar ese monto importantísimo de dinero para pagar sueldos, subsidios y capacitaciones.
De este modo el gobierno nacional con la complicidad de los estados provinciales, actúan en beneficio de un grupo reducido de empresarios y en perjuicio de una gran cantidad de trabajadores, algunos verán en riesgo su fuente laboral y otros a una medida paliativa que no ha resuelto el problema de la desocupación pero ha logrado un leve alivio económico a sus vidas.
En fin, las seis provincias que cobran el 8 por 1.000 tendrán tiempo hasta el 2020 para darle fin a este ítem y buscar una solución recaudatoria para sobrellevar los gastos fijos mensuales de este organismo.
Por otro lado, en conjunto con la Secretaría de Pesca deberán pensar de qué forma van a solucionar el problema de desocupación que hace más de tres años sufren los empleados del sector pesquero, que siguen esperando una solución definitiva y administrativa de parte de estos organismos que no logran ver la luz para que Red Chamber S.A. pueda contratarlos de forma permanente y con antigüedad como marca la Ley y el acuerdo suscripto entre la empresa y las organizaciones sindicales y que homologó el mismo organismo laboral..
