El Gobierno busca endurecer su política migratoria para aplicar un sistema de reciprocidad con determinados países.
Bajo el lema de establecer una «reciprocidad migratoria» entre países, la Argentina exigirá desde los próximos días un nuevo listado de requisitos para los extranjeros que quieran tramitar la residencia en el país.
Entre las nuevas exigencias figuran: el comprobante de carencia de antecedentes penales de los últimos 10 años, certificados de salud y certificado de trabajo de sus países de origen, a la vez que un aumento de montos del trámite migratorio en algunos casos puntuales.
El ministro del Interior Rolegio Frigerio y el director de Migraciones Horacio García anunciarán esta tarde una batería de nuevas medidas de controles migratorios para reforzar el sistema de residencias de extranjeros en la Argentina.
Fuentes calificadas de la Casa Rosada adelantaron a Infobae que además de pedir los antecedentes penales retroactivos a 10 años para aquellos extranjeros que busquen radicarse en la Argentina, la Dirección de Migraciones podrá pedir también certificados de salud y de trabajo.
«Se evaluará cada caso, de cada país para establecer mecanismos de reciprocidad equilibrados y ajustados al principio de igualdad legal», dijo un funcionario del gobierno que adelantó parte de las medidas que hoy se anunciarán.
Es decir, que si determinado país pide como requisito para los extranjeros que tramitan residencia el certificado de salud, de antecedentes penales o de trabajo a un argentino aquí se les pedirá exactamente las mismas condiciones.
Este mismo esquema funcionará a la hora de establecer el cobro de trámite de una radicación. En algunos casos la Argentina cobra montos inferiores a los de otros países por el mismo trámite. Pero en adelante equiparará las cifras para establecer lo que en el Gobierno denominan un «principio de política de reciprocidad clara».
Uno de los motivos centrales que generaron este endurecimiento de las autoridades argentina en su política migratoria radica en que durante los últimos años el Gobierno intentó establecer un acuerdo con algunos países de la región para compartir información de sus ciudadanos en todo lo que tiene que ver con los antecedentes penales. Pero al parecer, hasta ahora no hubo respuesta favorable.
En el Gobierno no quisieron dar detalles de los países que no cumplieron con los reclamos de las autoridades migratorias de la Argentina. Sólo se supo que se trata de países de la región.
No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que la Argentina no endureció su política migratoria si se tiene en cuenta que en los últimos tres años hubo un récord de radicaciones. Desde 2016 hasta ahora unos 650.000 extranjeros se convirtieron en residentes. La mayoría de ellos son venezolanos, paraguayos, bolivianos, peruanos y colombianos.
La estrategia de política migratoria del Gobierno apunta a reforzar el esquema de expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país. La Dirección de Migraciones ya avanzó en un acuerdo con los jueces federales de todo el país para establecer una suerte de base de datos con todas las causas penales donde los extranjeros cumplen condena a fin de aplicar el principio de «extrañamiento» para motorizar la expulsión automática.
Infobae