Lo confirmó el fiscal Marcos Nápoli cuando se refirió a la probabilidad de avanzar en otras investigaciones vinculadas al entramado corrupto en el manejo de fondos públicos. El funcionario recordó que el 22 de junio deberán formalizar la acusación para los imputados de la Causa Revelación y destacó que consideran que el ex ministro Víctor Cisterna es el jefe de una asociación ilícita.
“Tenemos en ciernes aún, en una investigación preliminar, el patrimonio de la familia Das Neves, hay una contadora trabajando en eso”, confirmó Nápoli.
“Las suspensiones de juicio a prueba que hemos aceptado son las mismas de hace un mes y medio. Lo que ha ocurrido son las evaluaciones de las reparaciones que es uno de los aspectos para la aceptación de las probation, si correspondían o no, luego de que respondiera Obras Públicas, lo que demoró mucho porque en el medio hubo un cambio de ministro y modificaciones en distintas áreas de Infraestructura”, explicó Nápoli.
“No sólo era corroborar una obra de mercado, sino que fuera algo razonable y de efectivo cumplimiento respecto a la obligación que asumían, que estuviera en los parámetros normales de una obra de magnitud. Y esa evaluación la podían hacer personas o profesionales que estén ocupados en el tema. Es muy difícil para nosotros como abogados determinar si las obras que ofrecían los empresarios tenían la seriedad técnica”, fundamentó el fiscal.
Sin embargo, anunció que “por esta experiencia que tuvimos en la demora del trámite para evaluación de las obras, decidimos que será la propia fiscalía con la Oficina de Ejecución que depende de la Oficina Judicial de Trelew las que vamos a controlar el cumplimiento, por la generosidad que han mostrado miembros del Superior Tribunal de Justicia que a través del procurador general nos han ofrecido la colaboración de un profesional del área, ya sea un arquitecto, ingeniero civil o maestro mayor de obra que se ocupará de la tarea”.
“Él nos informará mensualmente o bimestralmente el avance de cada obra y nosotros vamos a constatar que se cumpla a rajatabla”, remarcó.
“La suspensión del juicio a prueba se otorgan por un año y medio y en ese lapso las empresas deberán cumplir con las obras”, reiteró Nápoli.
“Son empresas importantes y cuanto más dilaten los plazos les genera un entorpecimiento a su propia estructura y un riesgo para los imputados”, consideró sobre la factibilidad en el cumplimiento de plazos.
Respecto de las falsas noticias en las redes sociales, Nápoli recalcó: “no todos los imputados han accedido a la suspensión del juicio a prueba, sólo el ala de los empresarios, la parte privada de la investigación. Los funcionarios públicos terminarán en el juicio oral”.
En relación a la empresa Apicón, que había ofrecido una red de agua por zonas donde la propia empresa tenía propiedades, se acordó con el empresario que la reparación sea con dinero en efectivo.
“Habría todavía dos o tres empresarios que aún podrían ofrecer la suspensión del juicio a prueba, funcionarios públicos no porque esto no lo permite la ley”, insistió el fiscal.
Nápoli recordó que “estamos a unos 30 días, hasta el 22 de junio, para la presentación de la acusación, en la que se verificará la imputación exacta a cada uno de ellos, junto con la calificación jurídica, o sea que delitos escogimos para cada uno y que expectativa de pena tenemos para cada uno”.

“Como ejemplo podemos decir que el imputado Cisterna era jefe de una asociación ilícita, queremos probar esa hipótesis, y que por lo tal merece una pena de 8, 9 años de prisión. Este es el esquema que nosotros debemos presentar en la acusación”, sostuvo Nápoli.
“Probablemente adelantemos la presentación de la acusación, incluso por seguridad para nosotros mismos, lo que abrirá un nuevo período de negociación, en el que sí los funcionarios públicos podrían acceder a un juicio abreviado, en el que los imputados aceptan su responsabilidad y negocian las penas. Uno podría acceder a bajar un poco la pena, pero garantiza que la persona sea condenada”, puntualizó.
“Cualquiera de los funcionarios públicos podrían acceder al juicio abreviado, pero es duro para los imputados aceptar su culpabilidad y comenzar a cumplir la pena”, analizó.
“Tenemos en ciernes aún, en una investigación preliminar, el patrimonio del núcleo de la familia Das Neves, hay una contadora trabajando en eso, y también el manejo de la obra pública en la gestión de Martín Buzzi, aunque quien hizo la denuncia ha fallecido”, rescató Nápoli en el final.
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