Bajo la orden del Presidente, Alberto Fernández, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y funcionarios de otros ministerios ya trabajan en un cambio drástico de la política del gobierno de Cambiemos en relación con la tenencia y el consumo de marihuana.
Funcionarios de Seguridad aseguraron que está «en estudio» el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar la tenencia para consumo personal y el autocultivo de la planta de cannabis, y que el objetivo es «dejar de penalizar a los perejiles, e ir por los narcos, que son el verdadero peligro», afirmaron.
Funcionarios del gobierno anterior que reportaron a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich rechazaron que durante esa gestión se haya desarrollado una «persecución» contra los consumidores y abogaron por «seguir dando la batalla» contra el narcotráfico «en todos los frentes».
«El proyecto está aún verde. Pero la idea es consultar a todos los sectores y avanzar en un proyecto consensuado», agregaron cerca de la ministra. En el oficialismo reconocen que analizan «modelos de otros países», incluida la región -como Uruguay y Chile, donde un proyecto de despenalización llegó al Congreso- para tomar como referencia.
Entre las reuniones que ya se llevaron adelante, en Seguridad mencionan un encuentro con el denominado Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, un conjunto de 28 organizaciones entre las que figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, Intercambios Asociación Civil y Mamá Cultiva. El colectivo de organizaciones presentó un texto de cinco puntos (figuran en el sitio web regulaciónlegal.org) con los principios que lo rigen y sus principales demandas.
«La regulación legal del cannabis para mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales […], busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo», se afirma en el texto. Se pide protección para «el autocultivo y clubes sociales o cooperativas para producir cannabis» y «no criminalizar» el consumo.
Por lo bajo, en la Casa Rosada aseguran que la política de Bullrich «llenó las cárceles de consumidores». El razonamiento va en línea con el pensamiento del Presidente, quien en la campaña electoral se manifestó a favor de despenalizar el consumo de marihuana y atacó la política de Bullrich en ese punto.
«No tenemos que perseguir a los fumadores de porro. La solución es actuar con sensatez», dijo Fernández en junio pasado, y agregó: «Creamos un mercado negro perfecto para los narcotraficantes, que arruina la vida al pequeño consumidor».
El excolaborador de Bullrich y exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, rechazó los argumentos del oficialismo. «Es mentira que las cárceles estén llenas de consumidores. La policía los detiene, así lo ordena el Código Penal. Como mucho, a las 48 horas están afuera», afirmó. Y agregó que según estudios del ministerio «un 70% de los condenados por narcotráfico tienen entre 30 y 45 años, no son perejiles y forman asociaciones ilícitas», destacó a La Nación.
Para Milman, la idea de la despenalización para consumo «está en retroceso en Holanda y Bélgica, porque han tenido un gran retroceso en el tejido social. Y en Uruguay los consumidores no van a las farmacias a conseguir cannabis: van al mercado paralelo a buscar dosis más fuertes». En el macrismo, hoy conducido por Bullrich, afirman que está en preparación un «documento conceptual» que detallará «los problemas que trae la legalización» del consumo de drogas como la marihuana.
El ministro de Salud, Ginés González García, y su par bonaerense, Daniel Gollan, se manifestaron en favor de la despenalización. «Hay que despenalizar el consumo, como se hizo en Uruguay», dijo Gollan. Cerca del ministro de Axel Kicillof afirmaron que no está previsto impulsar desde allí un proyecto este año, por la crisis. Pero no descartaron «sumarse» si la iniciativa surge de la Casa Rosada.