Imágenes dantescas empiezan a verse en Ecuador por el avance del coronavirus. En Guayaquil, la ciudad más afectada por el Covid-19, las personas empezaron a dejar en las calles a sus muertos ante la falta de respuesta del sistema de salud. En Guayas, provincia a la que pertenece esta ciudad, hay 1937 infectados, es decir el 70 por ciento del total nacional que llegó a 2748. Los muertos en el país son 93. El gobierno de Lenín Moreno decretó hace tres semanas el Estado de excepción. Días después ordenó el toque de queda en todo el país que rige entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. A su vez, organismos de Derechos Humanos denuncian golpizas y tratos vejatorios por parte de las fuerzas de seguridad en las barrios populares.
Guayaquil: tierra de nadie
Los videos de los cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil son la expresión más clara de un sistema de salud desbordado en la región de Guayas. Allí buena parte de las funerarias dejaron de trabajar por miedo a contraer el Covid-19, según informó el sitio ecuatoriano Portal V. Se estima que muchas de esas muertes no corresponden a casos de coronavirus, pero no hay certezas ya que los médicos no llegan hasta los cadáveres. Como las funerarias no pasan a retirar los cuerpos y el sistema de público no da respuesta, algunos difuntos llegaron a estar más de tres días en sus casas. “Si bien la falta de recursos en los barrios populares lleva a que los velorios se hagan en las casas, nunca antes ocurrió algo como esto”, dijo en diálogo con Página/12 Billy Navarrete, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil. Las personas no pueden llevar los cuerpos a los cementerios ya que tampoco acceden a los certificados de defunción. “Además, hasta hoy el gobierno obligaba a hacer sólo cremaciones. Sin embargo en la ciudad sólo existen tres crematorios, todos privados, que cobran sumas imposibles para las clases populares. Es increíble pero en esta situación encontraron lugar para el lucro”, denunció el defensor de ddhh. Para sumar más caos a la situación, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, dijo el viernes pasado que los muertos por coronavirus serían enterrados en fosas comunes. Tras una ola de críticas el presidente dio marcha atrás y dijo que habrían “entierros dignos”.
El estado de Excepción decretado por Moreno volvió a poner a los militares en las calles, como durante las jornadas de protestas de noviembre pasado. Guayaquil además fue declarada Zona de Seguridad Especial. Esa denominación le permite a las Fuerzas Armadas asumir el control del espacio público, entre otras atribuciones. Navarrete informó que recibieron denuncias por el accionar violento de los militares. “Durante los patrullajes en los barrios más pobres apalearon a los jóvenes y hubo cortes de cabello forzados. Se volvió a repetir el relato que estigmatiza a la gente de los barrios populares. Quieren hacerlos ver como los que perjudican la salud del resto, cuando son los que peor la están pasando”, afirmó el defensor público. Guayaquil es una ciudad donde las desigualdades sociales saltan a la vista. Los barrios lujosos tienen como telón de fondo enorme barriadas populares. “En las zonas pudientes la gente sigue haciendo reuniones sociales, se junta a hacer deportes, la vida sigue como si nada”, denunció Navarrete.
El costo de abandonar la salud
La expansión de Covid-19 en la provincia de Guaya y especialmente en Guayaquil se originó ante la llegada masiva de ecuatorianos residentes en España. La comunidad ecuatoriana en ese país es muy numerosa. El gobierno hizo una pobre vigilancia epidemiológica en el país desde que se detectó el primer caso de covid-19, sostuvo Esteban Ortíz, médico salubrista de la Universidad de las Américas de Quito. “Entre los que llegaron de España estuvo la primera gran propagadora de la enfermedad. Ella contagió contagió a 17 familiares, de las cuales dos murieron. En ese momento no hubo una buena política de prevención hacia la personas que llegaban al país”, sostuvo Ortiz. Para el médico otro elemento que permite entender la gravedad de la situación, es la desinversión en salud de los últimos gobiernos, pero especialmente durante la administración de Moreno. “El gobierno disminuyó el gasto público en salud. Se tildó de burócratas a todos los trabajadores públicos, incluidos los de la salud, y echaron a muchos de ellos. Con los cual acotaron el margen de respuesta ante una crisis de este tipo”, denunció Ortiz. Además informó que los hospitales públicos no se fueron equipados para la pandemia. “Al primer caso sospechoso de coronavirus, que fue un paciente chino, no se le pudieron hacer los análisis pertinentes por que no funcionaba el tomógrafo del hospital público Emilio Espejo, el más grande de Quito. En los últimos tres años el sistema hospitalario fue muy debilitado”, sostuvo Ortiz.
Ecuador es el cuarto país en toda América más afectado por coronavirus, con el agravante de que su población -de casi 17 millones- es muy inferior a la de Estados Unidos, Canadá y Brasil, que lo superan en la fatídica lista. Chile, por ejemplo, tiene más contagios pero muchos menos fallecidos. Al día de hoy Guayaquil es la ciudad con la mayor tasa de mortalidad cada cien mil habitantes en todo el continente sudamericano. Sin embargo, Ortiz remarcó que esos números serían mucho peores si se hubiera abordado la pandemia como en Brasil. Y resalta como algo positivo que el gobierno haya ordenado en forma temprana el confinamiento de toda la población.
Ecuador lleva 18 días de parálisis total. El sector informal y los desempleados, que sumados componen el 60 por ciento de la población económicamente activa, son los más golpeados por esta situación. A esto se suma la profunda crisis económica que se venía arrastrando. El gobierno no tomó medidas ni siquiera para defender a los trabajadores formales, informó Pablo Iturralde, economista del Centro de Derechos Económicos y Sociales. “Al contrario, se le permitió al empleador que descuente los días de vacaciones de la actual cuarentena. Y como segunda medida, les permitió suspender los pagos de salarios por tiempo indeterminado. El gobierno está viabilizando que la cuarentena la paguen los trabajadores”, sostuvo Iturralde. Además resaltó que el colapso del sistema de salud se explica en que el gobierno decidió priorizar el pago de la deuda externa. “Las reformas de austeridad recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos llevaron a esta situación. Se adoptan esos programas pensando en resultados financieros, pero no en las consecuencias para la población. Y eso es lo que hoy estamos viendo”, enfatizó Iturralde.
Fuente: Página/12