Los casos habrían ocurrido en distintos lugares de la provincia y los denunciantes son acompañados por organizaciones de Derechos Humanos de la zona. Ya hay expedientes y las investigaciones, según se dice, están avanzando. Trelew (Agencia) Ya hay más de 40 denuncias en la Justicia contra el ministro de Seguridad Federico Massoni y las máximas autoridades de la Policía del Chubut, en las que se pide que se los investigue por excesos, abusos de autoridad y hasta vejaciones en esas verdaderas “razias” que armaban para salir, supuestamente, a controlar que se cumpliera la cuarentena.
Los casos por lo que en algún momento Massoni y su gente deberían dar explicaciones ante un juez, han sido denunciados desde distintos lugares de la provincia y algunos tuvieron repercusión nacional, como el de la mujer a la que supuestamente hicieron desnudar en una comisaría de Madryn. O el del hermano del jefe de Policía pidiéndole en una comunicación por Whatsapp a otro comisario de Trelew que mandara a sus dependientes a salir a “meter gente en cana” para contentar al ministro Massoni.
El caso de los “pucará” y los “chimangos”; conocido así porque con esa terminología el comisario Paulino Gómez, todavía director de Seguridad de la policía del Chubut, identificaba por un lado a los policías y por el otro a los presuntos infractores, a los que debían salir a cazar.
En la denuncia contra Gómez, pedirían que la Justicia lo investigue por delitos que van desde “abuso de autoridad” hasta una posible “violación de los deberes de funcionario público”.
“Órdenes ilegales”
En el escrito que presentó la “Comisión contra la Impunidad y la Justicia en Chubut”, una organización de Derechos Humanos con asiento en Trelew, se considera que Paulino Gómez impartió “órdenes ilegales” y se pide que se lo investigue –en principio– por eventuales delitos de “abuso de autoridad”.
También se solicita que “se oficie a la Defensoría General de la Provincia y a la Defensoría del Pueblo, a fin de que informe sobre la totalidad de las denuncias de abuso policial recibidas durante la vigencia de las medidas de aislamiento social
obligatorio, ordenadas por el Gobierno Nacional y Provincial, en el marco de la lucha contra el Covid-19”.
Se peticiona también, como otro medio de prueba, que “se arbitren los medios necesarios para obtener el registro de detenciones de la Comisaría Primera de Trelew, desde el inicio de las medidas de aislamiento mencionadas antes y hasta
la actualidad”.
“Zavala, por favor te pido, activá en el centro (de Trelew), ahora: tratá de meter gente en cana. El ministro (Massoni) me está preguntando por qué la (seccional) Primera no tiene detenidos”. Ese es parte del mensaje que a través de Whatsapp le bajó Gómez a su dependiente en un audio que se filtró a las redes sociales el pasado 7 de abril.
Resoluciones contra la Constitución
En otro apartado de las denuncias formuladas por los Derechos Humanos, a las que tuvo acceso este diario, se menciona lo siguiente (sic) “Dictado de resoluciones contrarias a la Constitución Nacional. Quizás el origen de todas estas prácticas abusivas se encuentra en las Resoluciones ministeriales (…) dictadas por el ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni en el marco de la emergencia sanitaria, cuya constitucionalidad ha sido fuertemente cuestionada”, se asegura.
“Sabido es que las garantías constitucionales adquieren una relevancia superlativa en tiempos de emergencia y excepción, pues es precisamente allí cuanto más debe controlarse al poder público. Y, ciertamente, nos encontramos en una situación excepcional de emergencia sanitaria a raíz del Covid-19 y las medidas de restricción y aislamiento dispuestas desde el Gobierno Nacional; pero que de ningún modo aniquila la democracia ni el estado de derecho vigente en ella, y mucho menos permite que se avasallen derechos ni se cometan abusos de ninguna índole”, se advierte.
«En único órgano que tiene facultades para restringir las libertades constitucionales -como lo es el de transitar libremente- es el Congreso Nacional, o en caso de Necesidad y Urgencia el Presidente, que así lo hizo con el DNU 297/2020”, se aclara.
“El ministro Massoni ha dictado disposiciones o Resoluciones Ministeriales restrictivas de la circulación, que no son Decretos y que restringen las libertades de los habitantes de Chubut, en una medida mayor que el DNU Nacional (Dto. 297/90)”, agregan los denunciantes en la presentación judicial.
Más adelante denuncian: “Esto es una clara invasión a las órbitas de otros Poderes. Algo que requiere ser evaluado y controlado desde la Justicia y desde la ciudadanía en tiempos de excepción donde, precisamente, es necesario reforzar el control al poder público para que no abuse, tal como manifiestamente lo viene haciendo. Este exceso de las potestades que se ha atribuido Massoni, con el dictado de las mencionadas Resoluciones -más allá de ser repudiable políticamente, por cuanto no se ha verificado ninguna utilidad con las restricciones dispuestas y sí se ha dado pie a numerosos abusos por parte de la fuerza policial, a cargo de controlar el cumplimiento de las medidas, debe ser también investigado por el Ministerio Público Fiscal como presunto abuso de poder y, eventualmente, ser sancionado como ilícito penal”.
“Pedido de juicio político”
Así las cosas, desde el ámbito en el que se analizan estas denuncias no se descarta que una vez que avancen, incorporándose prueba y testimonios que para los denunciantes son irrefutables, se pida el juicio político del ministro Massoni, en una medida que ya había sido adelantada cuando se conoció el fallo de la jueza penal Mirtha Moreno con motivo del “habeas corpus” colectivo al que hizo lugar luego de interpuesto por las organización de Derechos Humanos, en el que se pedía a la Justicia que frenara los excesos policiales.