Una de las causas que factiblemente se inicie pronto, vaticinan en la Justicia, sería la del ataque indiscriminado a vecinos del barrio INTA de Trelew. Ahí son varios los denunciantes, esencialmente aquellos que resultaron heridos y en esa investigación la fiscalía ya ha hecho diligencias en Rawson; en dependencias de la Jefatura de Policía. El fin de semana, por ejemplo, secuestraron el minibús de la Guardia de Infantería.
Sería el que aparece en uno de los videos que se viralizaron y que captan el momento en el que alguien desde adentro, dispara a mansalva contra dos personas que aparentemente estaban en el patio de su casa.
A ese vehículo lo incautaron presuntamente para hacer un reconocimiento y después lo restituyeron a la fuerza en una diligencia que se hizo en el más absoluto hermetismo, como otras que se efectuaron antes y después.
Es indudable que los Derechos Humanos están impulsando la apertura de la causa penal y que la investigación inicial tiende a encontrar al o los policías que dispararon contra los vecinos, pero también a individualizar a quienes dieron ordenes o a los que estuvieron al frente de ese operativo que terminó con varios heridos a escopetazos con munición antitumulto en el barrio INTA de Trelew; entre la noche del domingo 14 de junio y la madrugada del lunes 15.
Pero esta no es la única denuncia que apunta al todavía ministro de Seguridad Federico Massoni y a sus edecanes de la Jefatura de Policía, los hermanos Miguel y Paulino Gómez. Como ya se sabe son varias y en todas se ponen en evidencia casos de brutalidad policial y hasta de detenciones ilegales.
El caso del joven al que lo atacaron ferozmente dentro de un departamento de las Mil Viviendas de Trelew, al que habrían ingresado varios policías sin una orden de un juez es otro que se podría convertir dentro de poco en una causa penal ya no contra Massoni y los Gómez sino contra al menos diez efectivos de la fuerza, a los que los someterían a una rueda de reconocimiento delante de la víctima con el uso de un protocolo sanitario.
Según se decía en la Justicia, están estudiando cómo hacer la diligencia y la quieren efectivizar lo más antes posible.
Entre oficios exigiendo la entrega de determinada documentación, allanamientos en dependencias de la policía, el secuestro de un vehículo de la fuerza, reconocimientos en rueda de personas que vendrán y testimoniales; el accionar judicial empieza a agilizarse en investigaciones que terminarían en causas penales por las que Massoni y los hermanos Gómez van a tener que ir seguido a tribunales con el riesgo de tener que afrontar varios juicios en el banquillo de los acusados.
Ahora –por ejemplo—hay un juez de Ejecución de Puerto Madryn muy interesado en conocer porqué hace unos días hicieron un verdadero allanamiento en el Instituto Penitenciario Provincial que está camino a Madryn.
Ahí, entre Massoni y los Gómez encabezaron un operativo con las fuerzas especiales, supuestamente buscando celulares que según ellos eran utilizados para cometer estafas y extorciones desde la cárcel, pero el procedimiento lo habrían hecho sin la orden de un juez.