Miles de personas se movilizaron en toda la provincia de Chubut para frenar el intento del gobernador, Mariano Arcioni, de reflotar viejos proyectos de explotación de megaminería que serían devastadores para la provincia desde el punto de vista social y ambiental. El intento del gobernador se da en el escenario de una provincia quebrada por las políticas de endeudamiento que se llevaron adelante en Chubut desde 2016, a tono con lo ocurrido a nivel nacional. Arcioni presenta a la megaminería como única salida de la crisis, cuando en realidad hay proyectos alternativos, como el presentado por la mesa de unidad sindical provincial, que contempla la suspensión de los pagos de la deuda y una “ley tributaria de emergencia”.
Por: Melisa Molina | Fotos: Facundo Geli – Aníbal Aguaisol
Chubut, cada día que pasa, transita una situación más compleja. La provincia –que es la cuarta exportadora del país y la que solía ser una de las más ricas– acarrea deudas con bancos internacionales tomadas a partir del año 2016 y en la actualidad debe más de dos meses de salario a sus trabajadores estatales, a quienes tampoco les pagó el aguinaldo correspondiente al mes de julio. A esto se suma que los alumnos de las escuelas públicas están hace cerca de dos años sin clases y el sector privado tampoco funciona porque no circula dinero. Además, el turismo está frenado por la pandemia, y los hospitales colapsados con médicos que no cobran.
“En 2016, en el marco del desfinanciamiento del gobierno nacional del ex presidente Mauricio Macri, se habilitó a las provincias a tomar deuda externa. Eso fue lo que hizo el ex gobernador Mario Das Neves tomando 650 millones de dólares con un banco de Londres”, explica a Lalengua Martín Pena, Secretario de la regional oeste del sindicato ATECH, y ubica ese hecho como el comienzo de la debacle. “La plata que se pidió afuera fue utilizada para pagar gastos corrientes y otra parte enorme no se sabe dónde fue colocada. La deuda fue incrementando con bancos extranjeros y en la actualidad alcanza unos 150 millones de dólares”, detalla. Dado el acuerdo con los acreedores, las regalías petroleras se transfieren de manera automática a estos, con lo cual el gobierno provincial no puede postergar los pagos y destinar ese dinero a otros fines como, por ejemplo, pagar los salarios de los trabajadores estatales.
La estrategia del actual gobernador, Mariano Arcioni, a un mes de asumir su nuevo mandato, fue dividir a los asalariados en cuatro rangos distintos: los que cobran menos de 40 mil pesos conforman el primer rango; el segundo lo integran los que cobran hasta 65 mil; el tercero quienes reciben hasta 150 mil y en el cuarto rango están aquellos que cobran más de 150 mil pesos por mes. “Esos rangos se fueron corriendo y el pago ya no fue cada 30 días. Esto trajo y trae cientos de problemáticas: las personas han perdido sus alquileres, deben meses y meses de servicios y han entrado en deudas enormes. Además, como nadie sabe cuándo ni cuánto va a cobrar, cuando tiene plata la guarda y gasta lo menos posible y eso hace que en la provincia haya baja circulación de dinero. En Chubut hay una quiebra financiera enorme y todos estamos empobrecidos”, asegura Pena. Además, indica que es sumamente necesario “poner inversión en edificios porque las escuelas y hospitales están hace tres años abandonados por el estado provincial. Hoy, para 560 mil habitantes, la provincia no llega a 20 camas de terapia intensiva. Es un deterioro enorme”.
La megaminería y la histórica lucha del pueblo chubutense
En medio de esta profunda crisis desatada por la toma de deuda irresponsable –de la que tampoco se sabe para qué fue utilizada– el gobierno provincial comenzó a emitir claras señales de simpatía con la actividad megaminera, presentándola como la única salida del enorme problema financiero que ahoga a la provincia desde 2016. Pero esto implicaría violar la normativa vigente, que desde el año 2003 prohibe mediante la ley provincial 5001 la actividad extractivista en todo el territorio provincial. Esta ley fue forjada al calor de las movilizaciones populares. La megaminería cuenta con un profundo rechazo del pueblo chubutense, sobre todo en las ciudades cordilleranas, como es el caso de Esquel, conocido como “el pueblo del No a la Mina”.
Fuente: La Lengua