A pesar de la amplia normativa en materia de Derecho Ambiental que existe en Argentina, las áreas protegidas y los territorios naturales afrontan un panorama se serias dificultades para su conservación. Los incendios en la Comarca Andina de Chubut volvieron a activar las alertas sobre proyectos mineros que procuran avanzar en la Patagonia. El Extremo Sur dialogó con Agustín Filippi, abogado y profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, quien destaca la tensión creciente entre un Estado que «hace la vista gorda» y la voluntad colectiva de ciudadanos con una participación en la defensa del ambiente.
Filippi remarcó la necesidad de trabajar con el concepto de «discriminación ambiental» hacia las poblaciones más vulneradas, quienes «soportan desproporcionadamente los impactos ambientales». Sostuvo que el avance contra la naturaleza no es un caso aislado: «Tenemos una política totalmente extractivista respecto del territorio y del uso de recursos naturales; donde el Estado no se hace presente en el control, proliferando daños ambientales, sociales, y con poco beneficio para la comunidad».
Filippi confronta la concepción de la megaminería como un proyecto sustentable y orientado a generar empleo en las localidades, y opina que «La capacidad de empleo no es la que mencionan, y las ganancias de las empresas son prácticamente totales, el 97% de los minerales extraídos es ganancia para ellos, solamente el 3% perciben las provincias en concepto de regalías».
En el marco del debate en torno a los incendios en la Comarca Andina se habló mucho sobre los intereses económicos detrás de los bosques. ¿Qué pasa con las áreas protegidas afectadas por el incendio? ¿Algún proyecto minero o inmobiliario podría utilizarlas?
Existen dos Leyes en ese sentido, una de presupuesto mínimo a nivel nacional, que rige para todo el territorio. Establece el control de las actividades de quema. Existe otra sobre la prevención y combate de incendios forestales, y exige al Estado que cuando un bosque nativo o bien una región natural es afectada, se debe recuperar un área de conservación con la misma categoría que tenía originalmente. Tiene que mantener y restaurar las categorías de restauración de ecosistemas que existían. Es una pauta general. Claramente no se puede hacer un cambio de uso de suelo. El año pasado el Frente de Todos presentó algunas reformas entre las que establecen accesoriamente un plazo mediante el cual en un término de 60 años no se puede modificar el uso de suelo para áreas de bosque. No pueden disponerse para actividades humanas u otros usos como proyectos inmobiliarios o mineros.
Sin embargo, las normativas pueden ser modificadas.
En cuanto a los incendios, a nivel nacional existe esta obligación de carácter general. No podría utilizarse un área quemada para destinarla a otros usos, tiene que ser recuperada para la conservación. Aunque a veces no se cumpla por parte de las autoridades, ya sea por acción u omisión.
¿Cuál es el marco de regulación y control para la actividad minera?
Las entidades e instituciones como Ministerio de Ambiente, Secretarías de Ambiente de cada jurisdicción tienen la potestad y obligación de controlar todos los proyectos mineros, exigir sobre todo la evaluación de impacto ambiental como un procedimiento preventivo y obligatorio para todas las actividades.
¿Percibís una correcta aplicación de estos controles?
El tema es cómo día a día se controlan las actividades, si se presentan proyectos o no, qué empresas están explotando al margen de las licencias ambientales y sociales. Ahí es donde entra la mayor conflictividad cuando los Estados hacen la vista gorda, por eso cada vez hay una mayor búsqueda de información y participación de la ciudadanía en cuestiones ambientales.
Según tu experiencia, ¿estos casos son excepciones o son la regla?
Tenemos una política totalmente extractivista respecto del territorio y del uso de recursos naturales. Y donde el Estado no se hace presente en el control, produciéndose daños ambientales, sociales, de distintas actividades, y con poco beneficio para la comunidad. Creo que es una problemática en general extendida en todo el país, habría que analizar casos puntuales.
¿Podríamos decir que es un modelo profundamente fundado en los intereses capitalistas?
Sin dudas, por eso el modelo de producción económico en cuanto a la megaminería o al agronegocio, va de la mano con estos intereses económicos.
¿Cómo se caracteriza el interés colectivo en el Derecho Ambiental? ¿Tiene un peso fuerte?
El derecho ambiental está basado en los derechos colectivos. Ese interés colectivo puede ser ejercido por afectados, organizaciones de base o intermedias, que tengan por fin defender el ambiente. Y luego el defensor del pueblo, la cuestión colectiva está en el núcleo de esas problemáticas. El ambiente es para la colectividad.
En el caso de Chubut, ¿de qué manera analizás el avance de la minería a pesar de las iniciativas populares?
Lamentablemente, la participación del sector público la convoca o convoca a último momento. Son políticas públicas que no tienen licencia social; es clave que en cada proceso se vea una participación más amplia de todos los sectores, especialmente los que pueden ser afectados.
¿Puede generarse una crisis de legitimidad cuando avanzan con un debate sin consultar a la población?
Sí, creo que se ha dado en muchos casos. Esquel es un caso paradigmático con el No a la Mina en 2003, con el plebiscito; en el caso de Córdoba con el tema de la Ley de Minería; con el fracking en Mendoza y en la Rioja también con la cuestión minera. Es donde más trascendencia tomó la cuestión ambiental, los últimos años se han hecho muchos reclamos, movilizaciones. También existen reclamos por las antenas de telefonía y la radiación, contaminación de cuencas, impacto de los agroquímicos; son reclamos que han tomado auge, y pueden hacer entrar en crisis políticas a algunos gobernantes. Es un tema que está siempre marginado de la agenda política.
¿Una crisis como esta impacta concretamente sobre quienes ocupan posiciones de poder político?
Se ve a nivel internacional, el hecho de que Donald Trump en Estados Unidos no suscriba al acuerdo de París del cambio climático, hace que impacte su imagen. Sin embargo, hay muchos electores que acompañan esos proyectos, no valoran la cuestión ambiental, o racial, social, entonces lamentablemente se mantienen en el poder. Hay varias denuncias a nivel internacional, y sin embargo es difícil correrlos del poder solo por una crisis de legitimidad, pero el ambientalismo ayuda a que esto se problematice y se visibilice el conflicto.
Comentabas que percibís una mayor conciencia ambiental en los últimos años.
Claramente, con el correr de los años hay una mayor participación social, una conciencia de que somos parte de este sistema, como entorno. En algunas acciones se va mejorando, queda mucho todavía por hacer.
¿De qué manera se relacionan los conflictos ambientales con la cuestión social? Suele suceder que los daños ambientales impactan en mayor medida a las poblaciones vulnerables.
Eso se puede englobar en el concepto que usamos, que es el de la «discriminación ambiental». Es un concepto interesante, ahí se evidencia la interseccionalidad de derechos. Porque siempre termina habiendo una asimetría y sobrecarga en los sectores más pobres y excluidos, como sucede con los pueblos afroamericanos o los pueblos originarios. Soportan desproporcionadamente los impactos ambientales. Los conflictos por la propiedad de las tierras, por ejemplo, siguen en debate, en el marco del ambientalismo y el derecho de las minorías.
En este sentido, ¿qué sucede con los recursos a nivel mundial?
Los recursos son escasos, hay una sobreexplotación. Deberíamos introducir un paradigma de menor explotación de los recursos y búsqueda alternativa de menor consumo, entender toda esta filosofía. Hay propuestas muy interesantes desde los pueblos indígenas, con su cosmovisión. Son alternativas que ayudarán a una mayor protección de la humanidad y en beneficios de los sectores más vulnerados. Acá hay una responsabilidad de los países europeos y del llamado «primer» mundo, como Estados Unidos, por el modelo de desarrollo económico y «progreso» que imponen a los países del Sur Global.
¿En qué medida las acciones individuales impactan en el ambiente? Existe un discurso que tiende a señalar la responsabilidad individual y no la responsabilidad de las grandes empresas.
Creo que ahí es donde está el mayor engaño de las políticas por parte del Estado: nos hacen creer a los individuos que tenemos que cambiar nuestro sistema de consumo para cambiar las políticas o la distribución de los bienes y recursos; pero justamente el gran cambio viene de parte del Estado, de las políticas más amplias. Esto sirve para atacar los problemas de raíz, como son la contaminación de industrias, la minería. Sin dudas la acción individual tiene importancia, cumple un rol que es la concientización, donde cada uno debe hacerse responsable desde su lugar, pero me parece que las políticas pueden definir cambios más grandes, impulsar cambios colectivos.
De acuerdo a tu visión, ¿cuáles son los problemas ambientales más urgentes en la Argentina?
Los urgentes son muchos, pero lo más acuciante sería la crisis alimentaria. Me parece que estamos viviendo un contexto en el que la pobreza es cada vez mayor, es una realidad que viene arrastrándose. Hay una mayor producción de bienes y servicios a nivel mundial que no se ve reflejada en que la humanidad esté bien alimentada, con acceso a recursos y servicios básicos. Ahí también hay una responsabilidad política y de las empresas. Eso tiene directa vinculación con lo que son las problemáticas ambientales y sociales, estos grandes proyectos extractivistas, de infraestructura, benefician a un puñado de grupos económicos a nivel mundial y no existe una redistribución de la riqueza como plantean desde las políticas. Si este modelo se sigue profundizando la brecha será cada vez mayor y la crisis va a seguir siendo grande.
¿Cuál es tu análisis respecto a la idea de los defensores de la megaminería de que esta actividad podría aumentar el empleo y el presupuesto en las localidades donde se instala?
Sabemos que la minería tiene proyectos golondrinas, pueden estar 15, 30 años, pero luego dejan el territorio abandonado. El tiempo que la minería tiene para instalarse en un territorio conlleva una demanda importante de trabajadores de empleos indirectos respecto a la construcción de infraestructura. En la parte operativa se reduce mucho el empleo, ya que se emplea mucha gente extranjera, o ingenieros, capacitados profesionales. La capacidad de empleo no es la que mencionan. Por otra parte, las ganancias de la empresa son prácticamente totales. De acuerdo a la Ley de inversión minera argentina, el 97% es ganancia y el 3% regalía. Los beneficios son muy escasos, más allá de que haya un mínimo reconocimiento por la explotación de los recursos, es más un espejo de colores que venden que un real reparto de beneficios para las comunidades locales.
¿Qué lugar ocupa la industria argentina en este negocio?
La extracción de algunos metales requiere una inversión muy grande. En general, las empresas argentinas no tienen la capacidad de hacerlo, o no pueden asumir el riesgo de hacerlo ellos mismos. Podríamos tener empresas estatales, invertir en los proyectos. Pero son todos proyectos transnacionales de empresas extranjeras, australianas y canadienses principalmente. Hay grandes réditos y minerales que se llevan las empresas, algunos están sin declarar, otros son omitidos. Esa es la realidad de las provincias mineras, se puede ver algún tipo de mejoría en ciertos sectores porque entra un caudal de dinero al Estado, pero no es una parte sustancialmente importante; sigue beneficiando a intereses políticos y económicos.
¿Es posible pensar en una minería sustentable o siempre es contaminante?
La minería tradicional es escasa. Es raro encontrar oro u otros metales como se encontraba antiguamente. Sin embargo, hasta el día de la fecha, la megaminería realiza la explotación con sustancias tóxicas. Hay investigaciones que hablan de otro tipo de tecnología que se puede usar para la extracción, pero todavía no está apta para su utilización y los costos son elevados. Entonces las opciones serían no avanzar sobre esos territorios, y buscar alternativas de producción u otras economías regionales que apunten al empleo y el trabajo, mejorando la calidad de vida de las comunidades.
¿Cómo ves la aplicación de la Ley Yolanda, destinada a capacitar a las y los empleados públicos en materia ambiental?
Toda normativa o ley que regule a favor del ambiente es positiva, en un punto esto sigue avanzando, se sigue concientizando. Las leyes también educan. El tema es que tiene que haber realmente una preocupación y una ocupación del sector político que aplique la normativa. El Poder Ejecutivo, así como tiene a cargo la toma de decisión en materia económica y productiva, debe promover también políticas públicas para la protección del ambiente y de las personas. Cuidar las poblaciones expuestas a riesgo, controlar la contaminación, proteger los recursos naturales, y redistribuir sus beneficios.