Hace poco más de un mes, la exmandataria hace un mes reclamó ser sobreseída.
La Sala I de la Cámara de Casación definirá en los próximos días el destino de la causa del dólar futuro, en la que se investiga si se cometió algún delito en la operatoria con esa herramienta cambiaria durante el período final del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Tanto la vicepresidenta como Axel Kicillof -por entonces ministro de Economía- podrían enfrentar un juicio oral.
Hace poco más de un mes, la exmandataria reclamó ser sobreseída y dio un extenso discurso en el que apuntó al poder judicial, al que acusó de ser “un sistema podrido y perverso”, e incluyó una fuerte defensa política en la que arremetió contra el expresidente Mauricio Macri, entre varios exfuncionarios y opositores. El descargo fue expuesto por videoconferencia ante la Casación.
Aquella audiencia respondió a un trámite propio de las instancias de queja que llegan a la Cámara Federal de Casación. El destino de la causa ahora está en manos de tres jueces, los miembros de la sala primera federal de Casación Penal Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes deben decidir luego de haber escuchado el 4 de marzo además de a la vicepresidenta, al gobernador bonaerense y exministro de Economía; al extitular del Banco Central Alejandro Vanoli; y al actual titular de la entidad Miguel Pesce, entre otros.
A fines de 2015, con las elecciones presidenciales ya perdidas, el mercado y los agentes económicos descartaban una devaluación ya que el candidato ganador había anunciado en campaña que eliminaría el cepo al dólar. Aún con ese escenario, el Banco Central comandado en ese entonces por Vanoli, vendía contratos de dólar futuro al precio oficial de aquellos días.
Cuando se concretó el cambio de Gobierno y el tipo de cambio se disparó, el Estado perdió sumas millonarias. Se estima que la operatoria le costó US$17 mil millones al Central.
Las defensas sostienen que no debe haber juicio porque no hubo ningún perjuicio para el Estado. Se basan en una pericia que realizó el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia en la que analizaron los balances del Banco Central de 2015 y 2016, y en la se reportaron ganancias. En ese sentido, hablan de una “absurda acusación” y apuntan a que el verdadero perjuicio para el Estado lo provocó el gobierno de Macri al pagar esos contratos después de una devaluación.
El debate entre los magistrados se desarrolla a través de encuentros que mantienen por videollamadas, mediante la plataforma Zoom.
Si bien las discusiones entre los magistrados se desarrollan en completo hermetismo, los trascendidos indican que los jueces deberán decidir entre tres grandes opciones:
1- Declarar inadmisible el recurso de Casación (la causa seguiría camino al juicio, aunque se descuenta que las defensas buscarán la intervención de la Corte Suprema de Justicia).
2- Emitir una resolución que le ordene al Tribunal Oral Federal número 1 que se ocupe de resolver sobre el fondo de los planteos de los imputados que reclaman ser sobreseídos.
3- Declarar la atipicidad del delito que se intenta investigar por tratarse de operaciones realizadas dentro de las atribuciones del Banco Central.
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