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Hace poco más de un mes, la exmandataria hace un mes reclamó ser sobreseída.

La Sala I de la Cámara de Casación definirá en los próximos días el destino de la causa del dólar futuro, en la que se investiga si se cometió algún delito en la operatoria con esa herramienta cambiaria durante el período final del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Tanto la vicepresidenta como Axel Kicillof -por entonces ministro de Economía- podrían enfrentar un juicio oral.

Hace poco más de un mes, la exmandataria reclamó ser sobreseída y dio un extenso discurso en el que apuntó al poder judicial, al que acusó de ser “un sistema podrido y perverso”, e incluyó una fuerte defensa política en la que arremetió contra el expresidente Mauricio Macri, entre varios exfuncionarios y opositores. El descargo fue expuesto por videoconferencia ante la Casación.

Aquella audiencia respondió a un trámite propio de las instancias de queja que llegan a la Cámara Federal de Casación. El destino de la causa ahora está en manos de tres jueces, los miembros de la sala primera federal de Casación Penal Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes deben decidir luego de haber escuchado el 4 de marzo además de a la vicepresidenta, al gobernador bonaerense y exministro de Economía; al extitular del Banco Central Alejandro Vanoli; y al actual titular de la entidad Miguel Pesce, entre otros.

A fines de 2015, con las elecciones presidenciales ya perdidas, el mercado y los agentes económicos descartaban una devaluación ya que el candidato ganador había anunciado en campaña que eliminaría el cepo al dólar. Aún con ese escenario, el Banco Central comandado en ese entonces por Vanoli, vendía contratos de dólar futuro al precio oficial de aquellos días.

Cuando se concretó el cambio de Gobierno y el tipo de cambio se disparó, el Estado perdió sumas millonarias. Se estima que la operatoria le costó US$17 mil millones al Central.

Las defensas sostienen que no debe haber juicio porque no hubo ningún perjuicio para el Estado. Se basan en una pericia que realizó el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia en la que analizaron los balances del Banco Central de 2015 y 2016, y en la se reportaron ganancias. En ese sentido, hablan de una “absurda acusación” y apuntan a que el verdadero perjuicio para el Estado lo provocó el gobierno de Macri al pagar esos contratos después de una devaluación.

El debate entre los magistrados se desarrolla a través de encuentros que mantienen por videollamadas, mediante la plataforma Zoom.

Si bien las discusiones entre los magistrados se desarrollan en completo hermetismo, los trascendidos indican que los jueces deberán decidir entre tres grandes opciones:

1- Declarar inadmisible el recurso de Casación (la causa seguiría camino al juicio, aunque se descuenta que las defensas buscarán la intervención de la Corte Suprema de Justicia).

2- Emitir una resolución que le ordene al Tribunal Oral Federal número 1 que se ocupe de resolver sobre el fondo de los planteos de los imputados que reclaman ser sobreseídos.

3- Declarar la atipicidad del delito que se intenta investigar por tratarse de operaciones realizadas dentro de las atribuciones del Banco Central.

Este martes a las 9, iniciará el juicio oral y público que tiene en el banquillo de los acusados a dos dirigentes de una fracción de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por las amenazas que sufrió Andrés Meiztner cuando se desempeñaba como Susbsecretario de Trabajo de la Provincia. Se trata de Edgardo Hompanera y Carlos Morales a quienes se les imputa el delito de «coacción simple en calidad de coautores».

Marcelo Nieto De Biase será el juez del debate, y por parte del Ministerio Público Fiscal ,desfilarán 16 testigos de los hechos investigados.

Además, hay que recordar que la fiscal general fue la encargada de investigar los hechos que ocurrieron el 19 de septiembre de 2019 en el interior de las oficinas de Meiztner cuando ocupaba ese cargo en el Gobierno provincial. En este marco, se cree que Hompanera y Morales, junto a otros militantes de una facción del gremio de trabajadores estatales ATE, ingresaron abruptamente a la oficina del funcionario. Una vez dentro del reciento comenzaron a proferir insultos y amenazas contra Meiztner, de manera intimidatoria con el objetivo de que desde ese Ministerio se reconozca a esa fracción gremial.

El hecho ocurrió pasadas las 13 del mencionado día. Según las investigaciones, se estima que Morales se acercó a Meiztner, y de manera intimidante lo amenazó de muerte al manifestarle que «si desconocés al gremio te voy a cagar a tiros». Al mismo tiempo, Hompanera le indicaba que «sabes quién soy. Te voy a matar».

Este hecho fue calificado por el Ministerio Público Fiscal como constitutivo del delito de «coacción simple en calidad de coautores».

El lunes 22 de marzo es muy probable que se decida enviar a juicio el caso que tiene como principal imputada a la exministra –y actual diputada Graciela Cigudosa, por hechos de corrupción que le endilgan durante su gestión al frente del Ministerio de Educación.

Además de Cigudosa, están procesados en la misma causa quien fuera subsecretario de Educación, Raúl Alberto Care, su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel, y unos monotributistas que aparentemente eran contratados por el Ministerio: Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra. Ellos también habrían participado de las supuestas maniobras fraudulentas contra el Estado chubutense.

Los hechos datan de los primeros meses de 2019 y se habrían registrado principalmente en la contratación de empresas para refacción y mantenimiento de escuelas.

Según los fiscales que llevaron a cabo la investigación, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento desde el propio Ministerio de Educación”.

La causa penal se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales y la calificación jurídica inicial fue “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.

Giorgina Roberts, extesorera general de la Provincia, dio su testimonio en el juicio oral por la Causa Revelación y apuntó contra el ex Ministro de Economía.

En la ronda de testigos del Ministerio Público Fiscal en el juicio oral por la Causa Revelación, ayer fue el turno de la declaración de la ex tesorera general de la Provincia cuando el imputado Pablo Oca era Ministro de Economía del Chubut.

Roberts es jubilada, trabajó durante 34 años y dijo que en los años 2015, 2016 y 2017 la Provincia ya tenía dificultades para pagar sus obligaciones. En ese sentido, agregó que «el que define a quién y qué pagar es el ministro de Economía».

En cuanto al circuito de la obra pública, detalló que se genera una orden de pago, se forma el expediente, pasa a Contaduría General que lo revisa y si todo está bien, aprueba el pago y pasa a Tesorería. El trámite queda registrado en el sistema SIAFyC. Las planillas llegaban de Infraestructura para pagar las obras y no estaban dentro del sistema, informó el Diario Jornada.

«No se podía pagar todo” y si hubiera fondos las planillas se debían pagar completas. Desde Infraestructura llegaba la orden, se archivaba y cuando se habilitaba el pago, se desarchivaba y se pagaba.

«Oca me citaba para decirme qué pagar o qué no pagar”, contó y expresó que «tenía un carácter fuerte”.

El Ministerio Público Fiscal de Rawson, a través del fiscal Marcos Nápoli, había logrado alcanzar un acuerdo de culpabilidad con Gonzalo Carpintero, con una pena de seis años de prisión y 70 millones de pesos de caución por haber formado parte de una asociación ilícita y por enriquecimiento ilícito, mientras que Oca había aceptado haber formado parte de la misma asociación, y le cabía una pena de tres años de prisión, aunque lo más relevante es que ambos iban a quedar inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos.

En octubre del año 2020, al caerse el acuerdo que había logrado Fiscalía con Gonzalo Carpintero, quedó establecido que en febrero comenzaría el juicio oral.

Sin embargo, el juez Piñeda rechazó el acuerdo en el marco del juicio abreviado a través de una resolución que se emitió a mediados de septiembre pasado.

La Fiscalía declinó de presentar la respectiva apelación y aceptar los términos y plazos del juicio oral y público, y se conoció que hoy darán comienzo las audiencias del juicio oral y público.

Este miércoles se iniciarán las audiencias que tienen como imputados a Víctor Cisterna, ex Ministro Coordinador; Pablo Oca ex ministro de Economía, Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador; de Infraestructura, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray ex presidente del IPV; Gonzalo Carpintero ex secretario privado de Das Neves y Diego Lüthers de la mismo área.

Entre los privados estarán sentados en el Tribunal Martín Castillo y Pablo Menedin. Todos ellos comparecerán en el juicio por corrupción que tuvo como delito el desvío de fondos, sobreprecios de insumos, cohecho y contrataciones apócrifas, entre funcionarios del Estado y comerciantes de Chubut, cuando arreciaron las inundaciones en Comodoro Rivadavia hace casi 4 años y desde el poder y el sector privado, se cometieron evidentes actos de corrupción.

El tribunal estará compuesto por los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González.

Después de «Embrujo», «Revelación» es la segunda gran causa por corrupción que se ventilará en tribunales de Chubut. Todos fueron funcionarios del gobierno que encabezaba Mario Das Neves.

El Ministerio Público Fiscal de Rawson, a través del fiscal Marcos Nápoli, había logrado alcanzar un acuerdo de culpabilidad con Gonzalo Carpintero, con una pena de seis años de prisión y 70 millones de pesos de caución por haber formado parte de una asociación ilícita y por enriquecimiento ilícito, mientras que Oca había aceptado haber formado parte de la misma asociación, y le cabía una pena de tres años de prisión, aunque lo más relevante es que ambos iban a quedar inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, el juez Piñeda rechazó el acuerdo en el marco del juicio abreviado a través de una resolución que se emitió a mediados de septiembre pasado.

La Fiscalía declinó de presentar la respectiva apelación y aceptar los términos y plazos del juicio oral y público, y este miércoles se conoció que el 17 de febrero darán comienzo las audiencias del juicio oral y público.

Entonces, a partir del 17 de febrero de este año se iniciarán las audiencias que tienen como imputados a Víctor Cisterna, ex Ministro Coordinador; Pablo Oca ex ministro de Economía, Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador; de Infraestructura, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray ex presidente del IPV; Gonzalo Carpintero ex secretario privado de Das Neves y Diego Lüthers de la mismo área.

Entre los privados estarán sentados en el Tribunal Martín Castillo y Pablo Menedin. Todos ellos comparecerán en el juicio por corrupción que tuvo como delito el desvío de fondos, sobreprecios de insumos, cohecho y contrataciones apócrifas, entre funcionarios del Estado y comerciantes de Chubut, cuando arreciaron las inundaciones en Comodoro Rivadavia hace casi 4 años y desde el poder y el sector privado, se cometieron evidentes actos de corrupción.

El tribunal estará compuesto por los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González.

Después de «Embrujo», «Revelación» es la segunda gran causa por corrupción que se ventilará en tribunales de Chubut. Todos fueron funcionarios del gobierno que encabezaba Mario Das Neves.

Fuente: El Comodorense

Así lo determinó el juez de garantías David Mancinelli, tras el pedido de la fiscal Verónica Zamboni. Los nueve procesados- que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero-  están imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa el verano pasado, enfrentarán un tribunal integrado por tres jueces, tras haber renunciado a un juicio por jurados; así lo determinó el juez de garantías David Mancinelli tras el pedido de la fiscal Verónica Zamboni.

La calificación es por homicidio agravado por alevosía y por la cantidad de participantes. Según el pedido hecho por el magistrado, el ataque a Fernando Báez Sosa aquella noche del 18 de enero de 2020 habría estado preparado. Y la Justicia determinó que los acusados tuvieron roles diferenciados para atacar a golpes a la víctima y bloquear algún tipo de ayuda.

La semana pasada, los acusados por la muerte a golpes presentaron un pedido para no ser sometidos a un jurado popular y solicitaron la nulidad del requerimiento de la elevación a juicio, algo que no prosperó. El abogado de los imputados, Hugo Tomei, presentó su oposición ante la fiscal y pidió el cese de la prisión preventiva para los detenidos.

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Según informa TN, al momento de renunciar a ser juzgados frente a un tribunal popular, el abogado Tomei señaló que, “según expresó cada uno de ellos, la decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló” a través de los medios de comunicación, que “dieron a conocer distintas constancias del expediente y realizaron una intolerable saturación de las imágenes contenidas en distintos videos que integran el material probatorio”.

Fuente: ADNSUR.

Los abogados que representan a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes el 18 de enero pasado en Villa Gesell, pidieron que nueve de los rugbiersvayan a juicio por el crimen. Para uno de ellos, la fiscal del caso había solicitado el sobreseimiento, y los abogados pidieron que sea juzgado junto a los otros ocho acusados por su muerte.

Según consignó Télam con información de fuentes judiciales, Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de la querella, solicitaron a David Mancinelli, juez de Garantías de la localidad balnearia que Alejo Milanesi, de 19 años, también vaya a juicio oral por el crimen.

Actualmente el joven se encuentra en libertad y es uno de los dos imputados para los que la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, había pedido el sobreseimiento al requerir la elevación a juicio. Milanesi está acusado como partícipe necesario, al igual que Juan Pedro Guarino (19), y la fiscal había pedido el sobreseimiento de ambos.

Los abogados de la familia de Fernando, mediante una presentación en el Juzgado, compartieron lo expuesto por Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, pero consideraron que en el caso de Milanesi el pedido de sobreseimiento es «prematuro», y que no se puede «descartar la participación» en el crimen ocurrido esa madrugada frente al boliche Le Brique.

«Si bien no hay videos en los que se lo muestre pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte», indicaron los letrados.

Apuntaron a que, si bien esa circunstancia fue la que generó que no se su prisión preventiva, “de ninguna forma alcanza para beneficiarlo con una medida de carácter definitivo». En ese marco, consideraron que la situación de Milanesi «corresponde sea evaluada con la amplitud del debate oral», junto a la de los ocho rugbiers que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

Por otro lado, los abogados de los padres de Fernando señalaron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado «sospechoso número 11», identificado en el expediente como Tomás Colazzo. Pidieron que el joven, quien no fue imputado por la fiscal, sea indagado antes de que se resuelva la elevación a juicio.

La noche del crimen

Los abogados consideraron probado durante la instrucción que «entre las 4.41 y las 5» del 18 de enero, Fernando fue asesinado a golpes frente al boliche ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, en línea con lo que estableció la fiscal.

Los rugbiers que aún están detenidos, detallaron, «acordaron darle muerte» al joven estudiante de derecho, «para lo cual previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles luego de que minutos antes, al encontrarse en el interior de Le Brique tuvieran un altercado» con Fernando, quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos.

Luego de que personal de seguridad del local expulsara a ambos grupos del lugar, los acusados «abordan por detrás a Fernando, aprovechándose de que estaba de espaldas e indefenso, y de ésta manera, actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo».

Al quedar Báez Sosa inconsciente, «con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron allí en el suelo, varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, las cuales provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo».

Asimismo, detallaron que agredieron a los amigos de Fernando, «posibilitando fundamentalmente la comisión del hecho e impidiendo de ésa forma que pudiese defenderse por sí solo e incluso recibir defensa» de ellos.

Fuente: Perfil

La abogada Verónica Heredia fue aceptada este lunes como querellante en la causa conocida como la “Manada de Chubut”, donde se investiga un hecho de abuso sexual colectivo que se cometió contra una menor de edad en Playa Unión en 2012.

Desde que la joven hizo pública la denuncia, el año pasado, intervino de oficio el Ministerio Público Fiscal, con el fiscal de Rawson Fernando Rivarola al frente de la investigación. Ahora, por primera vez desde entonces, la víctima tendrá una representante legal tras “caer” el acuerdo de las partes para la realización de un juicio abreviado.

La representación y constitución como querellantes la confirmó la propia Heredia al detallar que “anoche (lunes) me notificaron que voy a representar a la víctima, trabajo que vamos a hacer junto a la doctora Florencia Piermarini, y avanzaremos en el juicio oral”, confirmó.

La abogada es reconocida por su trabajo en el área de Derechos Humanos, representando a la familia de Santiago Maldonado y a la de Lucía Pérez, logrando en este caso un nuevo juicio y que se revirtiera la absolución de los imputados por el femicidio de la adolescente de 16 años.

Ahora, Heredia se hace cargo de la representación legal de la joven chubutense que al momento del crimen tenía 16 años.

En su momento, el fiscal Fernando Rivarola avanzó con el consentimiento de la joven en un juicio abreviado, cuyo acuerdo se presentó, no se homologó y finalmente esa decisión fue revertida.

Sin embargo, el mismo no siguió en pie ya que los imputados no aceptaron todos los términos acordados y realizaron nuevas solicitudes a la Justicia para cumplir parte del acuerdo.

Luego de la polémica, Rivarola sostuvo que la víctima no pretendía avanzar en la causa, a lo cual la abogada Heredia remarcó que “ahora, la víctima está informada, y a partir de esa información, tomó una decisión, y su decisión es ir a juicio oral”.

También ratificó que la joven “nunca tuvo representante legal, sólo escucho lo que le dijo el Ministerio Público Fiscal, que lo que busca es asegurarse un porcentaje de condenas, no buscan la reparación de la víctima”, consideró.

Por su parte, Rivarola trabaja ahora con las fiscales María Bottini y Andrea Vázquez, por decisión de la Procuración General para eventualmente llevar el caso a juicio, con la carátula “abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por la participación de más de dos personas”.

“Nosotras pedimos que se califique como abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por la participación de más de dos personas pero en base al artículo 119 párrafos 2, 3 y 4, Inciso d.”, puntualizó la abogada.

Explicó que esto “significa reconocer el daño, no sólo físico, sino emocional-mental que significó el hecho y todo este proceso para la víctima, y que implican más años de condena”.

Por otra parte, este martes se conoció que el juez penal César Marcelo Zaratiegui rechazó distintos planteos de nulidad presentados por los abogados de Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana, los tres imputados en la causa. Vale recordar que dos de los señalados por la víctima quedaron fuera del proceso por ser menores de edad.

El juez Zaratiegui consideró que los imputados “pretenden que conserve validez un acuerdo del que ellos mismos desistieron y sólo respecto de aquello que los beneficiaría –lo cual- resulta totalmente arbitrario y antojadizo”.

Ante este panorama, la abogada dijo que espera que “antes de fin de año” tengan “fecha de juicio” y contó que la víctima “no vive más en Chubut, está acompañada y contenida, esperando reparación”.

Fuente: Télam

El juez Gustavo Castro consideró que se ha acreditado de manera probable, la materialidad de los hechos y la presunta participación de los acusados en los siniestros del 17 de septiembre de 2019 en la Legislatura y en Casa de Gobierno de Rawson. Además del secretario general de la ATECH, serán juzgados en el debate oral y público Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

El juez de Trelew Gustavo Castro, resolvió elevar a juicio oral y público la causa en la que se investiga el atentado perpetrado contra los edificios de la Legislatura Provincial y Casa de Gobierno, en septiembre del año pasado.

Por estos hechos están imputados los dirigentes gremiales Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

El magistrado declaró admisible la totalidad de la prueba ofrecida por las partes y rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por los defensores particulares de los acusados.

Ahora, por intermedio de la Oficina Judicial, se conformará un tribunal unipersonal y a la mayor brevedad posible se fijará la audiencia de debate.

El juez rechazó el planteo de nulidad presentado por los abogados defensores que sostenían que la acusación era incomprensible y confusa, y que por no saber claramente de qué se los acusaba, los imputados no podían ejercer eficazmente su derecho de defensa.

En ese sentido, expresó que “el Ministerio Público Fiscal, al relatar los fundamentos de la imputación, ha señalado la prueba que vincula a cada uno de los imputados, tanto documental como testimonial”.

En la resolución, Castro sostuvo que “queda clara la conducta que se le atribuye al señor Goodman, específicamente, la de transportar los elementos combustibles que a la postre fueron utilizados para provocar los incendios tanto en la Casa de Gobierno como en la Legislatura, como así también la de dar directivas a todas a aquellas personas que se encontraban participando de los incidentes.

Según el juez, tampoco hay dudas de la conducta que se le atribuye a Marcela Ancaleo y Mariana Castro, de haber realizado varios viajes en la camioneta descripta, transportando un número importante de cubiertas de automóvil usadas para bajarlas en el sector de los incendios, las que fueron utilizadas para avivar el fuego, generando mayor volumen y densidad de humo.

Y respecto de Matías Schierloh, manifestó que “queda claro que se le atribuye haber arrojado cubiertas al fuego que se desarrollaba debajo de la sala de sesiones con el fin de avivar dicho foco ígneo”.

“Por todo lo expuesto”, concluyó el magistrado, “entiendo que, de la prueba ofrecida, se ha acreditado de manera probable, no sólo la materialidad de los hechos imputados sino también la presunta participación de los acusados, por lo que en este estado correspondo elevar la causa a juicio, tal como ha sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal”.