Del lado de las personas a las que no les han devuelto todavía las pertenencias que les mandaron a incautar, piensan pedir que se abra una investigación penal, porque sospechan que a las cosas se las robaron. No suena para nada descabellada la hipótesis que tienen muchos en Comodoro; de que en estas maniobras podría haber complicidad entre fiscales y policías.
También se presume que no es la primera vez que faltan objetos incautados y que ahora salió a la luz porque se ha denunciado. O sea, se podría decir que los que debieran perseguir a los chorros habrían terminado siendo más chorros, que los chorros mismos.
En Chubut la administración de justicia está tan degradada y corrompida con el procurador Jorge Miquelarena a la cabeza, que ya nada causa estupor o sorpresa.
Se cree incluso que lo mismo que ha ocurrido en la ciudad petrolera ya viene pasando en otras jurisdicciones de la provincia y que como los perjudicados por estas acciones delictivas por lo general “tienen antecedentes”, no les darían cabida para que hagan la denuncia.
De hecho, en el mismo Comodoro; a los días en que se conoció que habían desaparecido los secuestros, se supo de otro caso en el que una persona reclamaba la devolución de varios bienes que le habían incautado en unos allanamientos y que éstos tampoco aparecían.
¿Qué podría pasar ahora? Que fiscales y policías que participaron del secuestro de los bienes que faltan terminen implicados en una investigación penal y que Miquelarena sea denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Él, debería haber iniciado inmediatamente una investigación interna cuando se enteró de las irregularidades y hasta ahora no se ha conocido que lo haya hecho.
Está adoptando la misma actitud que en otros casos en donde sus fiscales (los que le responden directamente) aparecen involucrados en acciones rayanas con lo delictivo. ¿Protección o connivencia?