Una de ellas cuestiona la actuación del fiscal en una causa de pornografía infantil, tal como anticipó en exclusiva ADNSUR el año pasado, y la otra corresponde a una denuncia por presunta comisión de violencia laboral y de género por parte de una colega.
En la sesión desarrollada en Esquel, el Consejo de la Magistratura debatió en torno a dos denuncias que pesaban contra el fiscal general de Rawson, Fernando Rivarola: una presentada por Miriam Vázquez, delegada provincial de la RATT (Red de Alto al Tráfico y la Trata de Personas), y otra por la fiscal general de Rawson, María Florencia Gómez.
En el primer caso, se cuestionaba la omisión del fiscal de dar aviso al Superior Tribunal de Justicia sobre la investigación contra un médico forense que consumía y distribuía material de pornografía infantil, lo que permitió que siguiera trabajando durante meses y realizando pericias incluso a menores.
En el segundo, su colega lo denunciaba por una serie de hechos que a su juicio constituían una violencia de tipo laboral y de género en el marco de su ámbito de trabajo.
Luego de estudiar en primer lugar el dictamen del sumariante, que indicaba archivar ambas denuncias, el pleno del Consejo de la Magistratura resolvió no acatar esta sugerencia y se pusieron a consideración otros dictámenes. Luego de un extenso debate, se generó una votación que determinó el avance de las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento en ambos casos, por los que el fiscal será sometido a jury.
Primera Denuncia
Respecto al caso de pornografía infantil, los consejeros evaluaron que tras producirse la prueba incorporada, no existe acreditación objetiva de la existencia de una comunicación de la situación del médico del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, en el marco del legajo de investigación fiscal llevado adelante por el fiscal Rivarola, mediando únicamente un testimonio del Procurador Jorge Miquelarena, en el sentido de que el fiscal general Rivarola se había comunicado verbalmente con él y que había hablado de ello, informalmente, con los ministros del Superior Tribunal.
Para los consejeros, esta falta de comunicación formal del fiscal Rivarola, verticalmente y hacia otro órgano, derivó en que el médico atendiera a cuatro niños víctimas de presuntos ilícitos (ASI-Abuso sexual infantil), pese a ser investigado por tenencia de pornografía infantil por el MPF.
El médico continuó prestando servicios, pese al conocimiento completo de la situación por parte del MPF, que tardíamente remitió la nota 059/22 PG, el día 22 de octubre de 2021. Para ese entonces, el médico ya estaba sumariado y suspendido en funciones ante la primera noticia constatable que tuvo el Superior Tribunal.
En el dictamen se cuestiona que no hubo primacía en la protección de los niños víctimas delitos que debían ser atendidos por el Cuerpo Médico Forense y tampoco hubo prioridad en el marco de las funciones públicas a cargo del fiscal, en aras de resguardarlos de semejante resultado, que era previsible y notorio desde que se supo quien era el imputado y qué funciones cumplía como médico forense.