El Consejo de la Magistratura sesionó este martes en Esquel. Allí se definió que las actuaciones por el comportamiento de la jueza Mariel Alejandra Suárez serán derivadas al Tribunal de Enjuiciamiento. En la Comisión Acusadora actuarán tres representantes del órgano: Manuel Burgueño, Paula Cardozo y Jorge Früchtenich.
De este modo, el Consejo de la Magistratura avaló de forma unánime el informe final del Sumario N° 145/22, firmado por la consejera Mirta Pacheco, y se decidió elevar a jury las denuncias contra la jueza de Comodoro Rivadavia.
Luego de evaluar las pruebas y el sumario elevado desde el Superior Tribunal de Justicia por el cual ya se la había suspendido, más lo que se investigó en el sumario a partir de lo que estableció la Comisión de Admisibilidad, como ausencia de imparcialidad, excusación y otros puntos más, se coincidió por unanimidad en encontrar que las conductas desplegadas por Suárez, en distintas circunstancias reseñadas, “configuran la causal de mal desempeño que establece la legislación” al haber inobservado los deberes impuestos por:
1- La Ley de Ética Pública en su artículo 13 en el ejercicio de la función que detenta y lo establecido por el artículo 10 inciso B del RIG al haber adoptado conductas indecorosas con aquellas que su cargo y función le exigen;
2- El deber de imparcialidad impuesto por el Código Procesal Penal en su artículo 17 y concordantes;
3- El haber omitido informar su verdadera localización los días 29 y 30 de diciembre del 2021, ausentándose de su lugar de trabajo sin que dicha ausencia encuentre justificación y obligando a la reprogramación de audiencias;
4- Omitir el cumplimiento del deber legal de excusación establecido por el código de rito penal en su art. 77 CPPCH.
El descargo de la jueza
En la sesión, los consejeros desestimaron el planteo realizado por Suárez, quien afirmó que no dejó de cumplir con sus obligaciones; no dejó vencer términos para dictar sentencias; no realizó actos incompatibles o prohibidos por la Constitución, ni desobedeció órdenes de sus superiores.
La jueza aseguró que en su visita a Cristian “Mai” Bustos la cárcel en ningún momento realizó actos inapropiados ni contrarios a la moral y que “sólo se sentó en el piso unos minutos y nada más”.
Afirmó que las conclusiones “en base a un video ilegal y manipulado son falaces”, y que “haber mantenido una entrevista con fines académicos no empaña ni desluce la actividad como jueza del caso” en el que justamente había condenado a su ocasional interlocutor unos días antes.
La jueza denunció que se violaron sus derechos, se afectó el debido proceso, el derecho a defensa, el derecho de igualdad, su trabajo y percepción salarial e hizo reserva del caso federal, pidiendo la desestimación y el archivo de su denuncia, algo que fue rechazado de plano por todos los miembros del Consejo de la Magistratura.