La medida busca corregir ineficiencias detectadas por la SIGEN en auditorías que revelaron falta de controles, resultados deficientes y uso indebido de fondos.
Mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la disolución de cinco fondos fiduciarios tras detectar graves irregularidades. La decisión incluye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, el Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE) y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
El Ministerio de Economía fundamentó la medida en los resultados de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que reveló ineficiencias en la gestión, falta de controles y resultados insatisfactorios. Según el informe, el FONDCE, creado en 2017 para financiar emprendimientos, presentó una elevada morosidad, con el 58% de los beneficiarios incumpliendo pagos, lo que comprometió su sostenibilidad financiera.
Por su parte, el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria fue señalado por exceder sus necesidades operativas, operar con bases de datos desactualizadas y registros poco confiables. En el caso del PROINE, creado en 2020 para fomentar inversiones estratégicas, se destacó su falta de funcionamiento, ya que no realizó ninguna operación fiduciaria en cuatro años.
El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, encargado de administrar bienes decomisados en causas de trata de personas, fue cerrado por incumplimientos en el pago a víctimas y falta de seguimiento en los plazos establecidos. No obstante, el Ejecutivo aseguró que las acciones destinadas a proteger a las víctimas continuarán bajo la administración del Ministerio de Justicia.
Por último, el PROICSA, diseñado para fortalecer la competitividad del sector azucarero, también fue disuelto debido a su alto costo de operación y falta de rendición de cuentas, luego de haber agotado su financiamiento en 2020.
El cierre de estos fondos responde al objetivo del Gobierno de optimizar la administración de los recursos estatales, eliminando estructuras ineficientes y reasignando sus funciones a los ministerios correspondientes.