Crisis eléctrica en Venezuela. En medio de una nueva crisis energética, el régimen de Nicolás Maduro implementó desde este lunes una drástica reducción de la jornada laboral en toda la administración pública venezolana: los empleados estatales trabajarán únicamente tres días a la semana, en turnos de 4 horas y media, como medida de emergencia ante la caída del sistema eléctrico por la sequía que afecta a los embalses hidroeléctricos.
La jornada se limitará a lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12.30, durante al menos seis semanas, con la promesa oficial de que será una solución “temporal”. Sin embargo, la incertidumbre reina en el país, donde la escasez de energía eléctrica ha sido un problema estructural durante más de una década.
La decisión no alcanza al sistema educativo, aunque la mayoría de los maestros ya solo asisten tres veces por semana debido a los bajísimos salarios estatales, en torno a 40 dólares mensuales. Se estima que el 70% de los docentes ha abandonado las escuelas públicas.
Según Oscar Murillo, de la ONG Provea, la capacidad de generación eléctrica en Venezuela se encuentra un 80% por debajo de su potencial, producto del deterioro de las infraestructuras y una corrupción endémica que evaporó millones en inversiones, publicó #LA17. La emblemática represa del Guri y otras plantas no logran abastecer la demanda nacional.
La decisión de reducir las jornadas laborales se suma a otros antecedentes recientes, como la emergencia del COVID-19, cuando también se limitaron las actividades productivas. Pero esta vez, la caída económica se prevé aún más pronunciada. El economista José Guerra alertó que la contracción del PBI será profunda, tras una leve recuperación del 6% en 2023.
El panorama se oscurece aún más con la reciente imposición de un arancel del 25% a países que comercien petróleo con Venezuela, decretado por Estados Unidos como parte de un endurecimiento de sanciones. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que quienes violen el embargo enfrentarán medidas y sanciones directas. La orden, aún pendiente de aplicación, afecta el principal ingreso de divisas del país.