El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia finalmente estableció fechas para el juicio oral por un caso que generó indignación durante la pandemia en Chubut, cuando la llegada de vacunas contra el Covid era en cuentagotas y robaron 30 dosis de la vacuna Sputnik V del Hospital Regional de esa ciudad de Chubut, ocurrido en enero de 2021.
Las audiencias por el hecho ocrrudio en enero de 2021 se desarrollarán los días 21, 22, 29 y 30 de mayo, con un total de 24 acusados en el banquillo, que deberán responder por distintos grados de participación en la sustracción y aplicación indebida de vacunas que, en aquel entonces, todavía se reservaban exclusivamente para personal de salud y grupos de riesgo como los mayores de 65 años y los que padecían enfermedades crónicas de riesgo.
El tribunal estará presidido por la jueza Ana María D’Alessio, acompañada por los vocales Enrique Baronetto y Alejandro Cabral, luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal determinara que el caso debe permanecer en el fuero federal, publicó Comodoro 24.
El robo de vacunas Sputnik
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 8 de febrero de 2021 por Miryam Monasterolo, quien se desempeñaba como directora del Área Programática Sur unidad de gestión de la Secretaría de Salud provincial con jurisdicción en la ciudad petrolera. Desde allí, había detectado la desaparición de 30 dosis de la vacuna rusa del vacunatorio del Hospital Regional de Comodoro.
La investigación determinó que las vacunas fueron sustraídas para ser aplicadas a afiliados de la obra social de Camioneros, personas que no pertenecían a los grupos de riesgo prioritarios establecidos por la normativa vigente durante la emergencia sanitaria.
A partir de las investigaciones subsiguientes, la acusada que quedó más complicada es la enfermera Analía Muñoz, quien enfrenta cargos por hurto y cohecho pasivo. Según la acusación, habría recibido dinero para sustraer y aplicar las vacunas, delitos que contemplan penas de entre 1 mes y 2 años, y de 1 a 6 años, respectivamente. De ser condenada, podría recibir una pena superior a los 3 años y de cumplimiento efectivo.
Otro de los acusados comprometidos, es Marcos Paura, miembro del Sindicato de Camioneros a quien se le imputa cohecho activo por haber acordado el pago de $15.000 a Muñoz y a otra enfermera para la aplicación irregular de las vacunas.
Este delito prevé una pena de entre 1 mes y 6 años, por lo que también podría terminar tras las rejas.
El rol de Camioneros
Entre los acusados figura además el secretario general y titular de la obra social del gremio en Comodoro, Jorge Taboada, quien enfrenta cargos por encubrimiento simple, delito que castiga a quien “adquiriere, recibiere u ocultare cosas provenientes de un delito”, según establece el artículo 277 del Código Penal.
Esta misma figura se aplica a la mayoría del resto de los imputados, quienes habrían recibido las vacunas sabiendo de su origen ilícito, sin pertenecer al personal de salud ni a los grupos prioritarios definidos en el plan nacional de vacunación.
La abogada Gabriela Torres, quien trabajaba junto a Muñoz en el hospital, también está imputada por encubrimiento, ya que -siempre según la acusación- habría ayudado a ocultar las vacunas y facilitado su posterior aplicación en la obra social, presuntamente a cambio de una compensación económica.
