Con la insistencia del Senado, la emergencia en discapacidad se convierte en ley definitiva, obligando al Ejecutivo a su promulgación y marcando un hecho histórico: es el primer veto de Milei revertido por el Congreso.
El Senado revierte por primera vez un veto de Milei, convirtiéndose en ley definitiva la emergencia en discapacidad hasta 2027. La decisión obligará al Poder Ejecutivo a promulgar la normativa pese a la intención de judicialización del Gobierno.
Mientras el presidente Javier Milei se encuentra de viaje en Estados Unidos, el Senado aprobó la insistencia sobre la ley de emergencia en discapacidad con 63 votos a favor, 7 en contra y 2 ausencias, rechazando definitivamente el veto presidencial.
Solamente votaron en contra los senadores de La Libertad Avanza, que no participaron del debate. La votación contó con el apoyo del PRO, toda la UCR y partidos provinciales, sumando 8 votos más que la sanción original de la ley.
Se trata del primer veto rechazado a Milei y el primero en 22 años, desde que Eduardo Duhalde sufrió el rechazo parcial de un veto al presupuesto en 2003, según informó Cronista.
Judicialización y advertencias políticas
El Gobierno anticipó la judicialización de la normativa, basándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige detallar fuentes de financiamiento de leyes que impliquen gastos no previstos en el presupuesto.
Milei había declarado:
«Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero.»
Por su parte, el senador santacruceño José María Carambia advirtió:
«Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político», remarcando la posible implicancia penal del incumplimiento de deberes de funcionario público.
Contenido de la ley
La ley declara la emergencia en discapacidad por dos años y contempla compensaciones para prestadores según la diferencia entre aranceles de 2024 y el IPC del mismo período, con un costo estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Además, establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad, otorgando una pensión inembargable a personas sin recursos propios, mayores de 70 años o con discapacidad certificada, y asegura financiamiento para prestadores mediante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, será responsable de implementar la normativa, desplazando al extitular Diego Spagnuolo tras el escándalo de audios por presunta corrupción, según indicó el Cronista.