La CNEA conversa con empresas australianas pese a los pasivos ambientales.
El debate sobre la explotación de uranio en Chubut volvió a encenderse luego de que trascendiera que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mantiene conversaciones con empresas australianas interesadas en proyectos mineros en Argentina, pese a las restricciones ambientales vigentes.
Expertos y ambientalistas advierten sobre falta de remediación, vacíos legales y riesgos ambientales que se arrastran desde hace décadas.
Falta de reglamentación y fondos para remediación
La Ley 25.018, que regula la gestión de residuos radiactivos, designa a la CNEA como autoridad de aplicación y responsable del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. Sin embargo, según señaló el ingeniero Juan Vernieri, la norma no fue reglamentada y tampoco se creó el Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos, previsto en su artículo 13.
“No existen fondos para remediación. Ese es el escudo que enarbolan los funcionarios de la CNEA cuando se les critica la falta de limpieza en los sitios afectados por explotaciones mineras”, apuntó Vernieri.
Paradójicamente, los recursos nunca faltan para continuar las prospecciones, incluso en provincias como Mendoza y Chubut, donde existen leyes que restringen la minería de uranio.
La legislación argentina, un marco favorable a las empresas
La legislación vigente, heredada de la década de 1990, favorece ampliamente a las compañías mineras, sin garantizar una política ambiental sólida. Además, el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) amplía estos beneficios con incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, sin incluir controles ambientales suficientes.
“El RIGI facilita aún más la explotación de litio, cobre o uranio sin considerar los pasivos ambientales que dejarán estos proyectos”, explicó Vernieri.
Como ejemplo del impacto no mitigado, se cita el campamento de la mina Los Gigantes, en Córdoba, que lleva más de 35 años esperando una remediación ambiental.
Denuncias sobre la inacción de la CNEA
El Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) consultó al presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, sobre los controles del organismo respecto a las empresas privadas dedicadas a la minería de uranio.
La respuesta oficial fue que la CNEA “no tiene injerencia” en las actividades privadas de ese tipo, lo que generó una fuerte polémica.
Además, el organismo sostuvo que, dado que los residuos de la minería se gestionan en las mismas provincias donde se producen, no es necesario aplicar criterios de aceptación o condiciones de transferencia, una interpretación que, según ambientalistas, libera de responsabilidad a la institución y deja sin control efectivo a las provincias.
Sitios abandonados y riesgo ambiental
En Chubut, la ex Planta de Tratamiento Pichiñán, cercana a Paso de Indios y a solo 1.000 metros del río Chubut, presenta residuos radiactivos no aislados adecuadamente, según imágenes y reportes difundidos.
“La mayoría de los sitios donde se realizó minería de uranio en Argentina quedaron abandonados”, advierte Vernieri.
El panorama refleja una combinación de falta de control, desinterés político y vacíos legales que ponen en riesgo la salud de las comunidades y el medioambiente.
Según informó El Chubut, mientras continúan los contactos con empresas australianas, crece la presión social para que el Estado argentino priorice la remediación ambiental y revise la legislación vigente antes de habilitar nuevos emprendimientos.
A más de tres décadas del cierre de varias minas de uranio, Argentina aún no cuenta con un fondo operativo ni una política clara de remediación ambiental, mientras la CNEA avanza en acuerdos con nuevos inversores. En Chubut, el tema vuelve a dividir opiniones entre quienes reclaman desarrollo económico y quienes temen un nuevo ciclo de contaminación sin control.