En un hecho sin precedentes para el sistema judicial boliviano, un juez de Santa Cruz giró órdenes de detención contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que se mantenían en sus cargos pese a haber vencido sus mandatos hace más de un año.
La medida marca un punto de inflexión en el proceso de reforma judicial impulsado por el nuevo gobierno.
El Caso de los Magistrados con Mandato Vencido
Los cuatro magistrados target de las órdenes de detención -Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo y Karem Gallardo- habían iniciado sus funciones en 2017 por un período de seis años, que culminaba en diciembre de 2023. Sin embargo, según la información reportada por la agencia DW, al término de sus mandatos decidieron autoprorrogarlos argumentando la necesidad de evitar un vacío de poder, ya que no tenían reemplazos designados debido a retrasos en el proceso electoral. Esta situación se mantuvo por más de un año hasta la intervención judicial de este martes.
La Respuesta Judicial y el Contexto Político
La orden de aprehensión inmediata fue instruida por un juez de Santa Cruz en respuesta a un recurso judicial presentado por un ciudadano. Horas antes del fallo, otros dos juzgados de Santa Cruz y Potosí habían decretado el cese inmediato de los cinco magistrados «autoprorrogados» -incluyendo una quinta jueza que no recibió orden de detención-. Estas decisiones se enmarcan en el contexto de las críticas del presidente Rodrigo Paz hacia el sistema de justicia heredado, a quien acusó de servir a «intereses y poderes» rather que a las mayorías.
El caso de los magistrados autoprorrogados representa un capítulo crucial en la reconfiguración del poder judicial boliviano. Las detenciones ordenadas envían un mensaje contundente sobre el fin de la impunidad para quienes extendieron ilegítimamente su permanencia en cargos de alto nivel judicial.