El presidente colombiano, Gustavo Petro, realizó un llamado público y urgente a la Fiscalía General para que solicite la extradición desde España de Gerly Sánchez Villamizar, alias «Mono Gerly».
Considerado el principal operador financiero del ELN, el guerrillero fue detenido en Madrid por lavado de dinero y financiación del terrorismo. Petro expresó extrañeza ante la inacción del ente acusador en este proceso.
La situación ha desatado una nueva confrontación pública entre el presidente y la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Petro acusó a la institución de priorizar investigaciones contra su gobierno y su círculo familiar por encima de la lucha contra los grandes capos del crimen organizado. Según DW.
La captura del «capo» financiero y la urgencia presidencial
Según informaron las autoridades españolas, «Mono Gerly» fue detenido en Madrid el pasado 3 de diciembre y se encuentra recluido en la prisión de Soto del Real, a la espera de los trámites de extradición que maneja Interpol. El detenido pertenecía al Frente de Guerra Oriental del ELN, que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, y se desempeñaba como tercer líder del Comando Central de la guerrilla. Su función, según la Policía, era lavar capitales a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio.
Frente a esta captura, Petro se dirigió directamente a la fiscal Camargo en la red social X: «Señora fiscal general de la nación, pida por Colombia en extradición al ‘mono Gerley’ (sic) de España». El mandatario fue más allá al definir al prófugo como «el principal lavador de activos del traqueteo (narcotráfico) del ELN» y enfatizar: «Es el capo».
La crítica de Petro: «Otra vez una Fiscalía política»
El reclamo por la extradición se enmarca en una crítica más amplia del presidente hacia lo que él denomina una «Fiscalía política». Petro vinculó el caso de «Mono Gerly» con el de Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», un contrabandista que fue liberado en Portugal tras cambios en la fiscal a cargo de su investigación.
Para el jefe de Estado, estos episodios evidencian que la Fiscalía, bajo el mando de Camargo —a quien él mismo ternó para el cargo—, ha desviado sus prioridades. «En vez de llamadas a (Abelardo) De la Espriella (su rival político), debería investigar lo peor de la criminalidad», afirmó Petro.
Un llamado en medio de tensiones con la guerrilla
Petro aprovechó el pronunciamiento para marcar una clara distancia con el ELN, cuya mesa de diálogo está suspendida. El mandatario rechazó rotundamente cualquier insinuación de alianza. Condenó la masacre de campesinos en el Catatumbo. «Yo no soy aliado de ellos que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia», afirmó. El presidente agregó un dato contundente: «La matanza del ELN en el Catatumbo resultó ser el doble que la de Mancuso sobre la Gabarra».
A pesar de esta crítica feroz, Petro reiteró su invitación a la guerrilla para hacer la paz. Pero puso una condición no negociable: «No daremos la mano si insisten en matar campesinos organizados».
La exigencia pública de Petro presiona ahora de forma adicional a la Fiscalía. El caso es de alta relevancia para la justicia colombiana. La eventual extradición de «Mono Gerly» sería un golpe contundente a las finanzas del ELN. Pero además, la situación funciona como una prueba clave para medir la relación entre el Gobierno y la entidad acusadora.
«Mono Gerly» sigue esperando su destino en una prisión de España. Mientras tanto, la fiscal general Luz Adriana Camargo tiene la próxima jugada en sus manos. Su decisión marcará el siguiente movimiento en este complejo tablero político y judicial.
