Justicia prohíbe salir del país a «Chiqui» Tapia y cita a la cúpula de AFA.
En una resolución de alto impacto para el fútbol argentino, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, citó este jueves a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La medida judicial se produce en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de aportes, una causa que pone bajo la lupa el manejo de fondos millonarios destinados a la seguridad social e impuestos. Como medida cautelar, el magistrado dictó además la prohibición de salida del país para todos los directivos involucrados.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según Infobae, el expediente investiga la retención de más de 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025; montos que habrían sido descontados pero nunca depositados al fisco. El magistrado consideró que existen «motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados», fijando las audiencias para los primeros días de marzo.
Un desvío de fondos superior a los 19 mil millones de pesos
El monto exacto que se investiga asciende a $19.353.546.843,85. Según el desglose judicial, la AFA, actuando como agente de retención, habría omitido transferir al Estado conceptos fundamentales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social. La investigación abarca 69 hechos independientes, siendo julio de 2025 el mes con mayor irregularidad detectada, con una cifra que supera los 2.800 millones de pesos sin ingresar.
La querella sostiene que la entidad contaba con plena capacidad financiera para afrontar estos pagos. El escrito presentado por ARCA subraya que la AFA registró «abultadas acreditaciones bancarias» y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de 45.000 millones de pesos. Además, se detectó la constitución de múltiples plazos fijos en pesos y dólares durante el período investigado, lo que descartaría una imposibilidad material de pago y reforzaría la hipótesis de una decisión deliberada de no depositar los fondos.
El cronograma de las indagatorias y los directivos implicados
El juez Amarante estableció un calendario estricto para las declaraciones en el juzgado de la avenida de los Inmigrantes. “En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el magistrado.
El desfile judicial continuará el 6 de marzo con el tesorero Pablo Toviggino y el integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo. Finalmente, el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. Hasta el momento, solo Tapia y la AFA han designado defensa técnica, por lo que el resto de los imputados deberán nombrar abogados de confianza o, de lo contrario, se les asignará un defensor oficial.
Las penas en expectativa y la defensa de la AFA
El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes no depositen los aportes retenidos dentro del plazo legal de 30 días. La querella argumenta que resulta «difícil suponer» que una omisión de tal magnitud y extendida durante 19 meses consecutivos pudiera ocurrir sin el consentimiento de toda la cúpula directiva. Se recalca que los balances anuales de 2023 y 2024, firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, reflejaban la situación financiera y las deudas contraídas.
Por su parte, los abogados de la AFA ya han comenzado a mover sus piezas legales. Apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos previos, basándose en un planteo de «excepción de falta de acción». Mientras el Tribunal de Apelaciones revisa esta cuestión, la prohibición de salir del país se mantiene vigente, marcando uno de los momentos institucionales más críticos para la gestión de Tapia al frente de la casa madre del fútbol nacional.
