La audiencia preliminar por presuntas maniobras en la reparación de escuelas quedó en suspenso tras un planteo de incompetencia. La defensa argumenta que los fondos eran de origen nacional, lo que obligaría a cambiar de fuero. Hay nueve imputados y un perjuicio estimado en 20 millones de pesos.
La causa que investiga presuntas irregularidades en la reparación de escuelas en Chubut entró en un impasse judicial. Este miércoles, la audiencia preliminar en la Oficina Judicial de Rawson quedó trabada por un planteo de incompetencia que podría derivar en el traspaso del expediente a la Justicia Federal.
Según La17, el abogado defensor Romano Cominetti, que representa al exfuncionario del Ministerio de Educación Maximiliano García, argumentó que los fondos utilizados en las obras eran de origen nacional, por lo que la causa debería ser juzgada en el fuero federal y no en la justicia provincial.
Un planteo que cambia el eje
El planteo de Cominetti apuntó directamente a la fuente de financiamiento: al tratarse de dinero enviado por Nación, la competencia para investigar el caso correspondería a la Justicia Federal. La jueza de garantías Karina Breckle resolvió otorgar 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal para que reevalúe el pedido de «incompetencia parcial» presentado por la defensa.
La decisión implica, en los hechos, un freno para definir si el caso permanece en la órbita provincial o si debe cambiar de jurisdicción, reordenando los tiempos de una causa que ya arrastra una larga tramitación.
Cominetti calificó el trámite como «sorpresivo» por el momento en que apareció el planteo, con el proceso abierto desde hace dos años, e insistió en que la discusión de competencia resulta determinante por el origen de los recursos.
Nueve imputados y un perjuicio millonario
El expediente tiene actualmente nueve imputados: dos particulares vinculados a empresas constructoras y siete exfuncionarios públicos provinciales, algunos de ellos ya sin relación con el Estado. Los contratistas señalados son Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León. Los exfuncionarios imputados son Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y el propio Maximiliano García.
La investigación se originó a partir de un hecho concreto que encendió las alarmas en la cordillera: la falla en la calefacción de la Escuela 93 de El Maitén, que provocó una intoxicación por monóxido de carbono y puso en riesgo a alumnos y personal docente.
A partir de ese episodio, la pesquisa avanzó como una posible maniobra de direccionamiento de obras públicas en establecimientos educativos de la región. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
El esquema denunciado
Según lo expuesto en la audiencia de apertura de investigación realizada en Rawson, el Ministerio Público Fiscal describió un sistema que habría simulado compulsas de precios para aparentar legalidad en los procedimientos. La acusación sostiene que detrás de esas presentaciones existían acuerdos previos que definían de antemano qué contratista resultaría adjudicado.
Las imputaciones incluyen defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio económico estimado en el expediente ronda los 20 millones de pesos.
Desestimaron a un querellante
En paralelo, la audiencia dejó otra decisión relevante: se desestimó como querellante al titular de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, el abogado Diego Carmona. Según lo expuesto, Carmona fue notificado de la realización de la audiencia preliminar el 12 de diciembre, pero no se presentó ni explicó su ausencia. La Oficina Judicial de Rawson le otorgó un plazo de casi media hora para concurrir, sin resultado.
El corazón del caso, en suspenso
El núcleo de la causa —la existencia de un presunto esquema de direccionamiento de obras— quedó en suspenso hasta que se resuelva si seguirá bajo órbita provincial o si la discusión por el origen de los fondos empuja el expediente al fuero federal. La decisión de la jueza Breckle otorga 20 días hábiles a la fiscalía para definir su postura.