La causa, que originalmente se tramitaba ante un tribunal técnico por la presencia de menores, cambió de rumbo luego de que los dos adolescentes cerraran acuerdos abreviados. La Fiscalía planteó la incompetencia del tribunal colegiado y la Justicia resolvió que el caso debe ser juzgado por un jurado popular.
El expediente por el asalto a la Farmacia Gutiérrez, ocurrido en febrero de 2024, dará un giro procesal clave: pasará de un tribunal técnico colegiado a un juicio por jurados. La decisión, adoptada por unanimidad por las juezas Anahí Eve Ponce y Mirta Moreno y el juez Gustavo Castro, responde a un planteo de la Fiscalía que advirtió que ya no hay menores imputados en la causa, por lo que corresponde aplicar el procedimiento popular.
Según Noticias Argentinas (NA) , la resolución se firmó el 18 de febrero y declara la incompetencia del tribunal colegiado para intervenir en el juicio.
El punto de inflexión: los menores ya no están
La discusión sobre la competencia se originó cuando la fiscal general Julieta Gamarra solicitó que se declare la incompetencia del tribunal técnico para intervenir en la etapa de juicio. El argumento central fue que la razón que justificaba un tratamiento unificado —evitar dos debates y dobles declaraciones— se sostenía en la coexistencia de regímenes para mayores y menores.
El 16 de enero de 2026, los dos imputados menores de edad celebraron acuerdos de juicio abreviado, que fueron homologados por la jueza penal María Tolomei. Con esa homologación, los menores quedaron definitivamente excluidos de la instancia de debate, y el caso quedó centrado exclusivamente en cuatro personas adultas.
Quiénes son los imputados
Los acusados que enfrentarán el juicio por jurados son:
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Mauro Alejandro Cornejo
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Martín Darío Hernández
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Alexander Adam Segura
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Gisella Magali Saavedra
La acusación fiscal describe un hecho violento ocurrido el domingo 4 de febrero de 2024, cerca de las 14, cuando seis hombres ingresaron a la farmacia portando armas de fuego y una maza de grandes dimensiones. Maniataron a dos empleadas y se llevaron un botín de 26 mil dólares y 4 millones de pesos, además de sobres con recaudación diaria. En el exterior, al menos una persona aguardaba asegurando la zona, y luego todos se retiraron en un vehículo.
Otras causas vinculadas
El expediente también vincula a los acusados con otros hechos delictivos, entre ellos robos de vehículos y un asalto ocurrido el 16 de abril de 2024 en la metalúrgica León, también en Trelew.
Las calificaciones legales son graves:
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Martín Darío Hernández está acusado de robo doblemente agravado en poblado y en banda con arma de fuego apta para disparo.
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Mauro Alejandro Cornejo enfrenta múltiples imputaciones, incluido el hecho de la farmacia, una tentativa del 20 de febrero de 2024, encubrimientos y participación necesaria en el robo a la metalúrgica.
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Alexander Adam Segura tiene calificaciones similares en concurso real.
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Gisella Magali Saavedra está imputada por encubrimientos agravados y participación necesaria en el hecho de abril.
Prisión preventiva para dos de los acusados
En la audiencia preliminar se dispuso la continuidad de la prisión preventiva para Mauro Alejandro Cornejo y Alexander Segura, con argumentos vinculados a antecedentes, gravedad de los hechos y expectativa de pena, concluyendo que subsiste el peligro de fuga.
Por qué es obligatorio el juicio por jurados
El tribunal colegiado fundamentó su decisión en el artículo 2 de la Ley XV Nro. 30, que establece que la integración con jurados es «obligatoria e irrenunciable». Los jueces señalaron que lo decidido con anterioridad puede reconsiderarse porque están en juego normas de orden público, «indisponibles para las partes y el tribunal».
Además, la escala penal prevista para los delitos imputados supera el umbral que activa el procedimiento popular, por lo que el trámite debía ser por jurados desde el inicio. El cambio de condiciones procesales eliminó el argumento que permitía la excepción.
Próximos pasos
Con la declaración de incompetencia, el tribunal dio intervención a la Oficina Judicial de Trelew para que designe un juez técnico, resuelva cuestiones pendientes e implemente el procedimiento de juicio por jurados. El expediente no solo cambia de formato, sino también de actores dentro del sistema y de dinámica en la discusión probatoria.
