Santiago Arnoldi alertó que el conflicto por el acceso a las pingüineras en Península Valdés daña la temporada turística y denunció cierres arbitrarios de miradores clave.
El vicepresidente del directorio de la Administradora de Península Valdés y presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Puerto Madryn, Santiago Arnoldi, dialogó con Activemos, por FM del Viento, y se refirió al conflicto por el acceso a los miradores del Área Natural Protegida y advirtió sobre su fuerte impacto negativo en la oferta turística de la región.
Arnoldi describió la situación actual como un “juego del gato y el ratón”, en el que los miradores son abiertos por las autoridades y luego cerrados nuevamente por la estancia propietaria de los campos. “Se abren los miradores, al rato los vuelven a cerrar y así seguimos. Esto lo único que logra es ensuciar el trabajo que se viene haciendo desde la administradora y complicar aún más el turismo zonal”, afirmó. De acuerdo con Canal 12 Web.
El dirigente explicó que los miradores están ubicados sobre terrenos privados, aunque fueron instalados con autorización de los propietarios y funcionan desde principios de la década del 90. “Nunca se pusieron sin anuencia del dueño del campo. Durante casi tres décadas la provincia y la gente los usaron para conocer la fauna, por eso no tiene sentido esta decisión intempestiva”, sostuvo.
Arnoldi remarcó que el conflicto afecta directamente a las agencias de turismo, que dejaron de ofrecer el circuito que incluye los miradores ante la imposibilidad de garantizar el servicio. “No es lo mismo vender un recorrido con cinco puntos y que después haya dos menos. Eso genera problemas graves con los turistas, especialmente con los cruceros”, señaló.
En ese marco, cuestionó la forma en que se inició el cierre, en plena temporada alta y de manera sorpresiva. “Se venía hablando de poner un plazo para discutir el tema, pero el 6 de enero nos levantamos con los miradores cerrados. Eso demuestra que la intención era complicar”, indicó, y también criticó la difusión de información “tergiversada” en medios nacionales que generó la sensación de que la Península estaba cerrada.
Sobre el trasfondo del conflicto, Arnoldi reveló que la empresa propietaria exigía una contraprestación económica mensual considerada inviable. “Se pidió un monto millonario, del orden de los 7.000 dólares por mes afirmó. Según explicó, se ofrecieron múltiples alternativas, desde habilitar emprendimientos turísticos hasta colaborar con la producción ovina, pero todas fueron rechazadas.
El vicepresidente de la administradora aclaró que la resolución que ordena la apertura de los miradores fue emitida por el Ministerio de Turismo de la provincia y que, al incumplirse, el conflicto ya derivó en acciones judiciales. “La provincia tiene la potestad de abrir los miradores y hoy la estancia está incumpliendo una resolución del Gobierno. Por eso el tema ya está en la Justicia”, explicó.
No obstante, Arnoldi lamentó que los tiempos judiciales jueguen en contra de la actividad. “Lo más probable es que esto se termine resolviendo después de la temporada y el daño ya esté hecho. La duda sobre si se puede acceder o no a ver pingüinos ya quedó instalada”, advirtió.
Finalmente, expresó su preocupación por el impacto reputacional para la región. “Se hizo un trabajo enorme para poner en valor Isla de los Pájaros, Punta Norte y el Istmo. Todo ese esfuerzo quedó opacado por esta noticia. A veces no se piensa en el bien común, y eso es lo que más bronca da”, concluyó.