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Este viernes se realizó en la oficina judicial de Lago Puelo la audiencia de apertura de investigación por el homicidio de Martín Alejandro “Tino” John, quien falleció el 27 de mayo del 2021 de un disparo en la cabeza. En este caso, se imputó a uno de los dos comisarios que estuvieron a cargo del allanamiento en el que la víctima perdió la vida. El otro acusado tendrá su audiencia en los próximos días.

De acuerdo a lo detallado, el caso de Tino John llegó a esta instancia judicial luego de que el Fiscal Carlos Díaz Mayer, de la oficina fiscal de El Hoyo, desestimara la imputación de los comisarios, Omar Martínez, en su momento jefe de comisaría de El Hoyo, y Cristian Soto (jefe del GEOP). En ese contexto, las querellas presentaron una apelación ante el Dr. Jorge Luis Miquelarena, procurador general de la provincia, quien dio lugar y ordenó la realización de la audiencia desarrollada este jueves. En ese marco el MPF Esquel, resolvió designar como fiscal de audiencia acusatoria al Dr. Martin Robertson.

Como se mencionó previamente, en la ocasión solo se concretó la apertura de investigación contra uno de los acusados, el comisario Martínez, quien estuvo presente en la audiencia. Su compañero, el comisario Soto, participó de manera remota pero los problemas de conexión llevaron a que se suspendiera hasta poder concretarse de forma presencial en los próximos días, por orden de la jueza de Lago Puelo, Silvana Vélez.

Previo a la audiencia, el Dr. Marco Ponce, abogado defensor público oficial que representa a Donato John, hijo de la víctima, explicó a la prensa que se los imputó a ambos comisarios “como responsables del operativo, que tuvieron la posibilidad de decidir sobre el desenlace del hecho fatal”.

En esa línea, agregó: “Sin duda el oficial sargento primero, Luis Moggiano, tiene responsabilidad porque es el que apretó el gatillo, pero Martínez y Soto tenían la responsabilidad jerárquica en ese momento. Martínez es el que pide el allanamiento y quien ejecuta la orden es Soto, sobre todo cuando la orden del juez especificaba que debía haber personal de salud mental en el lugar y momento de la realización del operativo. Esto concluye que, a una persona con enfermedad mental, como era Tino, situación conocida por los dos comisarios, el funcionario de la fiscalía y el juez, se lo trato como un enemigo al que había que eliminar cuando era una persona que había que proteger”.

Asimismo, Marco Ponce recordó que sobre el sargento primero Moggiano, la fiscalía también solicito su sobreseimiento, por lo tanto la querella particular presentará en los próximos días la acusación pública de “homicidio agravado”, solicitando con ello la aplicación de juicio.

Transcurrido los plazos de la etapa de investigación, los abogados querellantes que representan a los hijos de “Tino” John (Donato, Dana y Martin), a su pareja (Claudia) y a la Asociación por los Derechos Humanos (APDH), pedirán la unificación de la elevación a juicio por jurado por homicidio agravado para los tres imputados. “La idea es que sea la comunidad de Lago Puelo la que pueda juzgar este caso”, subrayó la defensa.

“Para nosotros como defensa publica tenemos una obligación por ley de siempre que es acompañar e investigar los casos de violencia institucional. En este caso realmente ha habido una inoperancia del Estado, y llegar a esta instancia después de mucho trabajo es una satisfacción enorme; es entender que este mismo Estado involucrado, que tanto se critica y se vapulea, también tiene una rama muy fuerte que estamos procurando que las cosas se hagan como se deben hacer. No le vamos a devolver a los familiares de Tino nada, solamente un reconocimiento enorme que se nos está pidiendo”, dijo la querella oficial a cargo del abogado Ponce.

Formaron parte del tribunal y audiencia de apertura de investigación la jueza de Lago Puelo, la Dra. Silvana Vélez; el fiscal Dr. Robertson; el abogado querellante junto a Donato John, el Dr. Marcos Ponce; la defensora oficial del comisario Omar Martínez, la Dra Betina Betina Feld; los querellantes representantes de la pareja de la víctima, el Dr. Alfredo Galimberti y el Dr. Gómez Lozano de la APDH; y bajo la figura amigos del tribuna, Noelia Ward, representante de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación .

El viernes pasado, Matías Taccetta asumió como nuevo intendente de Esquel y juramentó junto a los concejales electos y los funcionarios que formarán parte de su equipo de gestión durante los próximos cuatro años.

El acto de asunción se llevó a cabo en un clima de emoción y expectativas, marcando el inicio de una nueva etapa para la ciudad chubutense.

Sin embargo, unas horas después la localidad se vio sacudida por un escandaloso incidente: una funcionaria fue sorprendida manejando en estado de ebriedad poco después de asumir su cargo.

«Les he dicho a todos que la imagen de ellos es la imagen de la ciudad, cualquier problema que haya tomaré las decisiones que tengo que tomar como intendente, a veces no es fácil, pero les tiene que quedar claro”, remarcó el mandatario local en diálogo con FM Del Lago Esquel.

La funcionaria no ha podido asumir su cargo ni desempeñarse en él hasta el momento.

Así lo señaló el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y aseguró: «Me voy con la sensación del deber cumplido y con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo».

«Me voy con la sensación del deber cumplido, con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo, con las cuentas ordenadas, los proveedores al día y con obras ejecutadas», expresó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en diálogo con Canal 12.

Desendeudamos la provincia en más de 600 millones de dólares. Por mes estamos pagando 33 millones de dólares. Han tenido un gobernador que se hizo cargo de la crisis más importante de esta provincia”, remarcó haciendo un balance de su gestión.

«Si a mí me iba mal, no me estaban haciendo daño a mí, sino a más de 600 mil chubutenses aunque con el tema de la educación me hubiera gustado irme mejor«, agregó y remarcó: «En todas las elecciones que yo encabecé, gané. Es más, fijate que en la del Parlasur saqué 4.000 votos más que Glinski».

A su vez, puntualizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia y la gestión de Luque: “Entregamos más de 580 viviendas en Comodoro Rivadavia e hicimos obras que ve la gente. Juan Pablo Luque tiene una forma de hacer política que no comparto, el error de su campaña fue lo que dijo y se desdijo«.

Sobre la transición señaló: «Hemos tenido gestos para con el nuevo gobernador electo, con el envío de los proyectos a la Legislatura. Me he mostrado dentro del acuerdo de transición con la mayor honestidad y el mayor respeto”.

“Creo que Torres tiene la objetividad para saber lo que está bien, y lo que está mal. Hay varios miembros de mi Gabinete que van a continuar”, indicó.

Por último, se refirió a su banca en el Parlasur: «Se asume al 18 en Montevideo. Lo aclaro, es ad honorem y solo te pagan los pasajes desde Buenos Aires, y no de tu lugar de residencia».

“Tratar de imponerse en un lugar personalista, habla de lo mal que está la política. Yo voy a estar para colaborar y ayudar. Quien diga que va a comandar la oposición deja mucho que desear”, concluyó.

«Pareciera que ya está trabajando como ministro cuando en realidad sigue en funciones de fiscal y es el Poder Judicial el que le paga el sueldo», resaltaron desde la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut. A su criterio, existe una incompatibilidad del funcionario con el cargo del Ejecutivo que asumirá en diciembre.

Luego de que el fiscal Héctor Reynado Iturrioz confirmara públicamente que solicitará licencia para poder asumir como ministro de Seguridad de Chubut en diciembre, la Asociación de Magistrados se opuso al considerar que debería renunciar al cargo por ser incompatible.

La presidenta de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut, Carina Estefanía, en diálogo con Eqsnotas.com, reiteró que Iturrioz no puede asumir como ministro de Seguridad del futuro gobierno si no renuncia antes al cargo de fiscal.

En este sentido, explicó que “la licencia mantiene la relación con el Poder Judicial, por lo tanto, es imposible que una persona que trabaja en esa área ocupe un cargo de ministro del Poder Ejecutivo”.

Ante esto, señaló que estas incompatibilidades están establecidas a nivel de la Constitución Provincial. Por lo tanto, al igual que los magistrados, quienes ocupan cargos de ministros del Poder Ejecutivo integran esa normativa constitucional.

La magistrada puso el acento en la condición de fiscal que tiene una particular incompatibilidad porque es el encargado de la acción penal y, bajo la hipótesis de la licencia, puede volver una vez que concluya su cargo político a la justicia y su accionar quedará sometido a planteos de recusación permanente.

Según las declaraciones de la magistrada, el fundamento constitucional que establece esta incompatibilidad de cargos está vinculado al cuidado no solo de la independencia del Poder Judicial sino también del resto de los Poderes que hacen al buen funcionamiento del Estado.

Ante esto, la magistrada indicó que “el Poder Judicial es el que debe controlar al Ejecutivo”, por ello, las incompatibilidades establecidas.

“AL MISMO TIEMPO, LAS DOS FUNCIONES”

Incluso, explicó que esa independencia esta reforzada por el Ministerio Público Fiscal ya que «en la Constitución Nacional se lo coloca por fuera de la organización del Poder Judicial», para dotarlo de mayor independencia ya que tiene la “capacidad legal de acusar e investigar las conductas de las personas, especialmente de la Administración Pública”.

Por lo tanto, sostuvo que Iturrioz al pretender ocupar al mismo tiempo las dos funciones “quiebra esa mayor independencia que el constituyente le quiso dar al Ministerio Público Fiscal”.

Más adelante, la magistrada expresó que esta situación “preocupa” ya que actualmente lo ven “sumergido en su nueva función” y haciendo declaraciones públicas sobre sus acciones vinculadas al Ministerio. En este contexto, agregó “pareciera que ya está trabajando cuando en realidad sigue en funciones de fiscal y es el Poder Judicial el que le paga el sueldo”.

Cabe destacar que existieron dos antecedentes de jueces nominados por ex gobernadores que no llegaron nunca a asumir porque, enterados los miembros del Superior Tribunal de Justicia, les advirtieron previamente y de manera informal que si iban a asumir en el Ejecutivo tenían que renunciar, y al final no lo hicieron.

Por ahora esperan la presentación de la nota formal y ver las medidas del Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, que es quien debe decidir.

El Ministerio de Educación decidieron separar del cargo a la directora de la Escuela Nº 210 de Esquel, Ruth Woodke, y la vicedirectora, tras lo sucedido en agosto, con alimentos en mal estado que consumieron los alumnos. La supervisora de Región III del Ministerio, Sandra Ortiz, dijo a Jornada que es a partir de ayer “para dar inicio a la etapa de investigación, a fin de atribuir o deslindar responsabilidades”, sin que signifique a priori que hay culpa en el equipo directivo.

La directora es apartada de sus funciones por tener la responsabilidad en la escuela, y la vicedirectora como corresponsable, y ya corren los tiempos de la investigación por 90 días, esperada por los padres de alumnos afectados al consumir alimentos vencidos del comedor, el viernes 11 de agosto, y regresaron a sus hogares con dolor de cabeza y algunos con diarrea.

Mientras se investiga con personal preventor del Ministerio y Supervisión de Escuelas también evalúa la situación, se designará un director o directora de manera transitoria, hasta que se resuelva sobre la directora y vice.

Los padres con la preocupación del caso, se movilizaron rápidamente y el 18 de agosto se realizó una reunión con la directora Ruth Woodke, para pedir explicaciones, y contar lo que sucedió con los chicos que en su mayoría fueron descompuestos a la casa, tras ingerir esos alimentos.

Los padres insistieron con que a los niños ese día les sirvieron comida en mal estado. La directora reconoció en Cadena Tiempo que el proveedor de pollos había admitido que el producto había perdido la cadena de frío.

Antecedentes

Woodke se refirió a la afirmación de una de las mamás, Nancy Monsalve, que los chicos venían de otros días con descomposturas, y lo negó: “No es así; lo sucedido fue el viernes 11 de agosto, y al momento se decidió que los alumnos no consumieran la comida porque tenía un olor feo, y decidimos preparar otro menú”, aseverando que la preparación de la comida se hace con productos de muy buena calidad, y que lo ocurrido fue una excepción.

Los padres elevaron una nota al Ministerio y hubo reuniones en las que expusieron su malestar por el riesgo de salud que corrieron sus hijos. Desde aquel viernes los padres comenzaron a pedir “más cuidado en los alimentos que les dan en el comedor a nuestros hijos, y que no minimicen las cosas porque les sirvieron comida en mal estado”.

A los alumnos les dieron un locro que había quedado del 25 de mayo, que en la cocina descongelaron, le agregaron un estofado y arroz. “No se podía comer”, recalcaron. Resta saber cómo seguirá el tema.

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, continúa por estas horas definiendo a los ocupantes de los distintos ministerios, secretarías y organismos estatales que serán parte de su gestión a partir del 10 de diciembre.

A los nombres ya conocidos, algunos de los cuales fueron confirmados por el propio Torres, este miércoles se supo que el empresario Diego Pérez será quien se haga cargo de la Administración Portuaria en Puerto Madryn.

Pérez es licenciado en Transporte y Logística Operativa y una de las caras visibles de la empresa Patagonia Estibajes S.A., que opera en el muelle Storni.

En las últimas horas, además, se confirmó que el contador trelewense Marcos Bensimón hará las veces de “viceministro” de Economía, acompañando al licenciado en Economía y abogado Facundo Ball -también trelewense-, que ocupará la titularidad de la cartera económica.

El comodorense Guillermo Almirón fue confirmado como coordinador de Gabinete. El dirigente de extracción peronista fue funcionario durante la gestión de Martín Buzzi en Chubut, y en las últimas elecciones pegó el salto a Juntos por el Cambio, donde fue candidato a viceintendente de Comodoro Rivadavia, en fórmula con Ana Clara Romero.

Estos nombres se suman a los primeros que fueron anunciado por Torres, como el trelewense José Luis Punta, que será ministro de Educación; el rionegrino Sergio Wisky, que se hará cargo del área de Salud; y el porteño Fernando Álvarez de Celis, que comandará el sector de Infraestructura.

El miércoles por la noche, Torres se mostró en un encuentro con las cámaras pesqueras de Rawson junto a quien será el próximo secretario de Pesca, el abogado trelewense Andrés Arbeletche.

Tampoco cumplirá sus funciones en las instituciones de Nivel Primario y Superior donde trabajaba. Ante las acusaciones de los padres, la cartera educativa provincial también está trabajando en la separación del cargo del equipo directivo (directora y vicedirectora).

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, separó al docente acusado de presunto abuso de menores, de su cargo en todos los niveles e instituciones educativas en las que cumplía función, y además suspendió las clases en la Escuela de Nivel Inicial (ENI) Nº 406 de Comodoro Rivadavia hasta nuevo aviso. El docente acusado pertenecía a las Escuelas Nº 406 (de Nivel Incial), Nº 169 (de Primaria) y al Instituto Nº 806 (Superior). Según la disposición ministerial que realizó la Supervisión Técnica General de Educación Inicial, se separó de todos estos cargos.

Además, en estos momentos, la Supervisión del nivel está trabajando en la separación del cargo al equipo directivo (directora y vicedirector) de la ENI Nº 406 para garantizar “el buen gobierno escolar”; de acuerdo a la normativa ministerial vigente.

En su reemplazo, se designará a un equipo “normalizador” (director y vicedirector) que garantice la continuidad de las actividades en el establecimiento educativo.

Un equipo técnico del Ministerio, con la presencia de las directoras generales de Educación Inicial y Primaria, está viajando a la ciudad de Comodoro Rivadavia para comunicar estas decisiones a la comunidad educativa de las instituciones involucradas en el lamentable hecho.

El ministro de Salud de Chubut dejará su puesto para cumplir funciones en una Subsecretaría Nacional, por pedido de la gestión de Alberto Fernández.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, asumirá en los próximos días como nuevo subsecretario de Salud de la Nación en una solicitud realizada por la ministra Carla Vizzotti, en reconocimiento del trabajo sanitario realizado en la provincia durante la pandemia de coronavirus.

La información será anunciada al resto del gabinete por el gobernador Mariano Arcioni, en la reunión de este martes a la tarde. Allí se dará a conocer el nombre de él o la reemplazante para las próximas semanas y una vez que Puratich asuma en un nuevo cargo.

Según las fuentes consultadas por ADNSUR, la convocatoria al funcionario es vista como un reconocimiento al trabajo realizado en materia sanitaria en los últimos años, especialmente en la época de pandemia y a la confianza de Vizzotti a lo largo de estos años.

Además de la confianza y el compromiso mostrado con la gestión nacional tanto como el medico sanitarista chubutense como también por la gestión del gobernador Arcioni.

La reunión de gabinete en la que se dará a conocer el nombre del reemplazo de Puratich se concretará a partir de las 16 horas.

Myriam Monasterolo ocupa desde este lunes la titularidad de la Dirección General de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad del Ministerio de Salud de Chubut.

Hasta ese momento, era la responsable del Área Programática Sur de Salud de la provincia, cargo que será desempeñado por la directora asociada Lic. Margarita Opazo.

Monasterolo asumió en julio de 2017 la dirección del Hospital Regional, donde permaneció hasta principios de marzo de 2020, cuando paso a regir el Área Programática su de salud siento reemplazada al frente del nosocomio por Eduardo Wasserman.

Así, desde la gestión de la salud toda la zona sur de la provincia, le tocó transitar los inicios de la pandemia de coronavirus, restricciones sanitarias, protocolos, la campaña de vacunación y la transición a una nueva normalidad.

En medio de la conferencia brindada por el jefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta, fue consultado respecto a la situación del comisario Cristian Sartor, designado al frente de la Dirección de Seguridad, teniendo en cuenta que el mismo cuenta con causas en Comodoro Rivadavia por apremios ilegales y otros delitos que motivaron años atrás, incluso, su separación del cargo, así como también fue denunciado en la localidad de Madryn por situaciones similares.

Respecto a esta situación señalada por la prensa como polémica, Acosta, visiblemente nada a gusto con la consulta, expresó que “no hubo polémica, hubieron algunos comentarios”. Y ante la insistencia sobre el tema le dijo al periodista: “me gustaría que las presente usted (a las causas) en la jefatura de policía y las analizamos, que me lleve los antecedentes, y como la ley lo exige con condena firme y yo tomaré esta situación como válida. Y si es necesario separarlo del cargo lo haré”.

Está claro que los periodistas no están para elevar denuncias formales -aunque, las pueden realizar como cualquier ciudadano-, por lo que la respuesta del jefe policial pareció bastante desubicada. En todo caso, es él como máxima autoridad de la fuerza policial quien tiene el deber y la obligación de analizar los antecedentes de aquellos efectivos que son designados por él mismo en los distintos cargos.

Dando por finalizado el cruce ante el tema Sartor, confirmó que fue designado director de Seguridad, así como el director de Recursos Humanos es el comisario general César Brandt, el director de Recursos Materiales, el comisario Ángel Vargas y el director de la Policía Judicial, el comisario inspector Julián Vilches.