El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, aseguró que con el «0,3 por ciento del PBI», se podría «salir del hambre» en la Argentina.
«¿Cuánto cuesta salir de la indigencia? Requiere de $7.500 por mes. Esta situación hay que tomarla en cuenta teniendo presente que el 60 por ciento de los ingresos son de planes sociales y el 40 por ciento de ´changas´, porque no es que no se trabaja en la indigencia, se trabaja mucho», explicó Salvia.
Según dijo, otorgar nuevos programas sociales a los sectores sumergidos en la indigencia para sacarlos de esa situación «significarían 1.300 millones de dólares anuales», es decir, el «0,3 por ciento del PBI».
Al participar del 55º Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el director del Observatorio de la UCA hizo un llamado a los empresarios a «ser valientes y también solidarios con ese tercio de la población que está en la pobreza».
«Necesitamos políticas activas y un nuevo pacto político, económico y social», consideró el investigador en el salón principal del hotel Sheraton, donde tiene lugar la segunda jornada del encuentro empresario.
Salvia efectuó un diagnóstico de la situación de la pobreza en la Argentina y afirmó que es de tipo «estructural» y «se va reciclando y profundizando» cada año.
En ese sentido, detalló que «dos de cada tres pobres no logran salir de la pobreza de un año a otro, ni de una década a otra», por lo que puede decirse que la situación en el país es «crónica».
«Los datos que hay son viejos, ya estamos en el segundo semestre y, seguramente, la pobreza está en no menos del 37 por ciento, con un 8 por ciento de indigencia, es decir, 3.600.000 personas en la indigencia», evaluó Salvia, al referirse al último índice difundido por el INDEC, que fue del 35,4 por ciento en los primeros seis meses de 2019.
En base a esos datos, sostuvo que «hoy el riesgo alimentario por hambre en Argentina alcanza a 800 mil hogares».
«No solo afecta la inseguridad alimentaria o el riesgo crítico a las zonas rurales, porque en las grandes ciudades encontramos zonas donde se experimenta hambre», subrayó Salvia.
Un aumento de 9105,2 millones de pesos. Así se tradujo en la práctica el impacto de la ley de emergencia alimentaria, recientemente sancionada, que estableció una suba del 50% en las partidas presupuestarias que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social destina a la alimentación. Así, la cartera que encabeza la ministra Carolina Stanley tiene previsto un gasto total de $27.315,8 millones en políticas alimentarias, cuando inicialmente esa partida presupuestaria contaba con solo $12.582,2 millones.
Los datos pertenecen a la página web Presupuesto Abierto y fueron confirmados al diario La Nación por fuentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Los ítems que más aumentaron fueron las tarjetas alimentarias y el programa de complemento alimentario.
En comparación con lo pautado originalmente, ambos casi se triplicaron. Para las tarjetas alimentarias, estaba previsto un presupuesto de $4384 millones. Hoy el total alcanza los $11.138 millones. Unos $3545 millones era lo asignado inicialmente al complemento alimentario. En la actualidad, la cifra total alcanza los $10.138,2 millones.
Las tarjetas alimentarias se dirigen directamente a las familias que las reciben, sin otras organizaciones o instituciones como intermediarias. El dinero se transfiere primero a las provincias, que son las encargadas de distribuir los recursos, así como de definir el monto de las tarjetas y quienes están en condiciones de recibirlas.
El complemento alimentario es un programa conjunto que Desarrollo Social mantiene con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de una lista que integran cientos de comedores de todo el país que reciben asistencia. Cuenta con auditorías internas, por parte del Ministerio, y externas, llevadas a cabo por el organismo de Naciones Unidas. El objetivo es controlar que los comedores efectivamente existan y estén en funcionamiento, que asista la cantidad de gente que debería asistir, y que los asistentes no sean forzados ni obligados a ir a cambio de contraprestaciones.
Según fuentes de Desarrollo Social, algunos comedores de esta lista pueden pertenecer a organizaciones, como Cáritas, o estar ligados a la Iglesia Católica o a templos evangélicos. En cuanto a los municipios, se trata de un universo muy heterogéneo. Algunos tienen programas propios de asistencia a comedores, mientras que otros no.
El nuevo aumento tiene dos propósitos. El primero es que crezcan los montos que reciben los comedores, para que las personas que asisten sigan recibiendo el mismo menú que antes, a pesar de la alta inflación, que repercute especialmente sobre los costos de los alimentos.El segundo objetivo es subir la cantidad de raciones, para llegar a un mayor número de personas y familias, que ahora se suman a las comedores. Ambos aspectos se complementan con la compra urgente de alimentos que hizo el Ministerio, especialmente de leche fresca y leche maternizada, para evitar los largos procesos que requieren las licitaciones. También de este modo el Gobierno busca evitar situaciones de conflicto en el tramo final hacia las elecciones.
Para la cartera de Desarrollo Social, la nueva suba que establece la ley marca una continuidad con otras modificaciones presupuestarias ocurridas antes. Concretamente, el presupuesto de políticas alimentarias ya había crecido a $18.000 millones antes de la sanción de la emergencia alimentaria.
Aunque el Senado aprobó la medida el 18 del mes pasado, recién entró en vigencia el 30 de septiembre, cuando fue publicada en el Boletín Oficial. La correspondiente modificación presupuestaria, de $9000 millones, fue incluida dentro del DNU en el que el presidente Mauricio Macri estableció que el sector público debe invertir en LETE.
Fuentes del Ministerio de Hacienda aclararon que no hay ninguna relación entre el tema de los bonos y la emergencia alimentaria, más allá de compartir el decreto, que también abarca otros temas como Aerolíneas Argentinas y la homogeneización del financiamiento intrasector público.
¿Cómo se financian esos $9105 millones de la emergencia alimentaria? Los fondos provienen de otros ministerios. «No implica más gasto a nivel fiscal porque se reasignan partidas presupuestarias de programas que tienen un alto grado de subejecución», explicaron fuentes de Hacienda al diario La Nación.
Los movimientos sociales se mostraron satisfechos con la sanción de la ley de emergencia alimentaria, a la que consideraron un «triunfo político» propio.
«A algunas organizaciones les han llegado más alimentos secos para los comedores. Si la ley se cumple, no tendríamos por qué salir a las calles», afirmó Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista Combativa.
«Ha habido algunos avances. Se subieron las raciones y es mayor el universo alcanzado de chicos. Es un buen síntoma y esperamos que se intensifique», agregó Daniel Menéndez, titular de la fracción de Barrios de Pie alineada con Somos.
El gobierno nacional amplió en $ 150.855.455.584 el presupuesto para este año, a través del decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial, que autorizó partidas para atender Emergencia Alimentaria, deuda pública para el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, obras de infraestructura portuaria, garantías para Aerolíneas Argentinas y compra de un buque logístico polar.
El mismo decreto determinó que resulta necesario autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, a otorgar avales a favor de Aerolíneas Argentinas por US$ 100 millones destinados a financiar garantías para gastos de capital y refinanciación de deudas existentes.
También destacó que resulta necesario que el Ministerio de Hacienda pueda ampliar los alcances del Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera, e incorporar los créditos presupuestarios con el objeto de asistir financieramente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por $ 60.000 millones.
Además se avaló el pago de servicios por la colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo por $ 69.105.244.459.
El decreto amplió el presupuesto en políticas alimentarias del Ministerio de Salud por $ 9.105.244.459.
Asimismo, se autorizó al Estado Mayor General de la Armada a realizar una operación de crédito público por US$ 195,5 millones, equivalentes a $ 9.038.333.333, para la adquisición de un Buque Logístico Polar, a los fines de contar con eficientes medios de apoyo a la actividad antártica, cumpliendo con los estándares internacionales y permitiendo a la Argentina sostenerse como país rector en materia de investigación científica y conservación del continente antártico.
También a la Armada se le otorgó una partida de $ 3.480 millones para la adquisición de aviones de patrullado marítimo Orión P-3C; y otra por $ 126.633.333 para obras de infraestructura en el Dique de Carena Número 1 del Arsenal Naval Puerto Belgrano, así lo reseña Télam.
El Gobierno promulgó la ley de emergencia alimentaria nacional, que «garantiza en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población» en el país, mediante el decreto 667 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, dispone un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Además, se «faculta a partir del 1° de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Para eso, indica el decreto, se tomará «como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la Canasta Básica Alimentaria, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos».
Además, faculta al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
«Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales», dice.
El decreto recuerda que el «derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional que apruebe el Congreso de la Nación», así lo reseña Télam.
El debate fue una lluvia de críticas opositoras al modelo, con el oficialismo dando la extraña explicación de que le dejaron un país fundido y lleno de pobres.
Por unanimidad el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022. Ahora, el Gobierno –-que se negó a implementar la emergencia por DNU— debe promulgarla para reasignar partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad en lo que queda del año.
El proyecto incluye a partir de 2020 un aumento trimestral de las partidas alimentarias en base al incremento del rubro “alimentos y bebidas” del Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica medida por el INDEC. El debate acordado para una sesión rápida no estuvo exento de duras críticas del grueso de la oposición a la política económica del Gobierno de Mauricio Macri que desató la crisis socioeconómica.
Criticaron su favorecimiento a los sectores concentrados, el “brutal endeudamiento externo”, la fuga de capitales y la dolarización de la comida, los combustibles y las tarifas, además de cuestionar a los funcionarios y dirigentes oficialistas que niegan el hambre y que algunos definieron como “la ideología del desprecio a la gente”. Lejos de asumir las responsabilidades, el oficialismo buscó culpar a los gobiernos peronistas por la crisis alimentaria, insistió en que la emergencia lleva 18 años vigente, exaltó “la inversión social” del Gobierno de Cambiemos, aunque lo incluyó como uno de los “condicionantes del endeudamiento” y el senador radical Luis Naidenoff desafió electoralmente al peronismo opositor: “Tenemos en claro le mensaje de las Paso. La elección no se definió”, les espetó.
La probación fue unánime: 61 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones. Pero el tablero electrónico de la votación no reflejó la confrontación de modelos económicos que se dio en el debate a poco más de un mes de la elección que definirá el nuevo Gobierno para los próximos cuatro años. De los trece oradores que tuvo la sesión, doce fueron opositores y el oficialismo solo se reservó la palabra final para el cierre del debate.
La salteña María Cristina Fiore fue la primera en abrir el debate. “No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente ha aumentado”, afirmó la senadora que acompañó muchos de los proyectos del oficialismo. Citó las cifras que arrojan el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sostener que la inseguridad alimentaria grave, “quienes comen una vez al día o pasa sin comer, aumento de 2,5 millones en 2015 a 5 millones de personas en 2018”, sin contar este último año de agravamiento de la crisis. Luego calificó como “vergonzoso, grave e irresponsable” las declaraciones de los funcionarios del Gobierno que “niegan el hambre”, que también “trae muerte”, así lo reseña El Comodorense.
Las organizaciones sociales nucleadas en el denominado triunvirato de San Cayetano marcharán hoy a las 11 al Congreso de la Nación, a la espera de que el Senado apruebe hoy la prórroga de la declaración de emergencia alimentaria en el país hasta 2022, que tiene media sanción de Diputados.
Bajo la consigna «El hambre no espera», militantes de Barrios de Pie-Somos, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) se congregarán, a partir de las 11, en avenida de Mayo y Luis Saénz Peña.
“El jueves pasado logramos la media sanción de la Emergencia Alimentaria en diputados. Hoy volveremos a estar en las puertas del Congreso para que se termine de aprobar esta ley que es urgente e impostergable ante el fuerte deterioro social que se vive en nuestro país”, afirmó el coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, así lo reseña Télam.
La sesión especial fue convocada para este miércoles a las 14:00 y la idea tanto en el oficialismo como en la oposición es que, al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, el debate tenga pocos oradores y el proyecto sea convertido en ley sin estridencias.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por la Cámara baja con solo una abstención y el Senado le daría sanción definitiva para convertirlo en ley con un nivel similar de acompañamiento por parte de todas las bancadas.
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año.
Establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
Además, habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Por otra parte, al tratarse de la primera sesión después de dos meses sin actividad y al no contar con una fecha para el próximo debate, los senadores decidieron introducir en la agenda otro temas no conflictivo.
Se trata del proyecto que todos los años debe aprobar el Congreso para autorizar la salida de tropas nacionales y el ingreso de tropas extranjeras para la realización de los ejercicios combinados estipulados. (NA)
El Senado se prepara para aprobar el próximo miércoles la ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria, en medio de una especie de tregua entre Cambiemos y el peronismo que empezó a trabajarse Diputados y se trasladó a la Cámara alta, con el fin de bajar la tensión política.
La sesión especial fue convocada para las 14 con el proyecto de emergencia como único tema de la agenda y, según confirmaron tanto en el oficialismo como en la oposición, será aprobado con un significativo consenso, si no por unanimidad.
La dinámica del debate se definirá el mismo miércoles por la mañana, en una reunión de jefes de bloque, pero todo indica que se repetirá el esquema que usó la Cámara de Diputados: un tratamiento rápido, con pocos oradores y discursos que no levanten demasiada temperatura.
Esto es parte de una tregua parlamentaria entre Cambiemos y las distintas bancadas peronistas (como el bloque Justicialista, Frente para la Victoria), que empezó como un acuerdo tácito para mantener al mínimo la actividad del Congreso y terminó en un entendimiento expreso para «no hacer olas» una vez que la emergencia parlamentaria se convirtió en un tema ineludible de la agenda.
El pasado lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, y su par del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, mantuvieron una reunión en la que acordaron que el debate sobre la emergencia fuera lo más breve y pacífico posible. Por otro lado, ya había un acuerdo tácito previo entre el oficialismo y la oposición en el Senado para mantener al mínimo la actividad del Congreso a fin de evitar posibles exabruptos que pudieran impactar en las perspectivas económicas o en la campaña de cada partido.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió acompañar el proyecto, por un lado para evitar un nuevo conflicto político que complicara todavía más al Gobierno y por el otro para tomar por sorpresa a la oposición.
La tregua se vio reflejada en los discursos que se oyeron en la sesión, más moderados que en otras ocasiones, e incluso en el reconocimiento de Agustín Rossi al oficialismo por haber decidido dar quórum y acompañar la iniciativa, así lo reseña Elonce.
El oficialismo y la oposición en el Senado avanzaron en negociaciones de último momento para aprobar sin demoras la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022, durante la sesión especial convocada para el próximo miércoles.
El senador de Cambiemos Esteban Bullrich confirmó en ese sentido que no habrá «mayores dificultades» para convertir en ley ese día la extensión de la declaración de emergencia alimentaria que tuvo este jueves media sanción de la Cámara de Diputados por casi unanimidad.
En declaraciones a CNN Radio, Bullrich el proyecto «no cambia las metas» que tenía el Gobierno en materia de balance equilibrado de las cuentas y consideró que desde el Congreso «se trabaja con una mirada muy clara» sin fijarse «en las marchas sino en la situación social y las necesidades que hay».
En una nota firmada por los senadores del oficialismo, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, convocó al debate para el próximo miércoles a las 14 a una sesión que devolverá la actividad a una cámara paralizada desde julio por la campaña electoral. La convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas.
Si bien se adelantó que el objetivo será concretar una sesión breve, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada, en principio, para unas horas antes de la sesión.
El jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, confirmó a Télam que si bien se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas, le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.
«Este es el Senado. Acá hay muchos bloques y somos los representantes de las provincias. Aunque no desconocemos que el tema es importante», afirmó el senador formoseño.
Desde el bloque del peronismo, que preside el cordobés Carlos Caserio, y desde el bloque que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes adelantaron su disposición a la aprobación de la norma sin reparos, así lo reseña Télam.
El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, sostuvo hoy que «hay que reestructurar» los planes sociales para «alivianar la carga impositiva a la clase media trabajadora y las pymes», y cuestionó a los «gerentes de la pobreza» que reciben «muchos recursos del gobierno nacional».
«Decir que la gente no come en Argentina, es una exageración», dijo el senador peronista.
Pichetto brindó estos conceptos en declaraciones a radio Mitre, luego de una semana en la que los movimientos sociales protagonizaron acampes y protestas en distintos puntos de la ciudad, y la Cámara de Diputados aprobó en una sesión especial la prórroga de la Emergencia Alimentaria, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.
«Ningún país de América pone la cantidad impresionante de recursos para los sectores más carenciados que destina este gobierno para la seguridad social», remarcó Pichetto, para quien «si esta situación se acentúa, se va a consolidar la estructura de pobreza y se convierte en una práctica inviable».
