Un aumento de 9105,2 millones de pesos. Así se tradujo en la práctica el impacto de la ley de emergencia alimentaria, recientemente sancionada, que estableció una suba del 50% en las partidas presupuestarias que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social destina a la alimentación. Así, la cartera que encabeza la ministra Carolina Stanley tiene previsto un gasto total de $27.315,8 millones en políticas alimentarias, cuando inicialmente esa partida presupuestaria contaba con solo $12.582,2 millones.
Los datos pertenecen a la página web Presupuesto Abierto y fueron confirmados al diario La Nación por fuentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Los ítems que más aumentaron fueron las tarjetas alimentarias y el programa de complemento alimentario.
En comparación con lo pautado originalmente, ambos casi se triplicaron. Para las tarjetas alimentarias, estaba previsto un presupuesto de $4384 millones. Hoy el total alcanza los $11.138 millones. Unos $3545 millones era lo asignado inicialmente al complemento alimentario. En la actualidad, la cifra total alcanza los $10.138,2 millones.
Las tarjetas alimentarias se dirigen directamente a las familias que las reciben, sin otras organizaciones o instituciones como intermediarias. El dinero se transfiere primero a las provincias, que son las encargadas de distribuir los recursos, así como de definir el monto de las tarjetas y quienes están en condiciones de recibirlas.
El complemento alimentario es un programa conjunto que Desarrollo Social mantiene con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de una lista que integran cientos de comedores de todo el país que reciben asistencia. Cuenta con auditorías internas, por parte del Ministerio, y externas, llevadas a cabo por el organismo de Naciones Unidas. El objetivo es controlar que los comedores efectivamente existan y estén en funcionamiento, que asista la cantidad de gente que debería asistir, y que los asistentes no sean forzados ni obligados a ir a cambio de contraprestaciones.
Según fuentes de Desarrollo Social, algunos comedores de esta lista pueden pertenecer a organizaciones, como Cáritas, o estar ligados a la Iglesia Católica o a templos evangélicos. En cuanto a los municipios, se trata de un universo muy heterogéneo. Algunos tienen programas propios de asistencia a comedores, mientras que otros no.
El nuevo aumento tiene dos propósitos. El primero es que crezcan los montos que reciben los comedores, para que las personas que asisten sigan recibiendo el mismo menú que antes, a pesar de la alta inflación, que repercute especialmente sobre los costos de los alimentos.El segundo objetivo es subir la cantidad de raciones, para llegar a un mayor número de personas y familias, que ahora se suman a las comedores. Ambos aspectos se complementan con la compra urgente de alimentos que hizo el Ministerio, especialmente de leche fresca y leche maternizada, para evitar los largos procesos que requieren las licitaciones. También de este modo el Gobierno busca evitar situaciones de conflicto en el tramo final hacia las elecciones.
Para la cartera de Desarrollo Social, la nueva suba que establece la ley marca una continuidad con otras modificaciones presupuestarias ocurridas antes. Concretamente, el presupuesto de políticas alimentarias ya había crecido a $18.000 millones antes de la sanción de la emergencia alimentaria.
Aunque el Senado aprobó la medida el 18 del mes pasado, recién entró en vigencia el 30 de septiembre, cuando fue publicada en el Boletín Oficial. La correspondiente modificación presupuestaria, de $9000 millones, fue incluida dentro del DNU en el que el presidente Mauricio Macri estableció que el sector público debe invertir en LETE.
Fuentes del Ministerio de Hacienda aclararon que no hay ninguna relación entre el tema de los bonos y la emergencia alimentaria, más allá de compartir el decreto, que también abarca otros temas como Aerolíneas Argentinas y la homogeneización del financiamiento intrasector público.
¿Cómo se financian esos $9105 millones de la emergencia alimentaria? Los fondos provienen de otros ministerios. «No implica más gasto a nivel fiscal porque se reasignan partidas presupuestarias de programas que tienen un alto grado de subejecución», explicaron fuentes de Hacienda al diario La Nación.
Los movimientos sociales se mostraron satisfechos con la sanción de la ley de emergencia alimentaria, a la que consideraron un «triunfo político» propio.
«A algunas organizaciones les han llegado más alimentos secos para los comedores. Si la ley se cumple, no tendríamos por qué salir a las calles», afirmó Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista Combativa.
«Ha habido algunos avances. Se subieron las raciones y es mayor el universo alcanzado de chicos. Es un buen síntoma y esperamos que se intensifique», agregó Daniel Menéndez, titular de la fracción de Barrios de Pie alineada con Somos.
