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La hermana del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, fue encontrada muerta esta tarde en un descampado ubicado al norte de la ciudad de Santa Fe. Era buscada desde el viernes. Por el crimen permanece demorado la pareja de la víctima, un hombre de 66 años que había denunciado la desaparición.

A pocos metros del lugar en el que apareció el cuerpo de Ana María Alurralde, de 57 años, se encontraba el auto Volkswagen Gol de su propiedad abandonado. El descubrimiento tuvo lugar en General Paz y Mandarinas, a la altura de Monte Vera, a 15 kilómetros al norte de la capital provincial.

La mujer había sido vista por última vez el viernes por la mañana en su casa y esa misma tarde, su pareja realizó una denuncia por paradero en la comisaria sexta de la capital de esta provincia. Con el correr de las horas, el caso fue derivado a una fiscalía de Homicidios «a raíz de diversos elementos que fueron surgiendo de la investigación», informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por la noche, el hombre de 66 años fue demorado por orden de la fiscal Ana Laura Gioria, quien habría advertido «incongruencias» en su declaración. De acuerdo al medio Aire de Santa Fe los peritos también habrían encontrado manchas de sangre en su vivienda.

Ana María es hermana del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que en el último tiempo recibió amenazas presuntamente vinculadas a su actuación contra bandas narcos que operan en el norte de la provincia de Santa Fe. Si bien no descartan ninguna hipótesis sobre la muerte de la mujer, los investigadores del MPA no tenían hasta hoy evidencia de que esté relacionada con la actuación judicial de su hermano, informó Todo Noticias.

La Agencia de Seguridad y Prevención de la Municipalidad de Trelew, a través de Guardia Urbana, mantuvo una reunión con el Juez de Paz Jorge Nárez, para avanzar en la judicialización de denuncias y contravenciones en Trelew.

 

Nárez contó que la idea es que “ante situaciones complejas se logre una interrelación mayor para ver con qué herramientas se cuenta para darle solución al problema”.

 

Qué está especificado y qué no como una contravención, los requisitos para una denuncia y qué se puede llevar por vías judiciales fueron las cuestiones debatidas, ya que la Coordinación de Guardia Urbana, junto a  Nancy Parada (Mediación Comunitaria) presentaron casos de infracciones que precisan resolución urgente.

 

Entre ellos se destacaron algunos urbanos, como los controles de alcoholemia, ruidos molestos y animales sueltos; más rurales, como colocación de vallas eléctricas sin permiso y feedlots ilegales; y las frecuentes tomas de terrenos.

 

“Es importante ejercer los derechos de forma racional, sin lesionar los derechos de terceros”, dijo el Juez. “Nuestro trabajo es pacificar los conflictos, principalmente. Buscamos alternativas, las agotamos para evitar que pase a instancias mayores”, concluyó.

El fallo del juez federal con competencia electoral, Hugo Sastre. En la resolución niega la posibilidad de que el candidato a diputado nacional por Chubut al Frente, Alfredo Béliz, pueda ir plegado a la boleta presidencial del «Frente de Todos» encabezada por Alberto Fernández y secundada por Cristina Fernández de Kirchner.

«No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 259/2019 del Poder Ejecutivo Nacional deducida por Máximo Pérez Catán en representación de la alianza Chubut al Frente», sintetiza el fallo de Sastre.

En los argumentos sostiene que el Decreto 259/2019 «ha sido dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 99 inciso 2 de la Carta Magna» y describe que lo que ha hecho esa norma «es delimitar el alcance de un mecanismo que formalizó a su tiempo el Decreto 443/11 cuando introdujo los acuerdos de unión de boletas para tener virtualidad en las elecciones generales. La norma cuestionada modifica otra norma de igual rango entonces, por lo que el planteo de inconstitucionalidad no puede prosperar».

Asimismo, resalta que la acción presentada por Pérez Catán «muestra en definitiva el resultado de un mero disconformismo con la normativa electoral vigente, no demostrando que con su aplicación se ocasione un daño irreparable, toda vez que la norma no prohíbe la adhesión de boletas entre agrupaciones de orden nacional con las de orden distrital, sino que sólo limita la posibilidad de esta adhesión a una sola agrupación, preferentemente a la que lleve su misma denominación, y cuando no la hubiera podría admitirse la unión en base a un acuerdo entre agrupaciones de diferente denominación que no formen parte de una misma alianza», así lo informo el chubut.

SASTRE PIDE POR LA BOLETA ÚNICA

En otro pasaje de los fundamentos, el juez Sastre sostiene que «ésta una buena oportunidad para exhortar a los poderes políticos del Estado a examinar el sistema de boletas partidarias actual, el cual merece el debate sobre los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho de sufragio».

En dicho sentido, el juez federal de Rawson con competencia electoral pide en el pronunciamiento tener en cuenta «las reiteradas advertencias de la Cámara Nacional Electoral de la conveniencia de evaluar la instrumentación de un sistema de Boleta Unica, en el que se encuentre a cargo del órgano electoral su confección y suministro. Esta advertencia ha sido una de las más reiteradas por la Cámara, dictados con motivos de diferentes problemas que ha suscitado el actual sistema de boletas partidarias en las últimas elecciones nacionales».

Pide Aportes del Tesoro Nacional para que se garantice el pago regular de haberes hasta fin de año.

El juez Martín Alesi emitió una medida cautelar exhortando al Congreso de la Nación para que por vía de Aportes del Tesoro Nacional se garanticen los sueldos de los empleados judicialesde Chubut hasta fin de año, a fin de poder normalizar la actividad en los tribunales chubutenses. La medida solicita especialmente a los legisladores que representan a la provincia para que informen a sus pares sobre la parálisis que se vive en los estrados judiciales.

La actuación de Alesi se inició ante la presentación de un recurso de amparo impulsado por el Colegio de Abogados de Trelew,debido a la paralización del sistema judicial en toda la provincia, afectando derechos de la ciudadanía como también de los propios profesionales del derecho que no pueden realizar sus tareas ni percibir honorarios.

En su presentación, el Colegio de Abogados indica que las guardias mínimas no son prestadas en todos los organismos del Poder Judicial”, según el pronunciamiento al que tuvo acceso ADNSUR, señalando además que “existe una negativa a recibir escritos o documentos que no revistan urgencia, y que desde hace dos meses el servicio es discontinuado en pocos días a partir del pago de los salarios que se concreta en su totalidad. Advierte que las remuneraciones son cobradas tardíamente, pero en su totalidad, por un servicio no prestado y que en gran medida es abonado por el justiciable, siendo arbitrario que el Superior Tribunal de Justicia otorgue visos de manifiesta admisión de la denegación de justicia”.

En sus consideraciones, el juez Alesi reconoce que el derecho al reclamode los trabajadores judiciales es legítimo, por lo que resulta evidente que “la causa del conflicto entre el Colegio de Abogados y la Provincia del Chubut, no radica en la retención de tareas de los empleados judiciales, sino en el incumplimiento del Estado demandado en pagar oportunamente las remuneraciones”.

Aportes del Tesoro por vía del Congreso

Tras declarar admisible la vía del amparo, el juez dispone una medida cautelar basada en el artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional, que establece la potestad del Congreso de la Nación para “acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios”.

“Con esa norma, la Constitución asignó al gobierno federal la responsabilidad solidaria de asegurar la suficiencia de los Tesoros provinciales. Existe un principio de solidaridad financiera, en lo relativo a la forma federal, que consiste en que si una provincia no logra autónomamente obtener su suficiencia financiera, el gobierno federal tiene la obligación constitucional de apoyarla económicamente para que pueda cumplir con sus cometidos. Una de las técnicas para plasmar esa solidaridad financiera(aparte de la ley convenio de coparticipación y la nueva cláusula del progreso), son los subsidios del Tesoro Nacional que acuerda el Congreso”.

Del mismo modo, el juez solicita al ministro de Economía de la provincia que en un plazo de dos días, le indique el monto de la masa salarial requerida para empleados del Poder Judicial (quedan excluidos magistrados y funcionarios), para que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a requerir al Congreso alcancen para cubrir los pagos hasta fin de año.

El requerimiento va dirigido especialmente a los diputados nacionales por Chubut (Ana Llanos, Jorge Taboada y Santiago Igón, Gustavo Menna y Rosa Muñoz), como también a los senadores nacionales por la provincia (Nancy González, Alfredo Luenzo y Mario Pais) para que informen a sus pares del Congreso sobre la situación de Chubut.

Intimación por SEROS

Alesi es el mismo juez que tramite el amparo impulsado por el Defensor del Pueblo de la provincia, para que se regularice la obra social SEROS. En ese marco, comenzó a aplicar multas de 10.000 pesos por día a cada uno de los directores, desde la jornada de este lunes, por cada día que transcurra sin que apliquen los mecanismos legales para recaudar los montos que el Estado provincial retiene a los agentes públicos. Entre esos instrumentos, se contempla que el organismo puede requerir al Banco Chubut que garantice con los ingresos por regalías hidrocarburíferas, el monto que debe depositar mensualmente para el funcionamiento de la obra social, informó ADN SUR.

En el caso de dos empresarios de Comodoro, Miguel Freile y Massoud Ighani,  el juez Piñeda resolverá en cinco días hábiles más, mientras que en el caso del periodista Andrés Ninín, resolverá si acepta el resultado del juicio abreviado o no en 10 días hábiles.

En el marco de la investigación de la causa periodísticamente llamada “Revelación”, en la mañana de este lunes se realizaron dos audiencias en la Oficina Judicial de Rawson en la que el juez de garantías Sergio Piñeda resolvió analizar el ofrecimiento de los respectivos abogados defensores de tres de los imputados para acogerse a la figura de la “suspensión del juicio a prueba” o “probation”, según se informó desde el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.

Se trata de los empresarios de la construcción Miguel Freile y Massoud Ighani, que fueron los imputados de la primera de las audiencias, y por otro lado, el periodista Andrés Ninin, protagonista de la segunda de las audiencias.

Para no ir a juicio oral y obtener la probation, Ighani, dueño de Rigel Construcciones, ofreció construir un edificio por más de cuatro millones de pesos en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia para la Fundación “Juntos por un Corazoncito Feliz”.

Freile, también empresario de la construcción, ofreció ampliar en 72 m2 la sede del Centro de Rehabilitación de esa misma fundación, para evitar el juicio oral y público en su contra.

En el caso de los dos empresarios, Piñeda resolverá en cinco días hábiles más.

Ninín

Mientras tanto, Andrés Ninín expresó:  «acepto mi participación en los hechos y ratifico mi declaración».

En 10 días hábiles el juez Sergio Piñeda decidirá si acepta el resultado del juicio abreviado o no.

Los querellantes adhirieron a la petición del Ministerio Público Fiscal, que además mantuvo contra Ninín todo lo descripto en la acusación y los cargos en su contra. El periodista está imputado como partícipe de una asociación ilícita.

El fiscal Marcos Napoli pidió una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimento para el imputado Ninín, aunque tiene la posibilidad  de acceder a la libertad condicional, conforme a derecho, teniendo en cuenta los nueve meses de prisión que ya cumplió.

Su defensor, Guillermo Iglesias, anticipó que solicitará la libertad condicional para Nínin.

El juez Piñeda se tomará 10 días hábiles para resolver, detalló el Ministerio Público.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha radiografiado el complejo entramado que presuntamente orquestó el PP de Madrid para financiarse ilegalmente al menos entre 2004 y 2014, un sistema del que participaron sus máximos responsables pero que ideó y supervisó Esperanza Aguirre.

Aguirre declarará por primera vez como investigada (imputada) el próximo 18 de octubre, pero antes lo harán sus sucesores Ignacio González (ya investigado en esta causa y también en el caso Lezo, por el que llegó a estar en prisión preventiva) y Cristina Cifuentes. Se les atribuyen una decena de delitos de corrupción y el de organización criminal, informó EFE.

Ocurrió en la Ruta 40. En la camioneta del Poder Judicial viajaba un juez, su secretario y el conductor desde Esquel hacia El Hoyo.

El siniestro vial ocurrió éste viernes por la mañana, cerca de las 9.30, en el kilómetro 1.864 de la Ruta Nacional Nº 40.

Allí, una camioneta Hyunday H1, perteneciente al Poder Judicial, volcó resultando sus ocupantes con lesiones de carácter leve.

En el rodado transitaban un juez, su secretario y el chofer, quienes se trasladaban desde Esquel hacia El Hoyo a una audiencia que debió ser suspendida a causa del siniestro vial.

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió que el imputado en la causa “Revelación” Pablo Bastida recupere la libertad durante el proceso, poniendo fin al arresto domiciliario al que debió ser sometido durante pocos días luego de violar las condiciones que se le habían impuesto para seguir gozando de ese beneficio.

La medida del magistrado fue acompañada por el fiscal general Marcos Nápoli que destacó la necesidad de que Bastida cumpla con la condiciones y recaudos legales de tal por lo que, hasta la realización del juicio oral y público, no podrá acercarse a los testigos de la investigación ni a los otros imputados en los hechos que se investigan.

Bastida se había contactada personalmente días atrás con una testigo del caso con la que tuvo un entredicho en la vía pública lo que le costó volver al arresto domiciliario en su domicilio.

En la audiencia el abogado defensor de Bastida Fabián Gabalachis, fue reemplazado circunstancialmente por la defensora oficial Fernanda Burgardt que no se opuso a la postura del representante del Ministerio Público Fiscal. Ante el acuerdo de las partes, el juez Piñeda resolvió la libertad de Bastida al que le recordó las condiciones que deberá cumplir para gozar de esa situación hasta que se realice el juicio oral y público en su contra y para una veintena de imputados entre ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción.

Los violentos hechos de este lunes en Comodoro Rivadavia sirvieron de argumento para que otro juez vuelva a rechazar el pedido del Gobierno Provincial de incorporar la identificación de condenados por delitos sexuales en la aplicación para celulares que fue lanzada el mes pasado.

Cuando el Gobierno Provincial ideó su aplicación de celulares para denunciar a prófugos de la Justicia, incluyó la publicación del rostro de quienes tuvieran sentencias firmes por delitos de índole sexual. Esto último fue rápidamente prohibido por el juez laboral Paulo König a partir de una medida cautelar, que sostenía que la difusión de estos datos es potestad exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. Así, la aplicación fue lanzada y se encuentra disponible para su descarga en teléfonos celulares desde febrero pasado, pero tiene bloqueada la pestaña de delitos sexuales.

Como era de esperar, ese freno judicial no fue bien recibido por el Estado Provincial y el ministro de Gobierno de Chubut, Federico Massoni, rápidamente apeló ese fallo, y más tarde recusó al juez, argumentando que había emitido juicios previos a la instancia correspondiente. La Justicia hizo lugar a esa recusación, y el expediente pasó a manos de un nuevo juez laboral, el Dr. Adrián Duret.

Este viernes, fuentes cercanas a la Justicia indicaron a ADNSUR que el juez Duret falló en coincidencia con el anterior magistrado, impidiendo al Gobierno de la Provincia a publicar el rostro de los delincuentes sexuales que están en el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS), que depende del Superior Tribunal de Justicia.

En su argumentación, el juez sostiene que la difusión de esos datos es inconstitucional, que depende exclusivamente de la decisión del Superior Tribunal de Justicia, e incluso cita fallos similares en otras provincias.

Pero significativamente se vale de los hechos violentos ocurridos este lunes en Comodoro Rivadavia para agregar un nuevo eje argumentativo: sostiene que identificar a estos delincuentes podría dar lugar a que la gente haga «justicia por mano propia».

El magistrado asegura que exponer el rostro de quienes han cumplido condenas por abuso sexual podría poner en grave riesgo su integridad física y su vida, ya que pueden propiciar situaciones similares a las vividas en Comodoro Rivadavia durante la pueblada en Fracción 14, cuando a través de las redes sociales se identificó quien habría violado a un nene de 12 años. La indignación de los vecinos provocó que intentaran linchar al supuesto abusador -que después se demostraría que no estaba vinculado al abuso- , mientras otro grupo de vecinos prendía fuego la casa de su padre y lo mataban a golpes.

 

ADNSur

El fiscal Carlos Stornelli no se presentó este martes a declarar ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, en la causa en la que se investiga una supuesta extorsión a un empresario agropecuario.

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido de nulidad del fiscal Carlos Stornelli, quien este martes no se presentó a su nueva citación a declaración indagatoria en el juzgado de Dolores, donde está imputado como supuesto miembro de una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales. De esta manera, el juez ratificó la investigación que viene llevando adelante y en la que Stornelli se ha negado a prestar declaración indagatoria en varias oportunidades.

Ricardo Ribas, abogado del fiscal, asistió a ese juzgado e hizo un planteo de nulidad de la citación de Stornelli, quien ya había varios pedidos de nulidad de la investigación, porque considera que al magistrado incompetente para intervenir en el caso al sostener que los eventuales hechos delictivos que él niega habrían ocurrido en la Capital Federal y no en la ciudad balnearia de Pinamar.

Además, el letrado sostuvo en el escrito que Stornelli «se encuentra a derecho, ha constituido abogado defensor en la presente causa y ha realizado, en procura de salvaguardar las garantías constitucionales más elementales, los planteos que se estiman conducentes para el correcto encauce de los intereses en juego».

«Muchos de los cuales -por no resaltar su totalidad- no han sido siquiera abordados por VS, quien ha aplicado una singular y curiosa demora a su tratamiento», agregó el Ribas. Stornelli tiene fueros por su condición de fiscal por lo cual en caso de ser declarado en rebeldía no puede ser trasladado por la fuerza pública.

Ramos Padilla podría cursar un pedido a la Procuración General de la Nación para obtener su desafuero. Esta fue la cuarta citación al fiscal en el caso que investiga una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales.

Stornelli faltó a las dos primeras convocatorias y pidió una prórroga de la tercera, que fue concedida para hoy. El fiscal está acusado en la investigación donde ya está preso con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’ Alessio.

 

ElPatagonico