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Ñoquis Calientes

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Esta mañana comenzó la audiencia contra la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola y otros ex empleados de la cartera provincial.

En la Oficina Judicial de Rawson se lleva a cabo la audiencia de apertura de investigación en la causa judicial denominada como “Ñoquis calientes”, en la que se encuentran involucradas 13 personas, entre ellas la ex Ministro de Familia del Gobierno del Chubut, Cecilia Torres Otarola.

Este martes desde las 10 está convocada la audiencia de apertura de investigación en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” en la que se imputará a la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola y a otras 12 personas por los presuntos delitos de fraude al Estado y concusión. La jueza será la doctora Ivana González y el fiscal Omar Rodríguez tendrá a su cargo la lectura de los hechos por los cuales se pretende llevar a juicio a la ex funcionaria, que debió renunciar a su cargo a comienzos de julio.

La audiencia se realizará en la sala 2 de la Oficina Judicial ubicada en la capital provincial, con parte de los protagonistas de manera presencial y otros –probablemente la mayoría- por el sistema de videoconferencia. Según trascendió Otraola no se haría presente, sino que junto a su abogado participará desde su domicilio de manera virtual.

Oportunamente la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a esa Oficina el respectivo pedido de imputación en la causa. Está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. En total son trece las personas involucradas.

Según el pedido de apertura de investigación, se acusa a Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión; Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Silvana Adriana Cañumil, con domicilio en Rawson, y Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, de Trelew.

Según el fiscal, Otarola incurrió en fraude a la administración pública como autora en 10 hechos y en concusión en 3 hechos, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Los mismos delitos para Jaquelina Rodera pero en cinco hechos. El resto será imputado por fraude a la administración pública.

COMO DIPUTADA

Según la imputación, Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

TAMBIÉN COMO MINISTRA

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

TRANSFERENCIAS

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Párrafo aparte es la situación de M.N.F., quien figura como directora en el Ministerio. Es la hija de Sandra Jaramillo, empleada doméstica en la casa de Otarola desde 2019 hasta enero. La exministro le ofreció incorporar a su hija a Familia. Le pidió foto y DNI por WhatsApp. La designó pero sólo fue a trabajar un par de días. Sucede que M.N.F. se tuvo que presentar donde funcionaban las oficinas de CORFO, justo cuando se vivía un clima de tensión. Además, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Otarola significó que la primera le dijera a su hija que no fuera más.

Según relató la testigo, Torres Otarola dijo que su hija trabajaría en la Secretaría Privada con un sueldo de $ 20.000. Sin embargo el haber real era de $ 43.558. “Esto pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario por parte de la funcionaria”. En la cuenta sueldo de M.N.F. no hubo movimiento del dinero, que sigue ahí. Madre e hija desconocían que existían pagos de haberes por el cargo.

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Así lo aseguró el abogado, Fabián Gabalachis, quien representa a la ex ministra y diputada Cecilia Torres Otárola en el marco de la causa «Ñoquis Calientes».

El 11 de agosto se llevará adelante la apertura de investigación por la causa conocida como «Ñoquis Calientes» que investiga a la ex ministra y diputada provincial, Cecilia Torres Otárola, por defraudación al Estado. Es que habría tenido asesores que no trabajaban y cobraban un sueldo.

Su abogado, Fabián Gabalichis, explicó que » los que no estamos en la administración pública por ahí nos chocan algunas situaciones». Sin embargo, «aparentemente en el ámbito del funcionamiento de la administración pública se dan situaciones de esta naturaleza y son normales».

«Ella interpreta que no constituye ninguna clase de delito, sino que es propio del funcionamiento de la administración pública»,dijo en diálogo con LaCienPuntoUno. Sobre los asesores contratados, explicó que «la ministra explica que no es así, que han sido nombrados y han trabajado».

Por lo que ahora se deberá demostrar si hubo o no una «contraprestación», si se realizó en dónde fue y si existieron retornos de dinero y/o movimientos bancarios de sueldos de estos «asesores» hacia la cuenta de la ministra o hacia sus secretarias.

El penalista Fabián Gabalachis será el defensor de la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y de otras tres imputadas por la Causa Ñoquis Calientes: Jaquelina Rodera, Silvana Cañumil y Pamela Matamala. La audiencia de apertura de investigación será el 11 de agosto a las 10 en la Oficina Judicial de Rawson. La jueza será Ivana González.

El abogado reveló que al hablar del caso, Otarola “me dio explicaciones en función de los comentarios que escuchó del fiscal Omar Rodríguez y está completamente convencida de que todo esto es un error y que interpretaron mal la normativa de la administración pública”. Sin embargo, Gabalachis advirtió que “antes de escuchar y analizar lo que me manifestó, quiero tener un conocimiento acabado de la imputación”.

-¿Quiere hablar?

-Ella quiere hablar pero ante las declaraciones del Ministerio Público Fiscal quiere salir a contestar pero le aconsejé que no lo haga y que el ámbito para declarar eventualmente es en la justicia y no en los medios.

En cambio, las otras tres acusadas “son más pasivas, la que más siente la necesidad de explicar públicamente es ella”. En este sentido, “analizaremos lo que suceda en la apertura porque si fuera por ella, no tengo ninguna duda de que quiere declarar, pero tengo que analizar cuáles son los elementos de prueba y le aconsejaré”.

“No la noté con un alto grado de preocupación, más que nada la noté con un alto grado de querer tratar de explicar, de salir a contrarrestar lo que dice el MPF”, agregó. “Se parece a la ansiedad, pero tampoco está desesperada”.

Parte de la audiencia de la Causa Ñoquis Calientes será por videoconferencia ya que hay imputados en Capital Federal. “Una declaración de ese tipo donde puede haber preguntas de Fiscalía sería interesante que sea presencial y cara a cara, así que seguramente será un poco más adelante”, consideró. Gabalachis no ve problemas en las audiencias virtuales para, por ejemplo, notificar imputaciones. “Pero para ejercer la defensa con interrogatorios a testigos lo noto muy complicado. No funciona con la efectividad de lo presencial, para advertir rasgos y tiempos”.

“Otarola es una persona acostumbrada a la función pública que tiene una exposición, y es en ese sentido que siente la necesidad de hablar, pero no siempre las cosas dentro de la administración pública funcionan de modo similar a una causa judicial, y por eso le digo que sea más prudente por eso.

El defensor dijo que la exministro “admite las contrataciones” que realizó. Y de lo que sabe hasta ahora de la Causa Ñoquis Calientes, “mi primera impresión es que hay una suerte de desorganización en la administración pública en general, y que lo que tendremos que analizar es si esa desorganización constituye delito. Debe haber otros estamentos del Estado con situaciones similares, y si los hay parece injusto que todos los cañones apunten a ella. Pero hay que avanzar con la prueba”.

Sentimiento

-¿Sostiene que en estas causas arranca con cancha inclinada?

-Estamos en una época que todo aquello que implique defensa de funcionarios públicos en materia de defraudaciones al Estado implica necesariamente jugar con la cancha inclinada. Es el sentimiento general de la sociedad en este momento, una suerte de desmanejo de parte de los funcionarios. Es el rol que me toca ejercer de la manera más efectiva posible.

Alberto Gilardino es el abogado que se mencionaba en la causa «ñoquis calientes» como beneficiario de un alto salario que desde el Ministerio de Desarrollo Social se pagaba a su propia madre, ya que él aún debe responder por su responsabilidad la causa Revelación.

Como se sabe, aquella causa judicial también incluía sobresueldos aunque todavía no fue llevada a juicio.

Otarola y doce imputados más

«Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública» se denomina la causa que este miércoles elevó el titular de la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez. A través de la misma, se imputó a la ex funcionaria y a otras 12 personas.

En concreto, lo que está en duda es la idoneidad y la efectiva prestación de servicios por parte de quienes dependían laboralmente de Torres Otarola desde la época en se desempeñaba como diputada provincial.

El arrepentido Gilardino

En este contexto reapareció el «arrepentido» Alberto Gilardino, fugaz jefe de Gabinete que últimamente habría accedido a un salario del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud a través de su madre, Patricia Claudina Antonio, ahora también imputada en esta causa.

Gilardino -que antes de ser jefe de Gabinete fue secretario de Pesca de Chubut- se halla impedido de ejercer cargos públicos en función de las imputaciones que pesan sobre él en el marco de una de las causas de corrupción que estallaron en Chubut cuando cayó en desgracia Diego Correa.

Se trata de la denominada «Revelación», que justamente comprende el pago de sobresueldos, uno de cuyos beneficiarios fue en su momento Gilardino, según él mismo admitió ante dos fiscales buscando mitigar la pena que podría caberle cuando se lleve a cabo el juicio, sucesivamente pospuesto desde comienzos de este particular año 2020.

«Garganta Profunda»

Pocos días después de que estallara la causa «Revelación» -el 22 de mayo de 2018- se supo que un ex alto funcionario del gobierno provincial que encabezó Mario Das Neves había brindado un testimonio clave para entender cómo era el mecanismo de cobro de los sobresueldos. Se trataba ni más ni menos que de Alberto Gilardino, el hombre que sucedió a Víctor Cisterna como ministro Coordinador de Gabinete en noviembre de 2016 y que había renunciado un mes y medio antes de la muerte de Mario Das Neves, ocurrida el 31 de octubre de 2017.

«Empecé a tener ‘ruido’ de los manejos de Correa sobre el final. De hecho, vino (Pablo) Durán, que era el ministro de Gobierno, y me dice ´Beto, hay mucho ruido con Diego (Correa), de que está viniendo gente a dejarle cosas a Casa de Gobierno (plata concretamente); que lo tienen grabado; que lo tienen filmado; que las pide de su teléfono particular´. Como que él tenía el dato de que andaba dando vuelta eso», declaró Gilardino ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz.

Contó también que a Cisterna «se lo acusaba de manejar cuestiones de plata y se hizo público que le decían ´toallón´ (porque te abrazaba y quedabas seco), así que parecía que había un sector que lo quería afuera… Das Neves nos convoca a Pablo Oca y a mí. Le dice a Pablo que prefería que él siguiera manejando los números y que yo sea el próximo jefe de Gabinete».

Una vez en el cargo, Gilardino se reunió en la Secretaría Privada con Correa y Gonzalo Carpintero. «Correa me dice: ´no hables nunca de plata con Mario; no se habla de plata con él; todo eso lo manejo yo; a vos te vamos a dar un monto fijo por mes porque hay que venir todos los días, todas las tardes… los sábados nosotros venimos a trabajar; tu teléfono tiene que estar prendido 24 horas por cualquier eventualidad».

Gilardino explicó que «estaban divididos; Gonzalo hacía la parte política y Diego era la parte administrativa y la parte concreta de los pagos. De hecho cada vez que se viajaba Diego era el que pagaba los gastos de Mario. Me dicen que me iban a dar $ 100.000 por mes en concepto de horas extras o algún motivo así, como que venía estipulado. Yo acepté». Dijo que cobró en diciembre de 2016 y en enero, febrero y marzo de 2017.

Cuentas claras

Llegó el recambio de autoridades de las sociedades de las cuales el Estado participa y Transpa era una. «Estaba (Hernaldo Pedro) Crisci, quien se fue junto a Cisterna porque era su mano derecha en la Coordinación de Gabinete».

Gilardino pidió blanquear la plata que recibía porque «me trasladaban el problema a mí donde yo tenía plata que no la tenía blanqueada». Aceptaron su idea. «Hacen renunciar a Crisci y me nombran a mí en una sesión extraordinaria, y también en Hidroeléctrica Futaleufú. Entre los dos eran más o menos 15 (mil) de uno y 30 y pico de otro, casi sumaba 50 mil pesos entre los dos, más allá de que me tenía que pagar los autónomos todos los meses, quedando blanqueado así 50 mil y empiezan a darme 50 y no 100».

Sus declaraciones se hicieron públicas porque desde la misma Fiscalía se hizo circular el video donde era interrogado por los fiscales.

La nueva imputación

«Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio, Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020 le efectuó transferencias bancarias al CUIL 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 peso, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada», sostiene la presentación hecha este miércoles por el fiscal Rodríguez.

Este miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación en esta causa que tiene 13 imputados por 13 hechos diferentes: 10 imputados por defraudación al Estado y tres imputados por concusión. Una de las imputadas, Silvana Cañumil, la niñera de Torres Otarola, sería la encargada de recaudar «el diezmo» que la ex diputada le cobraba a las personas a quienes había hecho ingresar a la administración pública, y luego transferirle el dinero. En cuatro años, Cañumil le transfirió a Otarola más de un millón y medio de pesos.

En la causa, se imputa a Cecilia Torres Otarola en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y a otras 12 personas consideradas «partícipes necesarios» e imputados de diversos delitos. Ellos son Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles -todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Según el relato del fiscal, Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015 poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019. Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada. Cabe destacar, que Cañumil, vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola.

Por otra parte, el fiscal detalla que en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial.

Rodríguez expuso también que Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura Provincial. Fue así que en el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otarola, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina.

Este modus operandi, va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de Diputada Provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo Provincial, como Ministra de Desarrollo Social y Familia. A partir de ese momento, diciembre del año 2019, la nombrada va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vinculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios de la nombrada.

Fue así, que ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General.

Según la Fiscalía, de los distintos elementos analizados hasta el momento surge clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Justamente la gestión de la nombrada para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada. Pero además de los nombrados también, se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. El nombrado fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. En el año 1998, Marcelo Neira, y Antonio Cundari, entre otros, eran socios en una sociedad denominada TELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Por otra parte, en el año 2005 los nombrados constituyeron una Sociedad cuya razón social se denominaba INDUSTRIA CARMA SRL, surgiendo con claridad que la designación en el cargo respecto de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Marcelo Neira. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen una sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

Ahora bien, a esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola, sito en Costamagna 79, Playa Unión. En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, ocupa el cargo de Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

En esta misma dirección Silvana Cañumil, en fecha 10 de mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a la persona de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Cecilia Torres Otarola con el instituto aludido. También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente.

A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al al millón quinientos mil pesos (1.500.000 $).

Por su parte, Miguel Reto el día 3/6/20, realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija de la Señora Sandra Jaramillo quien prestó servicios de empleada domestica en la casa de Otarola, desde mediados del año 2019 hasta enero de este año. En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria.

Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Finalmente en la mañana de hoy miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación por la causa Ñoquis Calientes en la que según pudo saber ADNSUR- imputará a la ex ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola por 13 hechos en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y además habrá 13 imputados en total.

De acuerdo a la información exclusiva a la que accedió nuestra agencia, la acusación consta de 13 hechos distintos en los que se acusa además de Otarola a otras 12 personas como partícipes necesarios, entre ellos, al ex ministro Coordinador de Mario Das Neves, Alberto Gilardino, y a su madre, Patricia Antonio.

Según la hipótesis de los investigadores, Gilardino sería uno de los asesores que trabajaba para Otarola, pero para no figurar , se hacía la contratación a través es de su madre, quien a su vez le giraba el dinero de los honorarios que cobraba como abogado.

En general, los hechos describen una conducta en la que se ve un modus operandi de Otarola en la época como diputada y en la era como ministra, en la que se contrataba personal que no cumplía funciones especificas, y a la vez se le exigía la devolución de parte de sus haberes, que iban a parar a una caja política que manejaría la misma Otarola, fondos que eran distribuidos a través de una cuenta que tenía su niñera, quien también es una de las imputadas.

Luego de la repercusión de lo investigado hasta el momento en la causa “ñoquis calientes”, el procurador general Jorge Miquelarena sumó a esta experiencia lo ocurrido en las causas “Embrujo” y “Revelación”. Así se refirió a los organismos de control existentes en el Estado y a las fallas de los “estamentos intermedios”. También a las advertencias que en el año 2018 le realizó al gobernador Mariano Arcioni. 

¿Lo investigado en el marco de esta causa, que se ha denominado “ñoquis calientes”, ¿lo consideran un hecho aislado o lo ven como una práctica que podría repetirse o tener ecos en otras áreas de la administración pública?

Cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de pruebas son bastante más sólidas.

Por lo demás, uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos “ñoquis”. Lo cierto es que, para eso, hay determinados organismos que tienen que hacer auditorias, que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está ni facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios “por las dudas” que existan “ñoquis”. Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir.

¿Desde su experiencia desde 2008 como procurador general, ve que es necesario, quizá, aplicar nuevos mecanismos de control, y que los que están no están funcionando como deberían?

Es una buena pregunta. En el año 2018, a partir de las causas que se conocieron como Embrujo y Revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni, con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber, con preocupación, muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de contralor. No en los organismos de contralor de rango o de jerarquía constitucional, como puede ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción: veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las jefaturas de compra.

¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de estado, allá por el 2004 al 2008, ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y en que, de algún modo, se puede llegar a sospechar que la cosa viene “armada”, como se puede decir en la jerga. Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública: y, si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron, con que los presupuestos están, con que el llamado está, con que la apertura se hizo. Desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero de algún modo se olfatea que la cosa puede venir armada de antemano.

¿Qué advertimos nosotros, ahora, con todas estas cuestiones? Que están fallando, y mucho, los organismos intermedios. Las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación, ya sea de insumos de bienes o de personal que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. Por eso es que, como decía, en el año 2018 le envié un oficio al gobernador con copia al contador general de la provincia, advirtiéndole y recordando de algún modo cuáles son las misiones y funciones de estas personas que tienen que velar por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública. Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de compra y de administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió, también, que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Evidentemente, mucho caso no hicieron, ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son la verdad, sorprendentes.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la causa “Ñoquis Calientes” que tiene como principal imputada por presunto fraude al Estado, a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. “Hay legajos en donde no hay absolutamente ninguna documentación, ni un CV, solo hay papeles en blanco. Empezaremos a investigar todas las responsabilidades penales”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “en el 2018 luego de que sucedieran las causas Revelación y Embrujo yo le envié una nota al Gobernador Mariano Arcioni haciéndole saber la preocupación por la falla en los órganos de contralor del Estado. En ese momento el ex ministro Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli les advirtió a todos los funcionarios los cuidados que se debían tener a la hora de manejar fondos públicos o contratar personal”.

“Hay legajos en donde no hay absolutamente ninguna documentación, ni un CV. Empezaremos a investigar todas las responsabilidades penales”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “no puede ser que no haya un control en la gente que se contrata. Hay personas que figuran trabajando en Chubut pero viven en Buenos Aires y en muchos casos, ni siquiera saben dónde queda nuestra Provincia”.

“Vamos a investigar todas las responsabilidades de todos aquellos que intervinieron. Podría haber investigaciones internas dentro de la propia administración”, indicó.

En este marco, aseveró que “no puede ser que no haya el más mínimo control. Se acreditó que mucha de la gente contratada devolvía un porcentaje importante del sueldo”.

“Todos los funcionarios –del Gobernador para abajo- que hayan intervenido en estas contrataciones irregulares, serán investigados”, afirmó.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “hay directores de área que al ser interrogados no sabían quiénes eran los subsecretarios contratados porque nunca habían asistido a trabajar”.

El fiscal General Omar Rodríguez, se refirió a los allanamientos realizados en el día de hoy en el marco de la denominada “ñoquis calientes”, que involucra a la ex ministro Cecilia Torres Otarola.

Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios ubicados en Playa Unión, Rawson y también en Trelew y en oficinas administrativas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde por otra parte, se encontraba presente la ex funcionaria, a pesar de haber sido separada de su cargo desde los primeros días de este mes.

“Torres Otarola estaba en el lugar como si fuera un día normal de trabajo, pero no entorpeció con la investigación”, comento el fiscal Rodríguez.

Respecto a los allanamientos expresó “Buscábamos todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación entre las personas que están sospechadas, teléfonos, y documentación relacionadas a diferentes cuentas bancarias”.

“El núcleo de la investigación tiene que ver con personas que hacían creer al Estado que prestaban un servicio y no lo hacían” agregó Rodríguez.

Por su parte el fiscal hizo mención a un caso en particular en relación a este fraude a la administración pública “La ex ministro Torres Otarola hizo ingresar a su niñera haciendo creer que prestaba un servicio para el Estado y en realidad no lo hacía, solo estaba a cargo de los hijos de ella, esta persona cobraba un sueldo elevado, y esta persona no cumplía ningún tipo de función acorde a lo que se la había contratado”

Asimismo comentó “Torres Otarola le pedía a sus asesores la mitad de su sueldo y lo depositaba en la cuenta de su niñera y la niñera le hacia las transferencias a la ex ministro a diferentes cuentas, esto está confirmado”.

Comentó que durante los allanamientos “abrimos legajos de estas personas contratadas y no hay ni siquiera una foto del DNI, no se sabe si tienen el secundario completo, si tiene antecedentes penales, si está bien de salud, las carpetas solo tienen nombre y están vacías”.

“Hay muchísima gente que no va a trabajar, que cobra sin ir a trabajar. No nos podemos dar el lujo de que aparezcan personas que cobran y residen en otra zona”, expresó el fiscal de la causa “Ñoquis Calientes”.

Sobre el fraude puso énfasis en el engaño de Torres Otarola “La ministro lo que hace es engañar al gobernador, tuvo un abuso de confianza, dio un listado de personas que brindarían un servicio y el gobernador las designó, pero estas personas, junto con la ministro sabían que no iban a trabajar pero si iban a cobrar, es más, no viven en la provincia”.

Al respecto manifestó “es imposible que un gobernador tenga que salir a chequear a cada una de las personas que sus funcionarios proponen, de saber esto el gobernador ya no sería un engañado, sino un cómplice”.

Por último aclaró que “Torres Otarola esta sindicada, pero no está formalmente imputada, no formule cargo sobre ella, y esto se dará cuando yo presente el escrito de apertura de investigación”.