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Diputados nacionales de diferentes bloques de la oposición buscarán realizar hoy una sesión especial para tratar la prórroga a la Ley de Promoción de la Producción de los Biocombustibles, aunque se espera que debatan en minoría ya que el oficialismo anticipó que no asistirá al plenario.

Los bloques encabezados por Juntos por el Cambio y Consenso Federal unificaron su pedido para sesionar a las 11.30 para tratar la prórroga de la Ley 26.093 que caduca en mayo tras 15 años de vigencia, y que fue aprobada por el Senado pero que Diputados aún no pudo debatir.

De todos modos, y a pesar de que el pedido está firmado por varias fuerzas políticas pertenecientes a la oposición, se estima que esos bloques no lograrán las mayorías necesarias para debatir sobre tablas el proyecto que no tiene aún dictamen de comisión.

Ese conglomerado opositor pidió además otra sesión pero para las 14 con el fin de votar los proyectos de Impuesto a las Ganancias y reforma del Régimen de Monotributo, impulsados por el oficialismo, a la que tampoco concurrirán los representantes del Frente de Todos, que mantienen su idea de sesionar el sábado para tratar esos proyectos.

La controversia entre el oficialismo y la oposición se agravó en los últimos días, luego de que la oposición anunció su decisión de unificar el pedido de sesión especial para tratar la prórroga de la ley de biocombustibles para este jueves, indicó la agencia Télam.

En principio, las autoridades de la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Massa, habían accedido solo al pedido de sesión por biocombustibles, pero rechazaron el planteo para sesionar a las 14 para tratar Ganancias y Monotributo, ya que, según dijeron, «esos temas serán tratados en la sesión pedida por el Frente de Todos para el sábado».

Sin embargo, más tarde, Massa habilitó la segunda sesión, luego de hacer lugar al pedido de la oposición que le envió una nota, en la que le aclararon que la convocatoria a sesionar «no se trata de una decisión opcional o discrecional del presidente, sino que está obligado a hacerlo, según surge del texto mismo del reglamento».

ANSES prorrogó hasta el 30 de junio la suspensión del trámite de supervivencia para el cobro de las jubilaciones y pensiones de abril mayo y junio.

Así lo informó el organismo previsional y aclaró que de esta manera «los beneficiarios y beneficiarias no deben concurrir a los bancos para hacer el trámite».

Además, estableció que «los titulares residentes en el exterior pueden presentar, de forma excepcional, el certificado de supervivencia semestral ante el banco apoderado también hasta el último día de junio». .

Hace exactamente un año, el 19 de marzo de 2020, junto con las medidas sanitarias adoptadas para controlar la pandemia de coronavirus, el organismo previsional resolvió suspender de forma presencial el trámite que acredita si un individuo se encuentra con vida como su estado civil.

Esta constancia, fe de vida o supervivencia, se encuentra dirigida a jubilados y pensionados que perciben regularmente sus haberes y debe efectuarse en forma periódica ante la entidad bancaria o centro de pago personal, según el plazo previamente fijado.

Pero, para evitar el traslado de los beneficiarios -en su mayoría personas de riesgo- el trámite se pudo empezar a realizar a través de la comunicación informática.

En un principio, esta medida se adoptó desde marzo del año pasado hasta diciembre del 2020, pero la disposición fue prorrogada hasta el 31 de marzo actual.

Algunas entidades bancarias encontraron mecanismos alternativos para determinar si el beneficiario se encuentra con vida.

Por ejemplo el Banco Nación le pide a los jubilados que efectúen al menos una compra de supermercado por mes con la tarjeta de débito.

En tanto, el banco Supervielle generó una APP en la que se utiliza el reconocimiento facial para la confirmación de supervivencia mensual.

Con esta nueva decisión, al menos hasta el último día de junio podrán continuar con estas modalidades de acuerdo con lo resuelto por ANSeS.

 

El Gobierno dispuso la prórroga del decreto que mantiene congelados los montos de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta el 31 de marzo.

En principio, la norma que regía hasta fin de este mes les daba a los inquilinos la opción de pagar el monto mensual que se abonó en marzo del año pasado y suspendió los desalojos por falta de pago. Y a principios de esta semana la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat confirmaron que trabajaban en una extensión del decreto.

Además, según pudo saber que se alarga el plazo para pagar las deudas de alquileres de 6 a 12 meses.

“La medida vigente que vence el próximo 31 de enero recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados. Asimismo establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo de 2020″, destacaron fuentes oficiales.

El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia. El primer decreto (320/2020) mantenía los precios vigentes a marzo hasta el mes de septiembre de 2020. Luego, un segundo decreto (766/2020) prorrogó la medida hasta fines de enero de este año.

Una vez vencido el congelamiento, está previsto que los inquilinos puedan pagar en cuotas (al menos tres y como máximo seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos. Si no se hubieran anunciado cambios, la primera de esas cuotas debería haberse pagado en febrero de 2021.

El decreto que aún está vigente no suspendió la indexación en el pago de alquileres. Por lo tanto, en estos meses se acumuló una deuda que se deberá saldar al final del congelamiento. Sin embargo, los propietarios podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicar intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Desde Inquilinos Agrupados manifestaron su preocupación en el caso de que el Gobierno finalmente decida extender el congelamiento solo por dos meses. “Es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas en breve. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas. A más de seis meses no se han reglamentado varios artículos de la ley de alquileres, no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos”, señaló Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados.

La entidad que agrupa a los inquilinos analiza una convocatoria a Plaza de Mayo para reclamar por un plazo más largo de extensión de la medida.

Por otro lago, el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires (Cucicba) se manifestó en contra de la extensión del congelamiento. “Los corredores vemos con preocupación las diversas medidas oficiales que dificultan el normal funcionamiento del sector y reafirmamos nuestra postura a favor de la libertad de mercado”, señaló Marta Liotto, vicepresidenta del colegio.

“El sector de los alquileres viene sufriendo no solo a causa del congelamiento, sino también por la sanción de la ley que regula los contratos. Políticas como el congelamiento solo sirven para desincentivar la oferta de inmuebles para alquileres de vivienda, generando, en última instancia, un perjuicio para los propios inquilinos. A esto se suma que el mercado de compraventa también se encuentra en estado crítico, lo que implica un empeoramiento de la actividad inmobiliaria”, agregó Liotto.

Según una encuesta publicada por la Federación de Inquilinos, el porcentaje de ingresos que destinaron las familias al pago del alquiler en diciembre de 2020 fue de 56,1%, esto representa 5 puntos porcentuales más con respecto a noviembre. En tanto, el endeudamiento asciende al 39,9% de los inquilinos, cerca de 1,4 millones de hogares.

Con todo, los resultados reflejaron una alta incertidumbre entre los inquilinos consultados: 39,6% no sabe adónde irá a vivir en los próximos meses y el 19,7% tendrá que mudarse.

Fuente: Infobae

El tema fue analizado en Labor Parlamentaria por el presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre y los titulares de los bloques Juan Pais de Chubut al Frente, Manuel Pagliaroni de Juntos por el Cambio y Adriana Casanovas del Frente de Todos. Además, mañana aprobarán la designación de Héctor Manuel Milla como nuevo presidente de Petrominera.

Fuentes consultadas  confirmaron que habrá dos nuevas sesiones antes de que finalice el año: El viernes 18 y el martes 22 de diciembre. Será una prórroga de las sesiones ordinarias que se aprobaría mañana. La medida ya está consensuada con los presidente de cada bloque.

De esta manera, el presupuesto 2021, la Tributaria, las modificaciones al Código Fiscal y la zonificación minera podrían ser tratadas en cualquiera de esas dos fechas.

Fuente: Metadata

Por la pandemia de coronavirus, los vencimientos de las licencias de conducir se prorrogaron en casi todos los municipios del país, incluyendo Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. En este escenario, ¿qué pasa si tenemos un accidente y tenemos la licencia vencida? ¿nos cubre la póliza del seguro?

Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus los municipios tuvieron que recurrir a las prórrogas de los vencimientos de las licencias de conducir debido a la imposibilidad que tenían los conductores de renovarlos por encontrarse las oficinas cerradas.

Más tarde, con la implementación de rigurosos protocolos sanitarios y un sistema de turnos, comenzó a realizarse la renovación de licencias, pero el cupo diario era ampliamente superado por la cantidad de personas que necesitaban hacer el trámite de renovación, por lo que las prórrogas en los vencimientos se fueron sucediendo una tras otra.

Si bien las oficinas de obtención y renovación de licencias de conducir en Comodoro y Rada Tilly comenzaron a funcionar bajo el sistema de turnos, aún hay muchos conductores que circulan con sus licencias vencidas, amparados en una prórroga que las valida hasta fines de diciembre, en ambos municipios.

Ante este escenario, la duda que surge es qué pasa con la validez de las pólizas de seguros en el caso vernos involucrados en un accidente y que uno de los conductores circule con el carnet vencido.

Sobre este tema, Eduardo Borracer de La Segunda Seguros explicó a ADNSUR que «si bien es una exclusión de cobertura circular con el carnet vencido», en este caso particular «el seguro cubre, porque el organismo que regula los carnet de conducir define que se van a prorrogar y eso es lo que le da validez».

Desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia informaron que se extendió la prórroga de vencimientos de carnet de conducir hasta fin de año.

En el comunicado aclararon que se trata de aquellas vencidas entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre del corriente año.

La prórroga se extiende hasta el 31 de diciembre.

Con casi 125.000 contagios, más de 4.300 muertes y la pandemia de coronavirus en aumento, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy por la noche la extensión de la cuarentena hasta el 1 de agosto próximo.

«Las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto», dijo, según la agencia de noticias EFE.

No obstante, afirmó que la prolongación del aislamiento obligatorio tendrá «unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida».

«En los municipios que no tienen afectación de Covid o baja afectación, lo que queremos es ir dando apertura, a solicitud de los alcaldes, también, de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos, con distanciamiento», explicó.

Agregó que «también se estarían habilitando espacios en gimnasios con sus respectivos protocolos y en los municipios que tienen una afectación alta, se pueden empezar a liberar (planes) piloto, previa solicitud de los alcaldes».

El mandatario informó que la decisión de extender la medida se tomó luego de reunirse con el grupo de expertos epidemiólogos e infectólogos que lo asesoran en el manejo de la situación.

Más temprano el Gobierno estableció una serie de protocolos para habilitar el acceso de público a cultos religiosos, en una primera instancia en los municipios con bajos niveles de contagio o sin enfermos reportados, y solo mediante estrictas medidas de bioseguridad.

Las autoridades decidieron realizar una prueba piloto antes de la apertura general de lugares de culto religioso que, por el momento se implementará en municipios que no estén comprometidos epidemiológicamente.

Entre las medidas de seguridad están incluidas el uso obligatorio del tapabocas para todos los participantes y la redistribución de sillas en los templos, donde se permitirá un máximo de 50 personas o el 35% de la capacidad del lugar para así respetar la distancia social preventiva.

Además, las iglesias deberán garantizar el aireamiento de los recintos y los asistentes a los cultos no podrán llevar cirios o velas, así como tampoco podrán participar los niños, informó la agencia de noticias ANSA.

Los líderes religiosos deberán establecer horarios para sus ceremonias y capacitar en normas de bioseguridad a quienes realicen los rituales, a quienes se les tomará la temperatura antes de ingresar al recinto y deberán desinfectarse manos y zapatos.

Desde que se reportó el primer caso en el país, el 6 de marzo, Colombia contabilizaba 124.494 casos confirmados (4.213 en las últimas 24 horas, nuevo récord diario) y 4.359 decesos (149 nuevos), informó esta noche el Ministerio de Salud.

De Colombia, las zonas más afectadas son Bogotá y los departamentos de la región caribeña, que tienen la mayor cantidad diaria de infectados y fallecidos.

La ciudad de Bogotá confirmó ayer que tenía ocupadas 811 de las 998 camas de terapia intensiva disponibles por la profusión de contagios de coronavirus, es decir, un 81,3%.

En ese contexto, Duque se sometió por cuarta vez a una prueba de coronavirus después de haber estado en contacto con un funcionario que dio positivo, y se aguardaba esta noche el resultado, informó la Presidencia.

«Se estima que se deben seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta», especifica el DNU que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó este domingo la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus hasta el día 7 de junio próximo inclusive, así como también toda la «normativa complementaria» derivada de esa medida.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso extender hasta «el día 7 de junio de 2020, inclusive,» la vigencia del Decreto N° 297, que estableció la cuarentena el 20 de marzo y fue prorrogado en sucesivas oportunidades.

También se prorroga hasta esa fecha «toda la normativa complementaria dictada respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio».

En los considerandos del DNU, el Gobierno consignó que estas medidas «han permitido, hasta el momento, contener la epidemia, por la aparición gradual y detección precoz de casos y por la implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de
evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país, y habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo».

El objetivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio «ha sido y sigue siendo la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con fuerte monitoreo de la evolución epidemiológica, especialmente en aquellas situaciones que requieren un abordaje especial y diferencial, para contener en forma oportuna y suficiente la demanda creciente de casos y las particularidades de cada situación», indicó el DNU.

«La decisión facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio», explicó la entidad oficial en un comunicado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta fin de julio los plazos para que las personas humanas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto Cedular, informó hoy el organismo.

La prórroga, en más de 40 días, comprende a más de 2 millones de contribuyentes.

La presentación de las declaraciones juradas y el ingreso del saldo resultante del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto Cedular estaba prevista inicialmente para mediados de junio.

La medida se suma a la anunciada la semana cuando dispuso la instrumentación de plazos especiales para la presentación y pago de las declaraciones juradas de Ganancias e IVA para las empresas, al tiempo que amplió los planes de facilidades de pago para garantizar más herramientas de alivio financiero para las empresas afectadas por el coronavirus.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional informó este lunes que se prorrogará por 60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Asimismo, se incluirá la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos. No obstante, fuentes oficiales aclararon que quedan exceptuadas de la prohibición las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La normativa, que será formalizada a través de un decreto de necesidad y urgencia, también detalla que los despidos y suspensiones que se produzcan a pesar de la prohibición “no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

“Es necesario llevar tranquilidad a los trabajadores argentinos en un momento de crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo”, explicó un funcionario del Gobierno a Infobae.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a principios de abril, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria. A fines de marzo, el Grupo Techint había intentado despedir 1.450 trabajadores de la constructora por el parálisis de la actividad y el Presidente cargó contra Paolo Rocca -titular del holding-: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, le recriminó.

El nuevo decreto también será por otros 60 días y contemplará los mismos fundamentos que se dieron hasta ahora desde la Casa Rosada: que esta medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.

El tema fue analizado el jueves pasado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la suspensión de los despidos. Estas inquietudes se trasladaron luego a la Casa Rosada de manera informal por diferentes canales de diálogo que mantiene tanto el Presidente como los ministros Cafiero y Moroni.