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Con un abrazo simbólico, la manifestación en contra de la reforma judicial retomó energía hoy en la periferia del Congreso, a horas de que comience a tratarse el proyecto de ley, sesión prevista para las 14.

Algunas personas cumplieron con el hashtag #26AVigiliaEnElCongreso -con el cual se convocó a a marchar a través de las redes sociales- y permanecieron durante la noche bajo el refugio de un gacebo. Otras, tras retirarse del banderazo de ayer, volvieron a dar el presente en avenida Entre Ríos este mediodía.

Ariel Viano es uno de los manifestantes que pernoctó en la plaza del Congreso. «No le podemos dar tregua a esto», dijo hoy a LA NACION, mientras comenzaba a desenrollar 150 metros lineales de bandera argentina para, con ayuda de sus compañeros, realizar el abrazo al perímetro del Congreso.

Según contó Viano, fueron muchas las personas que ayer les enviaron comida a él y otros 30 manifestantes que permanecieron, durante la noche, fuera del edifico parlamentario: «Fue muy emocionante. Entre los que nos quedamos, había una familia con dos menores. Nos llegaron pizzas, empanadas y otros alimentos. Incluso, un matrimonio de jubilados caminó más de ocho cuadras para acercarnos bebidas».

Las rejas de acceso al Congreso nacional fueron cubiertas con carteles y banderas celestes y blancas. «Exigimos justicia. Basta de impunidad. Mafia o República», dice una de las banderas más grandes.

Alrededor de las 12.45, los manifestantes que minutos antes habían detenido el tránsito de la avenida Entre Ríos se retiraron de la calle y comenzaron a rodear las veredas del Congreso, sosteniendo la larga bandera que facilitaron Viano y su gente, agrupados en la organización -apartidaria- Apertura Republicana.

«Recuerden que nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario hasta que termine el tratamiento de esta reforma corrupta. Nos están robando la República y tenemos que hacer este sacrificio para salvarla», clamó por megáfono una de las manifestantes.

Viviana, de 55 años, quien prefirió no dar su apellido, durante la realización del «abrazo» sostiene un tramo de la bandera sobre Avenida Hipólita Yrigoyen. La mujer llegó al Parlamento desde Pilar y aseguró que se quedará allí durante el transcurso de la sesión.

«Este Gobierno demostró que no es republicano ni democrático. Aprovecharon la pandemia para gobernar por decreto y no dejar funcionar a los poderes del Estado. Eso no lo vamos a permitir», afirmó la mujer quien, además de la bandera, tenía colgado del cuello un cartel que decía: «Legisladores: no traicionen a la Patria. No a esta falsa reforma».

«La reforma nos debe proteger a todos y no sólo armarse a gusto de la expresidenta para modificar Comodoro Py, en donde la cuidan. Quiere jueces amigos que la salven de sus causas. Queremos mejor justicia, sí. Pero no impunidad», concluyó.

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el proyecto de reforma judicial, que el gobierno nacional envió al Congreso, «busca que el sistema no funcione a partir del gobierno de turno».

«Podrán decirme lo que quieran pero la reforma judicial que propongo busca que el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso», sostuvo el mandatario esta mañana.

En otro orden, el jefe de Estado afirmó que «nos jactamos de darle de comer a 400 millones de personas pero el modo en que se distribuye el ingreso en Argentina es totalmente injusto».

«Estamos en el continente en que más desigualdad existe, es peor que África porque la distancia entre ricos y pobres es más grande», consideró Fernández.

El mandatario dialogó cerca de una hora con Roberto Pettinato, en una entrevista plagada de referencias musicales, en la que afirmó -entre otros conceptos- que «los argentinos no somos conscientes de la generación musical que tuvimos, con exponentes como Los Gatos, Moris y otros», señaló Télam.

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno está «absolutamente abierto» a escuchar opiniones en relación a la reforma judicial, destacó que se trata de un debate que «va a pasar por el Congreso» y aseguró que «no se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema sino buscando su mejor funcionamiento».

En este sentido, entendió que el Máximo Tribunal «puede funcionar con cinco miembros» como actualmente, pero consideró que «está funcionando mal» y que su trabajo está «virtualmente paralizado».

Así lo expresó en una extensa entrevista que brindó a la FM Radio Con Vos, en la que subrayó quela reforma judicial, cuyos lineamientos fueron presentados públicamente este miércoles, no constituye «un decreto de necesidad y urgencia» sino que se trata de una iniciativa que «será debatida en el Congreso» y en la que «la oposición tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres».

No se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema sino buscando su mejor funcionamiento”

ALBERTO FERNÁNDEZ

«Toda mi vida he dicho que la Corte debe tener cinco miembros, pero con cinco miembros está funcionando mal y está virtualmente paralizada», dijo el mandatario esta mañana.

En una entrevista que se prolongó durante una hora y en la que se trataron diferentes temas, el jefe de Estado dijo también que «cuando habla» con juristas «se encuentra con un montón de falencias de la Corte» Suprema y con la visión de que «lo que resuelve lo hace con una «arbitrariedad absoluta» y «eso funciona mal».

En cuanto a las diferentes opiniones que genera el proyecto, recordó que «todos pueden plantear sus pareceres, estamos absolutamente abiertos porque queremos que la justicia funcione de otro modo, no queremos otra cosa».

En paralelo, se preguntó: «¿Alguien me puede decir que la justicia federal ha funcionado bien en los últimos 20 años, porque el que me dice eso es un gran cínico?».

«Creamos una comisión para que analice otros problemas que son muy técnicos, la oposición y los medios simplifican y dicen que el Gobierno quiere someter a los miembros de la Corte», lamentó el Presidente.

Comisión de expertos

En esa línea, explicó que la comisión de expertos que se creó para asesorar al gobierno nacional en la Reforma tendrá «90 días a partir de agosto» para darle «consejos».

El Presidente presentó este miércoles en un acto en Casa Rosada el proyecto de ley que en las próximas horas enviará al Congreso para su debate.

Respecto al comité dejó claro que sus consejos «no tienen que ser unánimes» y que «puede haber dictámenes de mayoría y minoría y después» se formará «opinión».

«Hay una gran falacia en todo esto», advirtió, acerca de los que plantean que tendría que haber consultado antes sobre el tema, y enfatizó que eso ocurre porque «me están proponiendo que repartamos los jueces y no lo voy a hacer, quiero jueces dignos».

El jefe de Estado planteó que «hay otros cuestionamientos a la Corte como que solo intervenga en cuestiones de sentencia definitiva» y consideró que «eso puede dar lugar a cuestiones muy graves».

En otro orden, expresó que «no creamos nuevos juzgados porque las secretaría existen y las causas quedan en su juez natural, es decir que el tribunal sigue funcionando, es exactamente lo mismo».

Fernández, sobre ese aspecto, aseveró que la propuesta oficial «ha acotado enormemente la discrecionalidad a la hora de seleccionar los jueces» y dijo respecto a las críticas que recibe la iniciativa que lo que buscan es «manipular la cabeza de la gente».

El anuncio

En la presentación del miércoles el Presidente dio a conocer un proyecto de reforma judicial que plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados, entre otros aspectos.

Fernández hizo el anuncio acompañado por funcionarios del Gabinete e integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que trabajarán durante 90 días para elevarle propuestas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia.

«El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión», expresó Fernández el miércoles durante la presentación del proyecto que se espera ingresará al Congreso a través del Senado en las próximas horas.

El Gobierno dio el primer paso en su proyecto de una reforma judicial. Alberto Fernández presentó este miércoles en Casa Rosada su propuesta, pidió que «nunca más» se dirima en Tribunales una «discusión política» y anunció la creación de un «consejo consultivo» que «elevará propuestas al Ejecutivo para mejorar el funcionamiento de la Justicia».

«De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno», enfatizó el mandatario nacional, al volver a encabezar un acto en la Casa de Gobierno tras el inicio de la pandemia.

El proyecto que enviará al Senado consiste, por un lado, en la ampliación del fuero federal -se unifican el Penal y Económico-, y por otro en la creación de un Consejo Consultivo compuesto por once «juristas de reconocimiento indiscutido», que tendrá la «tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público».

«Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática», afirmó el Presidente.

Con ese objetivo, la iniciativa promueve la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías que se sumen al nuevo esquema. También planea unificar los fueros civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal y propone «un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país».

Alberto Fernández presentó los lineamientos generales del proyecto acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como los principales referentes del Gobierno. También participaron funcionarios y legisladores nacionales de manera presencial y remota. La única representante de la Corte Suprema fue Elena Highton.

Críticas de la oposición

Tras el anuncio, un grupo de dirigentes radicales salió sin filtro a criticar el proyecto y aseguró que, detrás, se esconde otra intención. «Buscan garantizar la impunidad de Cristina Kirchner», aseguró el diputado Luis Petri.

“Hoy Alberto Fernández es el testaferro político de su vicepresidenta. Con la Reforma Judicial busca garantizar su impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la Justicia”, señaló.

Por su parte, Gustavo Menna, que es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideró: “No tiene sentido convocar a una comisión para analizar algo probadamente degradante para las instituciones de la República. Solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la corte de los ‘90”. Sin embargo, cabe aclarar, el anuncio del jefe de Estado no incluyó alguna mención a una ampliación del máximo tribunal.

La reforma judicial que presentó el Gobierno hace énfasis en el reordenamiento y en la ampliación de la justicia federal en todo el país y crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de «reglas de actuación» para los magistrados federales.

Justicia Federal Penal

Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados.

Nuevos magistrados

Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Juicios en curso

El presidente Alberto Fernández aclaró que «la conformación de esta nueva reforma judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando».

Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías

El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión.

Transferencia de la competencia penal a la Ciudad

La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.

Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo

Para evitar los conflictos de competencia que demoran los trámites judiciales, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.

Fortalecimiento de la justicia en todo el país

El plan para fortalecer la justicia federal en todo el país tomó la iniciativa presentada por el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del programa «Justicia 2020», considerando los 114 proyectos de ley que proponían la creación de juzgados federales desde el año 2008. Junto a los nuevos juzgados federales, en paralelo, el Gobierno impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.

-Consejo Consultivo

La propuesta de ley crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho con antecedentes y prestigio para, en palabras del Presidente, «repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público» y hacer propuestas.

-Pautas para jueces.

El Poder Ejecutivo girará al Congreso para su discusión, la siguientes pautas de actuación para los jueces federales:

A. Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

B. Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

C. Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

D. Ejercer sus funciones libres de interferencias.

E. Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

F. Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

G. Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

El presidente Alberto Fernández presenta este miércoles el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de asesores para elaborar propuestas respecto al funcionamiento del sistema y fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

«La Justicia es uno de los tres poderes de nuestra República y como tal tiene potestades singulares. Por eso la Constitución establece que llegado el caso puede disponer de nuestros bienes y hasta de nuestras libertades. Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión», planteó.

Seguido, Alberto Fernández advirtió que «con el correr de los años hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes fue operando sobre la decisión de algunos jueces».

«Los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un estado de derecho», cuestionó en referencia al gobierno de Mauricio Macri.

El Jefe de Estado asegura que «lo único que lo impulsa a reclamar un cambio es fortalecer el estado de derecho» para «hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron».

«Digamos nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas y que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno», reclamó y reiteró que su propuesta es la de tener una «justicia independiente».

El Presidente consideró que «es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para que podamos lograr tener un mejor estado de derecho» y reiteró: «Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia».

Este es el primer acto que el Jefe de Estado encabeza en la Casa Rosada luego de suspender sus visitas al interior frente a los saltos en los casos de coronavirus. Escoltado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, Alberto Fernández explica los objetivos centrales de una propuesta que incluyó en sus promesas de campaña y que defendió el pasado 1 de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

El Presidente también presentará formalmente a sus elegidos para integrar el consejo de juristas que tendrá 90 días para elaborar propuestas tendientes a promover reformas en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de la Magistratura (organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces) y en otros aspectos de la justicia tales como la puesta en marcha de los juicios por jurado.

Los elegidos son Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

La presencia de letrados como Beraldi, abogado de Cristina Kirchner en varias de las causas por presuntos hechos de corrupción durante sus gobiernos, y Arslanian, quien representa a ex funcionarios kirchnerista, incentivó cuestionamientos de la oposición, donde los referentes de la coalición Juntos por el Cambio ya anticiparon que rechazarán cualquier intento por ampliar el número de integrantes de la Corte.

Respecto a la reforma que el Presidente enviará, se presume esta semana, al Congreso, el objetivo es aplicar cambios en el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Sobre el diseño de la propuesta estuvo trabajando el propio Fernández junto a la ministra Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El Presidente Alberto Fernández dará el anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley  mañana, a las 16, en la Casa Rosada , junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota.

La reforma tenía fecha de presentación para el lunes pasado pero el trabajo sobre el diseño legislativo de la propuesta, realizado por el mismo Fernández y Losardo, junto a el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reprogramó el acto oficial para mañana.

Fernández explicará las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para ser debatida- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Uno de los asesores elegidos por el mandatario, el constitucionalista Gil Domínguez, hizo declaraciones públicas sobre la convocatoria y destacó que el cuerpo que lo tiene entre sus miembros, es «de una integración que sostiene la paridad de género, el federalismo y el equilibrio entre las especialidades».

En esa línea, señaló que tuvo una charla con el Presidente, en la que Fernández le «garantizó» que el funcionamiento de esa comisión «va a estar centrado en el debate y la deliberación, y en el pluralismo, con el juego de mayorías y minorías».

La iniciativa del Gobierno cuenta con un amplio consenso en la sociedad, según una encuesta de la consultora «Analogías», que midió el grado de aprobación a la reforma judicial y difundió que un 77 por ciento de los encuestados la considera «necesaria» y que solo un 16 por ciento la rechaza.

Mañana, Fernández señalará, según fuentes oficiales, la oportunidad para poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular, normalmente integrado por una docena de ciudadanos, que determina en base a las pruebas recogidas si el acusado es culpable o inocente, en tanto el juez dispone la pena.

También señalará el Presidente como uno de los pilares de la propuesta oficial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales, mientras que el juez funciona como garante del proceso.

El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, invitó a la presentación a los legisladores de la oposición pero fuentes del interbloque de «Juntos por el Cambio» anticiparon que es probable que rechacen la invitación por el desacuerdo entre sus filas a una hipotética ampliación de la Corte Suprema.

El Senado aprobó este jueves con 41 votos a favor y 21 en contra, el proyecto que busca limitar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso.
En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el senador por La Pampa Daniel Lovera, declaró que «no se busca eliminar el carácter diferencial del régimen» sino que «sea consecuente con el esfuerzo que se hace a nivel general para una distribución de los recursos más equitativa».
Este proyecto debe ser analizado de manera integral, y con mirada solidaria y en el cotexto tremendamente complejo en el que se encuentra hoy nuestro país«, explicó Lovera, quien es además presidente de la comisión de Trabajo del Senado.

El senador señaló que «estos regímenes especiales tienen un déficit importante» y consideró que el «sistema previsional pasó de ser un sistema solidario a ser un sistema tremendamente injusto», ya que existe «una gigantesca asimetría».

El legislador del Frente de Todos aclaró que «no se trata de una iniciativa aislada sino que es parte de un programa de gobierno» que tiene como premisa que «deje de ser la clase trabajadora la única que haga todos los esfuerzos en la Argentina».

El proyecto que busca aprobar el oficialismo establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que, en el futuro, se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.

Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres. Para acceder a este régimen deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.

La propuesta recibió críticas de la oposición, que adelantó que compartía «el espíritu» de la norma en general pero cuestionó artículos específicos y resolvió presentar un dictamen en minoría.

En representación de la bancada de Cambiemos, el senador radical Martín Lousteau, se preguntó por qué razón el oficialismo no proponía incluir a otros regímenes diferenciales y sólo se incluya al Poder Judicial y al servicio exterior, que, dijo, «son apenas el 7 por ciento del resto de los regímenes especiales».

El gobernador Mariano Arcioni anunció hoy que enviará a la Legislatura el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, la iniciativa para otorgar autarquía financiera al Poder Judicial y los pliegos para completar la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia.

“Un paso más es el que daremos en materia de justicia”, resumió, y explicó que la reforma al Código Procesal “instaura la oralidad en los procesos judiciales, volviéndolos más ágiles y expeditivos”.

Seguridad

“La seguridad de los chubutenses es otra de nuestras prioridades. Entre los pasos más importantes que hemos dado y que daremos, estamos dispuestos a combatir el flagelo de las drogas, que es un tema que nos preocupa y ocupa”, expresó.

En ese marco, Arcioni explicó que “nos encontramos trabajando en constitución de la Unidad de Antinarcóticos de la provincia del Chubut, que junto a la Subsecretaría de Seguridad y Prevención Económica Financiera, recientemente creada para este fin, tendrán como máxima misión atacar los delitos relacionados con el narcotráfico, narcomenudeo, y los delitos de corrupción y de guante blanco”.

El proyecto será discutido en comisión este martes y en Navidad. Expectativa por el Inmobiliario Urbano y el Rural.

Después de publicada la Ley de Emergencia en el Boletín Oficial, Axel Kicillof​ diseñó el segundo soporte de supervivencia económica de su gestión: la nueva ley impositiva que contempla aumentos de hasta 54,6% en los gravámenes provinciales.

Ese decir, según la explicación que dieron en Gobernación «un incremento igual a la inflación estimada para el año» y que -por lo tanto- no representa «mayor presión impositiva en términos reales».

Tras Nochebuena y Navidad, el jueves será el debate. Se afectarán todas las actividades y los bienes que tributan al fisco provincial. Los pilares del diseño de ley impositiva son estos de acuerdo con el argumento oficial: la Provincia atraviesa «una situación emergencia». Para atender las urgencias y prioridades «es necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial», y con la reforma se pretende «hacer más justa la recaudación».

Así, Kicillof propone para Ingresos Brutos, mantener la alícuota vigente, tal como autorizó el Gobierno nacional al suspender la aplicación del Consenso Fiscal. Para el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, en promedio, la actualización está por debajo de la tasa de inflación. Pero además se incorporó un «criterio progresivo»: las propiedades de menor valuación fiscal pagarán un incremento menor a la inflación proyectada (aquellos más chicos tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15% respecto al año pasado).

El trámite que viene después de Navidad es complejo. El Frente de Todos dispone de mayoría en Diputados, pero está condicionado en el Senado porque no completa el quórum. De acuerdo con el adelanto informativo aportado desde la Gobernación, la presión tributaria recaería sobre aquellos sectores de mayor poder adquisitivo.

El gobierno anterior había firmado el Pacto Fiscal con Mauricio Macri para atenuar la carga impositiva. María Eugenia Vidal bajó la presión sobre Ingresos Brutos. Pero, caído ese Pacto, ahora Kicillof queda liberado para el ajuste.

La Ley Fiscal debió haberse tratado con el Presupuesto 2020 antes de noviembre de este año. Pero, en medio de la tensión electoral, el tratamiento resultó diferido al nuevo gobierno. Kicillof decidió prorrogar el cálculo de gastos y recursos 2019. La oposición se lo permitió hasta abril del próximo ejercicio, junto con la Ley de Emergencia.

Mientras, el gobernador necesita plata fresca. Los requerimientos inmediatos son 40.000 millones de pesos para completar el pago de sueldos y aguinaldos (que ya empezaron con el cronograma) y otros 50.000 millones de pesos destinado a compromisos con proveedores del estado, que registra, en muchos casos, un atraso de cinco meses.

El trípode que completa esas previsiones es el diálogo con acreedores privados externos, que admitieron hace unos días desde el Ministerio de Economía. En enero, Buenos Aires tiene un vencimiento por 570 millones de dólares.

“Como anticipé que habría que dar amplias facilidades de pago a los que tienen deudas porque su nivel de rentabilidad fue muy bajo, también hay que tratar de gravar más a aquellos que tienen más poder de ingresos o patrimoniales”, dijo hace 72 horas Kicillof.

Ahí entra el tema impositivo. El fisco espera recaudar 30.000 millones de pesos adicionales con el nuevo ajuste impositivo. Por las dudas, el gobernador se puso a resguardo: “Hay que tener en cuenta la capacidad contributiva para que la estructura tributaria sea progresiva, porque cuando todos los niveles de ingreso o de patrimonio pagan impuestos de igual manera los tributos se vuelven regresivos e injustos”, sentenció.

La premura recaudatoria determina este tratamiento contrarreloj, en el marco de las sesiones extraordinarias del parlamento. El jueves también se trata el nombramiento de los directores del Banco Provincia, donde la oposición quiere colocar tres miembros. María Eugenia Vidal (PRO), la UCR y la CC presionarán por esos cargos en el directorio del Bapro. Al punto de condicionar las conversaciones. Vidal hará el seguimiento hasta el 26, después viaja a Francia para unos días de descanso con Enrique “Quique” Sacco.

Durante la discusión por la Ley de Emergencia, las bancadas legislativas aceptaron el tono de la crisis y favorecieron la “gobernabilidad”. Incluyó un congelamiento –por seis meses- de las tarifas eléctricas-. La coalición opositora sostiene que no negará instrumentos de gestión al Frente de Todos, pero con estricto control de las acciones.

Una de las controversias es el carácter de la deuda pública, que pasó de 9.362 millones de dólares en 2015 a 11.263 millones actuales. Representa 20% de incremento en moneda extranjera y casi el quíntuple en pesos, después de las devaluaciones.

Por cuerda separada, en simultáneo con la preparación del proyecto de reforma de la Ley Fiscal, Kicillof completó la primera colocación de Letras del Tesoro de su administración. Resulta casi una formalidad porque es el último tramo del programa de letras de la provincia de Buenos Aires, prevista en el presupuesto 2019.

El gobierno licitó y pudo renovar mediante letras casi 6.000 millones de pesos, a una tasa conveniente aproximada del 6%, indicó El Clarín.