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Tras la crisis desatada por las protestas sindicales para rechazar la reforma jubilatoria, que ya llevan más de dos semanas, Jean Paul Delevoye, el Alto Comisionado del gobierno galo y artífice de los cambios, anunció su renuncia.

A un día de una jornada de protestas clave para la crisis desatada por el proyecto de reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron, el referente del gobierno francés en el tema y principal interlocutor con los sindicatos, Jean Paul Delevoye renunció hoy, tras reconocer que no había declarado 13 cargos en empresas e instituciones, la mayoría honoríficos, pero dos muy bien remunerados.

El funcionario de 72 años anunció su dimisión a través de su Twitter y luego al presidente Macron explicó a la prensa que aceptó la renuncia de su alto comisionado de las jubilaciones y negociador con los sindicatos “con pesar”.

Su gobierno ya anunció que Delevoye “será reemplazado cuanto antes”.

Pese a que su imagen quedó muy golpeada por el escándalo de los múltiples cargos no declarados, tanto Macron como el primer ministro Édouard Philippe y hasta líderes sindicales destacaron la figura del veterano funcionario.

Desde el gobierno, la vocera Sibeth Ndiaye reconoció que Delevoye era la cara visible del proyecto de reforma de jubilaciones, y por eso, aclaró que “La reforma no se va con él”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó hoy que el gobierno de Alberto Fernández vaya a impulsar una reforma previsional y negó que esté evaluando un desdoblamiento cambiario. Además, anticipó que buscarán aprobar la ley de emergencia económica en sesiones extraordinarias del Congreso.

En una entrevista que concedió a Radio La Red, el funcionario aseguró que hoy no anunciarán medidas económicas, aunque confirmó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará los «lineamientos generales» de su programa durante una conferencia de prensa, prevista para esta tarde.

«No estamos pensando en desdoblamiento cambiario. Sí, en ver cómo empezamos a atacar este súper cepo que nos dejaron y cómo lo hacemos convivir con el poco nivel de reservas que tenemos», dijo. «No habrá distintas cotizaciones. Queremos avanzar en tratar de recuperar nuestras reservas y que esto nos permita tener un plan macroeconómico sostenible», agregó.

Cafiero ratificó que el Ejecutivo elevará al Congreso un pedido de sesiones extraordinarias para tratar las leyes de emergencia económica y sanitaria. Evitó dar pistas sobre la posibilidad de nuevos impuestos.

La presentación del ministro de Economía estaría vinculada al plan integral que posibilite al país alcanzar la sustentabilidad macroeconómica. En ese sentido, se espera que Guzmán se refiera a los aumentos de emergencia a los ingresos mínimos, ofrezca pistas sobre los flujos de ingresos y gastos futuros y presente a su nuevo equipo de trabajo.

Los sindicatos impulsan la protesta contra el proyecto del presidente Emmanuel Macron, ya que aseguran que «degradará los derechos de todos, especialmente de los más precarios y de las mujeres».

Un paro masivo contra la reforma previsional impulsada por el presidente galo, Emmanuel Macron, amenaza con paralizar este jueves Francia, una pulseada entre la mayoría de los sindicatos y el Ejecutivo que podría bloquear el país por tiempo indefinido.

Trabajadores del transporte público, estudiantes, policías, abogados, médicos, profesores, recolectores de basura y personal aéreo, entre otros, adherirán a la huelga para protestar contra la polémica reforma que hace tambalear a uno de los pilares del modelo francés.

Para los gremios, el nuevo sistema jubilatorio propuesto por el gobierno «degradará los derechos de todos, especialmente de los más precarios y de las mujeres».

Según los sindicatos, el nuevo régimen reduciría la cuantía de las pensiones y podría retrasar incluso la jubilación, actualmente prevista a los 62 años.

El Ejecutivo, en cambio, aseguró defender un sistema «más justo y más simple» en el que «cada euro cotizado dará los mismos derechos a todos».

La reforma previsional, uno de las medidas estrella del programa electoral de Macron, pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos.

Entre los perjudicados por esta medida, se encuentran los ferroviarios de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) y los empleados de la red metropolitana de transportes de París (RATP), impulsores del paro, que ya no podrían jubilarse entre los 52 y 57 años, como sí pueden optar actualmente según las categorías.

Por eso, la convocatoria de mañana se sentirá fuertemente en el transporte de pasajeros.

La huelga pretende paralizar nuevamente al país, como lo hizo el 13 de septiembre en la primera gran movilización contra la reforma de Macron, la peor de los últimos 12 años.

La SCNF canceló el 90% de sus trenes de alta velocidad y el 80% de sus trenes regionales, mientras que el tráfico internacional se verá «muy perturbado».

El transporte aéreo, por su parte, también se verá afectado: la Dirección General de la Aviación Civil recomendó a las aerolíneas suprimir el 20% de los trayectos con origen o destino en Francia, un porcentaje que se prevé mucho más elevado.

En consecuencia, Air France anunció la cancelación del 30% de sus vuelos de cabotaje y del 15% de sus vuelos de mediano alcance, en tanto que la británica EasyJet anuló un total de 233 vuelos.

La capital francesa será la ciudad más perturbada por la convocatoria, donde tendrán lugar a la tarde las marchas principales contra la reforma previsional.

De las 16 líneas de subte existentes, sólo funcionarán dos -automatizadas- con normalidad y otras tres únicamente en las horas pico, mientras que en los colectivos circularán uno de cada tres.

Peor es la situación para aquellos que viven en las afueras: sólo uno de cada diez trenes conectará a París con los suburbios.

Ante esta situación potencialmente calamitosa, las autoridades pidieron a los parisinos buscar soluciones alternativas para desplazarse, como las bicicletas, monopatines o compartir los viajes en auto.

Además del transporte, el paro afectará a la educación, ya que se prevé que un 55% de los docentes se una a la huelga, una cifra que alcanza al 78% en París, donde sólo permanecerán abiertas tres escuelas, reportó la agencia de noticias EFE.

La protesta se sentirá también en las calles del país, donde hay previstas numerosas concentraciones en diferentes ciudades.

Las más importantes serán en París, donde dos manifestaciones simultáneas convergerán en la Plaza de la Nación, en el este de la capital.

Las autoridades anunciaron el despliegue de cerca de 6.000 policías y gendarmes para evitar incidentes violentos, como los que han ensombrecido las protestas de los denominados chalecos amarillos.

El «jueves negro» fue el tema más tratado esta última semana por los medios franceses, que expresaron el temor de volver a vivir un paro indefinido como el de 1995, cuando el gobierno renunció entonces a su reforma previsional tras 22 días de huelga.

El gobierno de Macron, sin embargo, no da el brazo a torcer e insiste en continuar con su programa para modernizar el país.

La huelga de mañana sera una nueva prueba de fuego en las calles para el gobernante galo, que en sus dos años y medio en el poder ya ha logrado flexibilizar el mercado laboral por decreto, informó Télam.

Los uruguayos deberán votar sobre una reforma constitucional que busca combatir el delito con recetas polémicas.

Hay un tema que quita al sueño a los uruguayos y esla inseguridad. Un flagelo que esta sociedad padece y reclama solucionar desde las épocas en que Jorge Batlle era candidato. Y los taxis empezaban a funcionar con pesados vidrios entre el chofer y los pasajeros. Los taxis se han modernizado desde los 90, los vidrios siguen.

La gente percibe con horror como la periferia de Montevideo es presa de robos y homicidios, en una marea oscura que asocian a las «bocas» de venta de droga.

De poco ha servido «eso de la legalización de la marihuana«, porque lo que se vende ahí es otro tipo de drogas, explica a esta enviada un uruguayo que prefiere no revelar su nombre y que hace poco menos de un año regresó a Montevideo, escapando de su exilio venezolano. «Si seguimos así, vamos a terminar igual que en Venezuela», pronostica y avisa que no sabe a quién votar. No es el único. Hay varios votantes, según pudo comprobar Clarínque no saben qué hacer. O al menos no lo quieren revelar.

Sí es claro que la inseguridad desvela a todos. El país registró un récord de homicidios en 2018 (414); un alza de 45% respecto a 2017.

A raíz de esa inseguridad, este domingo se vota en plebiscito una reforma constitucionalque prevé medidas radicales contra el delito como la presencia de militares en las calles. El autor de este proyecto es el senador del partido Nacional,Jorge Larrañaga.

El apoyo a la propuesta oscila entre el 39% y 53%. Quienes lo apoyan van cayados. Los otros, no. El centro de Montevideo se llenó de panfletos anónimos con letras negras sobre fondo blanco que rezan «militares nunca más, no a la reforma». Cada poste de luz y de semáforo a lo largo de la avenida 18 de julio está envueltoen velos rosados, como parte de esa misma protesta, informó El Clarín.

El presidente de la entidad industrial, Miguel Acevedo, adelantó que ya trabajan en un acuerdo con los gremios y presentó un Plan Productivo para el próximo gobierno nacional.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó este miércoles su plan productivo para el próximo Gobierno (2020-2023), con pedidos de una reforma de impuestos, actualizar las relaciones laborales y más créditos para la producción.

En ese sentido, el presidente de la entidad empresaria, Miguel Acevedo, anticipó que están avanzando en un acuerdo con representantes del sector sindical, una de las propuestas que fue mencionada por el candidato presidencial Alberto Fernández, del Frente de Todos.

 “Estamos empezando a caminar lo que puede ser un acuerdo, que lo vamos a tener que hacer en la Argentina entre todos los representantes de los y de las empresas y de toda la producción”, dijo Acevedo.

El documento presentado se dividen en dos ejes: macroeconomía y política productiva. En el primer caso, proponen un tipo de cambio previsible, un complemento de tasa que fomente el ahorro en moneda nacional y un esquema de reintegros que fomente el agregado de valor en la producción.

El plan productivo 2020-2023 de la UIA fue presentado a los candidatos presidenciales —Alberto Fernández, Roberto Lavagna y José Gómez Centurión— y las autoridades de la agrupación empresaria buscarán también entregar el documento al presidente Mauricio Macri, así lo comunicó Telefe Noticias.

El Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn presentó a la Comisión de Reforma Procesal Civil y Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso Administrativo un extenso documento donde afirman que, de aprobarse esta iniciativa propiciada por el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo provincial, no mejorarán las condiciones del servicio de justicia. Por el contrario, los abogados sostienen que ellos empeorarán sustancialmente, generando a los chubutenses una grave inseguridad jurídica al contrariar las previsiones contenidas en los pactos internacionales y la Constitución nacional y provincial, desechando el aprovechamiento de largos años de doctrina y evolución jurisprudencial local en sintonía con la jurisdicción federal.

Se trata de una propuesta de cambio sustancial de la legislación procesal que resulta incompatible con el ordenamiento jurídico, no responde a la tradición jurídica argentina, tanto jurisprudencial como doctrinal, ni a la enseñanza del derecho y estudio de grado de las Ciencias Jurídicas.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn expresó no estar en desacuerdo con la reforma de las leyes procesales, necesaria para adecuarlas a la nueva legislación civil y comercial, de modo de hacerla compatible y útil al derecho sustancial, tampoco con la presencia física de los magistrados en las audiencias, ya establecida como obligatoria por la Ley procesal actual, ni con técnica de la oralidad, ya que la materialización del lenguaje humano a través de la palabra hablada, es la forma de comunicación más antigua del ser humano.

Sin embargo, para el éxito de la técnica de la oralidad se requiere una dotación de recursos humanos y de infraestructura muy altos, que en el contexto económico actual que afecta a la provincia, así como las carencias presupuestarias y desinversión del Poder Judicial, destinará al fracaso todo proyecto que pretenda implementar la oralidad en las causas civiles.

PMY

El Acuerdo plenario fue dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se les solicita que, en el término de 72 horas, dejen sin efecto el mismo.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn cuestionó por inconstitucional al Acuerdo plenario Nº 4723/19 de fecha 12 de marzo del año 2019, dictado por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut que aprueba la aplicación del “Protocolo de desarrollo de la etapa probatoria en procesos civiles y comerciales”, en vigencia a partir del día siguiente a la firma del mismo, norma de alcance general que obliga a todos los magistrados civiles, comerciales y multifuero de la provincia, abogados y ciudadanos del Chubut.

En una resolución dictada el día 25 de Marzo, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn dispuso solicitar al Superior Tribunal de Justicia del Chubut que, en el término de 72 horas, deje sin efecto el Acuerdo Plenario N° 4723/19, por ser el mismo manifiestamente inconstitucional, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.

Entre los fundamentos de la resolución, que fue remitida al Gobernador del Chubut, al Presidente de la Legislatura y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), se afirmó que el Acuerdo Plenario 4723/19 en su ANEXO “A” denominado “PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LA ETAPA PROBATORIA EN PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES PROVINCIA DEL CHUBUT”, en cuanto modifica de manera ostensible y grosera el Código Procesal Civil y Comercial, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut desvirtúa el principio de la división de las funciones gubernativas y la correlativa asignación de cada una de ellas a órganos distintos e independientes.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ha invocado para emitir este Acuerdo Plenario las potestades de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia del Chubut; sin embargo, esta norma exclusivamente le otorga facultades de organización, funcionamiento y orden de los Juzgados, pero no puede ser fuente para arrogarse las facultades que naturalmente corresponden al Poder Legislativo.

Por el principio de división de poderes, como derivación directa del sistema republicano de gobierno, núcleo esencial de nuestra constitución política, el Poder Legislativo sanciona, modifica o deroga las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial las interpreta y aplica sólo en pleitos concretos y con un alcance estrictamente limitado a éstos. Este ha sido el criterio de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dejó sentado que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, estándole vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades.

Nos encontramos ante una situación irregular, de gravedad institucional que, además del trámite legislativo que establece la Constitución provincial, omitió todo tipo de consulta a los Colegios de Abogados, representantes genuinos de la abogacía.

Por integrar el equipo del EMAV, por trabajar la temática, y por la utilización en la provincia de la Línea 134, que prevé la toma de denuncias por violencia de género dentro de las fuerzas, es que se invitó a la edil de Trelew a tomar parte de la Red y exponer en el Congreso la experiencia de la ciudad.

Durante la jornada del día jueves, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, las integrantes de la Red Nacional de Mujeres Policías presentarán un anteproyecto de modificación de la legislación del personal policial, que rige desde la década del ’70.

“Ese anteproyecto que se va a presentar, pretende modificar la legislación que hasta el momento ha tenido el personal policial, y que data del año 70”, explicó Marcela Roberts, que viajará este miércoles con destino a la ciudad autónoma de Buenos Aires.

“La legislación actual sólo tiene una mirada hacia la actividad del hombre dentro de la fuerza policial. Por eso es que se impulsa una mirada de género. La Red Nacional de Mujeres Policías, junto a un grupo de abogados que encabeza la Dra. Antonela Herrera, además de una de las propulsoras de este movimiento, Gabriela Macías, de Santa Cruz, fueron trabajando en sumar cada vez a más provincias y localidades y poder ir viendo que pasaba con las normativas policiales que cada provincia tenía. Y encontraron que en todos lados sucede más o menos lo mismo y veían una necesidad de modificar”, agregó la actual concejal.

La normativa policial vigente es nacional y oportunamente adhirieron todas las provincias, por eso es, salvo modificaciones puntuales, la misma en todas las fuerzas de seguridad del país.

“Lo verticalista de la institución policial hace que esto sea muy difícil. Que puedan salir a manifestarlo. La red contiene y da seguridad de poder hacerlo. Y hay gente que se respalda en la representación que otros dan por ellas”, puntualizó Roberts más adelante.

“El anteproyecto propone un nuevo régimen con perspectiva de género y en derechos humanos. Procura que se sumen y se tengan en cuenta un soporte de denuncias, donde el personal policial femenino pueda exponer y denunciar. Muchas veces han sido hostigadas, reprimidas, abusadas, obviamente por parte de un par o alguien de rango superior. Lo importante es tener un resorte donde poder hacer las denuncias, que sea autónomo, que vaya por fuera de las fuerzas policiales, con funcionarios que estén capacitados para poder recepcionarlas y viabilizar las denuncias con perspectiva de género. También incluye una instancia de asesoría legal que posibilite que tengan representación legal”, manifestó posteriormente.

El anteproyecto habla además de aplicar la perspectiva de género en los cursos de formación y de incluir lo referente a licencias y tratos a las mujeres policías que estén embarazadas.

El jueves próximo, a las 15, se hará la presentación del anteproyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas de las mujeres policías que integran esta red nacional viajarán a la ciudad de Buenos Aires para mostrar su apoyo a esta modificación legal. Varias diputadas y senadoras de distintos bloques ya les comunicaron su apoyo.

Desde la red insisten en que la legislación actual no menciona qué pasa si abusan de las mujeres policías, por lo que no se prevé sanción alguna. Todo el texto de esa ley está escrito, sostienen, sin siquiera considerar la existencia de mujeres policías.

El hecho de haber estado y de formar parte del EMAV (Equipo de Mapa de Violencia), de trabajar la temática, y de haber sido la provincia en la que se utiliza la línea 134, con buenos resultados, y en la que cabe denunciar violencia de género dentro de las fuerzas policiales, es que llamó la atención por parte de la Red Nacional, por lo que se invitó a la concejal Marcela Roberts para forme parte, y que en esta ocasión cuente la experiencia de la ciudad de Trelew.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que el año próximo el Gobierno nacional impulsará la Reforma Laboral e insistió con la necesidad de «bajar los costos extrasalariales» para mejorar la «competitividad». Analizan convocar al Consejo del Salario.

El titular de la cartera nacional de Producción y Trabajo, Dante Sica, adelantó este viernes que en 2019 el Gobierno volverá a impulsar la Reforma Laboral, luego de que la CGT advirtiera que una norma de ese tipo «no va a pasar por el Congreso».

Según el funcionario, la reforma de un paquete de leyes que flexibilice las condiciones laborales para darle «competitividad» a la economía «es más importante para los trabajadores que para los empresarios».

Sin embargo, Sica se mostró confiado en poder llegar a acuerdos con la CGT y empresarios.

«Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extrasalariales que nos quitan competitividad», sostuvo.

Para el ministro Sica, en el país «hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación».

«Hace un año que está parada la Ley del Blanqueo Laboral ¿Cómo no voy a insistir si esto es lo que está desprotegiendo a los trabajadores?», dijo el Ministro.

«Hay que tener una discusión sin prejuicios y mirar la realidad de los números entre el sector privado, los empresarios, los trabajadores y el Gobierno para empezar a discutir las nuevas formas de relacionarnos en términos laborales», sostuvo Sica.

Por otra parte el Ministro de Producción y Trabajo admitió que analizan convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. «Estamos dispuestos. Nosotros venimos trabajando con la CGT, tenemos un diálogo fluido, todos los días tenemos contacto con los distintos miembros, charlamos con los dirigentes, así que no va a haber ningún problema en tratar este tema», dijo.

Cabe recordar que el miércoles la CGT había enviado una carta al funcionario reclamando que se convoque al Consejo para elevar el salario mínimo a una suma cercana a los 25 mil pesos, valor que el INDEC midió para la denominada Canasta Básica.

Radio3 Cadena Patagonia

En una nota dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, los Colegios Públicos de Abogados de las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, se expresaron en contra de la reforma de los Códigos Procesales no penales de la provincia.

Al carecer la reforma de un diagnóstico de la situación actual del servicio de justicia, del funcionamiento del Poder Judicial y de las falencias que se observan y si corresponden a la desactualización de las normas procesales vigentes, la pretensión de reforma nace viciada desde su origen porque no se advierte qué es lo que se pretende mejorar, expresaron los presidentes de los Colegios de Abogados de la provincia.

En la reunión celebrada en la ciudad de Puerto Madryn, de la que participaron la Dra. Natacha Legari presidente del Colegio de la ciudad de Comodoro Rivadavia y Nicolás Demitriou su vicepresidente, los Dres. Guillermo Zamora Vicepresidente y Leandro Sechi Tesorero del Colegio de Abogados de Trelew, José María Venancio, presidente del Colegio de Abogados de Esquel y por el Colegio de Puerto Madryn su presidente Sergio Fassio, el Vicepresidente Ricardo Gabilondo y los vocales Marisa Willatowski, Hipólito Giménez y Patricio Castillo Meisen, los representantes de los abogados afirmaron: “Se percibe que la iniciativa está destinada a aprobar algo novedoso, por el solo hecho de aprobarlo, sin siquiera analizar si la reforma procesal integral es efectivamente necesaria. La pretensión de reforma nace viciada desde su origen porque no se advierte qué es lo que se pretende mejorar y tiene la apariencia de una modificación hecha a la medida de un interés ajeno al objetivo primordial que debería ser la mejora en la prestación del servicio de justicia”.

Respecto del mecanismo participativo propuesto por los integrantes de la Comisión reformadora, cuestionaron que no funciona debidamente, poniendo de manifiesto los innumerables inconvenientes para acceder y hacer efectivos aportes desde cada una de las localidades, lo que generó cierta apatía en los abogados cuando fueron invitados a participar y efectuar contribuciones en el acotado marco propuesto.

Concluyeron que la implementación de un nuevo Código Procesal en el contexto actual es improcedente y que toda reforma debe ser paulatina, consensuada y con el presupuesto económico asegurado para su óptimo funcionamiento.

RECLAMAN DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES
En otro capítulo de la presentación efectuada ante el Superior Tribunal de Justicia, los Colegios de Abogados del Chubut, reclamaron la necesidad de hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los ministros integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Recordaron que en nuestra provincia la Ley I-231 que regula la ética en la función pública, obliga a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a presentar sus declaraciones juradas de bienes ante el Tribunal de Cuentas, estableciendo la publicidad del contenido solo a petición del interesado o en casos muy limitados.

Los Colegios de Abogados del Chubut entienden que esta legislación no cumple con los principios y preceptos constitucionales y convencionales de división de poderes y en consecuencia de independencia del Poder Judicial, ni asegura prevenir y detectar incompatibilidades, conflictos de intereses y eventuales enriquecimientos ilícitos por parte de los funcionarios públicos y, fundamentalmente, impide el análisis de la evolución patrimonial de los funcionarios declarantes en el ámbito del Poder Judicial.

Tampoco se compadece con la Declaración sobre Gobierno Abierto en la que nuestro país y otros comprometidos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno, asumieron promover acciones en pos de la transparencia, la lucha contra la corrupción y aprovechar el poder de las tecnologías para una gestión más eficiente y eficaz, concluyeron los representantes de la abogacía organizada.