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El Senado sancionó hoy una ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

La iniciativa -impulsada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner- fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador del FdT por Corrientes Carlos «Camau» Espínola.

La oposición rechazó la norma por considerar que «es inconstitucional» y «perjudica a los productores agropecuarios» que no podrán «disponer de sus tierras» en caso de incendio, sean o no intencionales.

Como miembro informante, la senadora del FdT, Ana Almirón, informó que «Argentina ardió en llamas literalmente» y precisó que hubo 900 mil hectáreas afectadas en 22 provincias y que «más del 90 por ciento» de los incendios «se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido».

«Es sumamente urgente» una normativa de esta naturaleza, consideró Almirón, y rechazó las críticas de opositores que sostienen que se trata de medidas contrarias a los productores agropecuarios.

«No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente», proclamó.

En nombre de la oposición, la senadora de PRO Gladys González consideró que «no se puede ser hipócrita y ser ambientalista», afirmó que la ley «mezcla todo» (si un incendio fue intencional o accidental) y acusó al oficialismo de quedarse a medias con este tipo de propuestas que buscan proteger el medio ambiente.

Para González, cuando una «ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada» y consideró que hubo diputados que «no se animaron a sugerirle modificaciones a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente», en alusión a Máximo Kirchner.

«Está bueno ayudar a nuestro conductor a hacer buenas leyes, no está bueno decirle que si a todo lo que dice. Esta no es una buena ley porque va en contra del principio de no regresividad y establece plazos para proteger tierras que ya están protegidas a perpetuidad», precisó.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado, a su vez, opinó que el proyecto «es cero federal» e «inconstitucional», ya que afecta «el derecho de propiedad privada».

El senador Alfredo De Angeli, exproductor agropecuario, pidió que la propuesta vuelva a comisión, pero su iniciativa fue rechazada tras una votación.

«Esto no resuelve el problema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Están estigmatizando a los productores», aseveró.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de noviembre por 132 votos a favor y 96 negativos en el marco de una extensa sesión en la que hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Al tratarlo en comisión, los senadores aprobaron modificar la ley 26.815, de Manejo del Fuego, para que se establezca que quedarán prohibidos desde la extinción de incendios realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies, así como cualquier emprendimiento inmobiliario.

ALCANCES

El artículo 22 bis establece que «en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio».

También se prohibirá durante ese lapso «la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares».

La propuesta prevé no permitir, además, «la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio».

En la iniciativa se establecen las mismas restricciones, pero por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.

Fuente: El Patagónico

El Ejecutivo enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante. El anuncio fue realizado por el intendente, Adrián Maderna y funcionarios de su gabinete. Se busca generar fondos propios que serán destinados a obras de infraestructura para la ciudad.

El Poder Ejecutivo Municipal de Trelew enviará, este viernes, al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para poner en marcha un ofrecimiento público de tierras, con el objetivo de generar fondos propios y poder avanzar en obras de infraestructura para la ciudad.

El anuncio fue realizado el jueves por la noche por el propio intendente, Adrián Maderna, en compañía del secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina y el secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Héctor Castillo.
El proyecto de ordenanza contempla la desafectación de seis macizos, la autorización para su fraccionamiento en un total de 33 lotes y la aprobación del pliego de bases y condiciones para el ofrecimiento público.

El intendente Adrián Maderna destaco “el trabajo que lleva adelante el equipo técnico municipal” y aseguró que la iniciativa busca “obtener recursos y generar obras en un marco de transparencia”.
“Este ofrecimiento nos va a permitir tener herramientas para trabajar cara a cara con el vecino, profundizando el proceso de política pública y será para poder enfrentar las obras de infraestructura necesarias, con fondos municipales”, indicó el primer mandatario local.

“En este contexto tan difícil lo que buscamos es obtener recursos, más allá de la optimización de los mismos”, destacó.

Por su parte, el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina, valoró “el trabajo desarrollado por el equipo técnico del área de planificación, encabezado por la arquitecta Lorena Lavecchia”. Explicó que “la iniciativa se enmarca en la Planificación 2015-2030” y que los fondos que se obtengan “serán utilizados para solventar obras de servicios básicos y pavimento”. “Esto le permitirá a la ciudad generar fondos municipales, genuinos, y también mano de obra”, finalizó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad tratar un hábeas corpus preventivo presentado por el Defensor General de Chubut, Gerardo Tambussi. El funcionario denunció un supuesto plan persecutorio contra los mapuches que ocupan el Pu Lof de Cushamen. Tambussi intentó llegar a la Corte luego de que la acción en favor de los ocupantes de las tierras fuera rechazada por la Cámara de Apelaciones de Chubut y por el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. El defensor interpuso un recurso extraordinario que no fue concedido por lo que fue en queja a la Corte, la que finalmente la rechazó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por considerarla inadmisible.

La causa se inició el 11 de enero de 2017 cuando los defensores públicos de Chubut instaron una acción de hábeas corpus preventivo en favor de la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen. En esa oportunidad solicitaron que cese una supuesta actividad persecutoria por parte de las fuerzas de seguridad.

Según la defensoría de Chubut, el 11 de enero de 2017, unos 10 efectivos de la policía provincial habrían ingresado al predio ocupado por los mapuches sin orden judicial y disparando postas de goma contra los residentes. Sin embargo, esta versión difiere con la que dio un oficial principal de apellido Solorza. El efectivo relató que un grupo de infantería a su mando se dirigía a bordo de un furgón desde la comisaría de El Maitén a la ciudad de Trevelin cuando a la altura del predio ocupado por los mapuches advirtieron que personas encapuchadas habían detenido a varios vehículos particulares. Por ese motivo, el móvil policial se detuvo detrás de los automóviles, y en ese momento comenzaron a arrojarles piedras provocando la rotura de los vidrios del furgón. Según Solorza, con el fin de preservar la integridad física del personal y de los particulares que estaban detenidos en la ruta, comenzaron a hacer disparos disuasorios con proyectiles antidisturbios y luego, al verse superados en número, ordenaron el repliegue de los efectivos. Solorza negó haber ingresado al predio y aportó un video para sustentar su declaración.

Revés en la Corte para un reclamo mapuche en defensa de la ocupación de tierras en Chubut

El juez de primera instancia consideró que el hábeas corpus no era procedente porque no había certeza sobre la arbitrariedad o ilegalidad de los actos cuestionados por el Defensor General de Chubut, Gerardo Tambussi. Esa decisión fue apelada y la Cámara confirmó el rechazo de la acción de hábeas corpus de la Defensoría provincial. El tribunal afirmó que no había razones para sostener que los operativos policiales fueran un plan de persecución ilegal o arbitraria hacia la comunidad mapuche. La alzada remarcó, en ese sentido, que “es un deber del Estado brindar seguridad y mantener el orden público ante reclamos de cualquier grupo social que incluyan la probable comisión de delitos.”

Tras la interposición de la queja ante la Corte Suprema, se le corrió vista al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal quien se pronunció por rechazar el recurso del defensor de Chubut. En su dictamen destacó que la conclusión de los jueces provinciales que intervinieron en la causa y que rechazaron el hábeas corpus cuenta con fundamentos suficientes que apuntan a que no puede juzgarse en este caso que exista una amenaza como la denunciada por Tambussi. Además resaltó que los procedimientos fueron ordenados por los jueces competentes en el marco de procesos que tramitan regularmente “en los que el derecho de defensa de los afectados puede ser ejercido conforme a la ley.”

Casal consideró que la materia de la causa no está regida directamente por las normas constitucionales que consagran los derechos de los pueblos originarios. Asimismo mencionó que -según el conocido criterio de la Corte Suprema- su sola mención no basta para dar sustento a una cuestión federal por lo que opinó que la queja interpuesta por el Defensor General de Chubut debía ser desestimada. Una vez contestada la vista, la Corte Suprema de Justicia -por unanimidad- rechazó el recurso del funcionario chubutense en favor de los ocupantes del Pu Lof Cushamen poniendo de esta manera un límite a la toma de tierras por parte de los mapuches.

 

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, convocó a representantes nacionales, provinciales y locales de las fuerzas de seguridad y de organismos estatales, ante el aumento en cuanto a situaciones de tomas de tierras y extracción ilegal de madera que atraviesa la Comarca Andina en los últimos meses. Se realizarán monitoreos conjuntos y se elaborará un mapa de riesgo.

“La reunión de hoy fue para fortalecer los mecanismos interinstitucionales para actuar ante la toma de tierras, al tiempo que empezamos a diagramar un sistema de trabajo conjunto para poder monitorear terrenos en riesgo. En paralelo, desde el municipio seguiremos trabajando para brindar oportunidades de tierra y vivienda digna a los vecinos y vecinas de Lago Puelo”, expresó Augusto.

“Continuamos articulando con la secretaría de Bosques de Chubut, para poder tener tierra disponible y entregarla de forma ordenada a través del mecanismo que desarrollamos con nuestro Registro Único de Postulantes a Tierras”, explicó el intendente Augusto Sánchez, y destacó: “Creemos que es necesario dar una respuesta a la demanda habitacional de forma ordenada y por ello proponemos aunar esfuerzos para proteger la tierra en Lago Puelo”.

Además, el intendente recordó que actualmente avanzan los trabajos con el Programa de Suelo Urbano, lo que dará la posibilidad de adjudicar lotes con servicios.

El presidente de la Unidad Ejecutora provincial (ex CORFO), Pablo Muñoz, coincidió con la importancia de generar un “equipo de trabajo para avanzar sobre la prevención todos los días coordinadamente y con un control constante que permita salvaguardar los terrenos y disuadir ante la posibilidad de nuevos intentos de tomas”.

Por su parte y ante la propuesta de patrullar más fuertemente, el comandante Gustavo Orellana, responsable del Escuadrón nº35 de Gendarmería Nacional reafirmó su compromiso para realizar recorridas de prevención coordinadas con el resto de las fuerzas de seguridad en las áreas consideradas de riesgo.

La acción, fue apoyada por el segundo Jefe de la Unidad Regional de Esquel, Pablo Naya, por su parte, el comisario local, César Lloyd, destacó la idea de participar de un operativo de patrullaje “que sea de utilidad para prevenir movimientos ilegales en terrenos del Estado y privados”.

Al momento de tomar la palabra, Karina Araque, directora de Ordenación Forestal y Uso del Bosque de la secretría de Bosques de Chubut, remarcó que cada vez que toman conocimiento de una toma o tala ilegal en la provincia se realizan «de inmediato las denuncias correspondientes”, por lo que solicitó que “pueda darse un nuevo encuentro que cuente con la presencia de representantes del Poder Judicial que cumplen un rol clave en estos temas a través de las fiscalías”.

De cara a un próximo encuentro, el intendente del Parque Nacional Lago Puelo, Sergio Rusak, manifestó la necesidad de establecer un mapa de zonas de conflicto para garantizar un cuidado permanente y coordinado en las zonas de incumbencia de las distintas instituciones reunidas.

En el encuentro participaron también el director de INTA Bariloche, Mauro Sarasola y el director del Campo Forestal San Martín, INTA Las Golondrinas, Federico Letourneau; el Jefe de Guardaparques, Mauricio Berardi y representantes de la Unidad Ejecutora provincial a nivel zonal.

«Pedimos por favor que los concejales no atrasen el crecimiento de la ciudad porque perjudican a los vecinos», manifestó ayer el intendente Sergio Ongarato, quien se mostró muy molesto con la falta de apoyo del Concejo Deliberante al proyecto que contemplaba la cesión de tierras al Instituto Provincial de la Vivienda para el desarrollo de un nuevo plan habitacional en la zona de Valle Chico.

La iniciativa requería acompañamiento de una mayoría especial del cuerpo legislativo (7 votos), pero no hubo acuerdo y los bloques minoritarios no dieron apoyo planteando críticas y cuestionamientos a la política municipal para paliar la necesidad de viviendas.

«Es algo que me ha decepcionado muchísimo porque quizás se haya perdido por mucho tiempo la posibilidad de tener 132 viviendas más para vecinos de Esquel», dijo el intendente, quien indicó que «necesitábamos que el Concejo Deliberante apruebe la sesión de tierras al IPV, como marca la ley, como se hizo para todos los barrios. La mayoría especial requería los votos de los seis concejales oficialistas más uno de la oposición, pero esto no se logró», se lamentó Ongarato, agregando que «10 vecinos de nuestra ciudad, los concejales, con la responsabilidad enorme de decidir esto tan importante no hayan podido llegar a un acuerdo, y que 132 familias de Esquel pierdan la posibilidad de tener una vivienda es una muy mala noticia», subrayó el jefe comunal. Más adelante dijo que «los concejales nos llenan de pedidos de informes, algo que está bien porque su función es controlar y preguntar al Ejecutivo, y contestamos esos pedidos de informes lo antes posible. Pero los concejales también están para que estos proyectos puedan salir, para poder tener 132 viviendas más en Esquel», reiteró Ongarato.

Sobre las críticas que la oposición hizo al proyecto de cesión de tierras al IPV el intendente dijo que «lo que más me llamó la atención es que no saben cual es la política de viviendas sociales y por eso votan en contra. Esto se explicó a los concejales, pero por una política de barricada dejan a familias sin viviendas» dijo.

En busca de nuevos loteos 

En otro tramo, el intendente Ongarato dijo que «en Valle Chico hay más de 700 lotes para asignar a viviendas de todo tipo, alrededor de 200 lotes sociales, y se están haciendo las redes de infraestructura. En la zona de barrio Matadero tenemos más de 200 parcelas para familias que están en la base de datos de Tierras Fiscales. A futuro, arriba del Lennart Englund, hay más de 300 lotes que se podrán obtener cuando se haga la obra de la nueva toma de agua potable. Estamos haciendo las proyecciones para Valle Chico y para la zona del Baden I y II. Entre los actuales y a futuro hay 1.200 lotes sociales, y no importa el nombre que le pongan, pero pedimos por favor que los concejales no atrasen el crecimiento de la ciudad porque perjudican a los vecinos. No hay entendimiento y eso termina afectando a todos» acusó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el proyecto trunco que impulsaba Cáritas Prelatura Esquel para la construcción de viviendas sociales, Ongarato mencionó que «hubo alguna resistencia sobre la zona alta del Matadero, pero si conseguimos financiamiento para viviendas no interesa si son de Cáritas, del IPV o del barrio tal o cual. Nuestra tarea es hacer todo lo que nos toca para que se puedan construir las viviendas y no que se perjudiquen las familias».

El intenso viento que se registra en la zona preocupó a los vecinos. Una dotación de Bomberos Voluntarios y el mismo personal del Ejército trabajaron para sofocarlo.

El viento reinante alimentó un foco de incendio que preocupó esta tarde en los terrenos del Ejército próximos a la Palestra.

Los primeros datos indican que se estaban realizando actividades de prácticas y entrenamiento en el lugar y de pronto se generó un foco que alertó a los vecinos y sobre todo a la gente que suele ir a recorrer la zona con actividades recreativas.

Bomberos Voluntarios, Policía de la provincia y el mismo personal del Regimiento local trabajaron para sofocar las llamas.

Se trata de un predio de pastizales muy secos.

La ministra de Seguridad Sabina Frederic destacó el «rol central» de la Justicia en las tomas ilegales de tierra, ya que es la que determina «el desalojo o la custodia» de esos territorios.

«El rol de la justicia es central, es en la que en los últimos meses ha resuelto en la inmensa mayoría de los casos», dijo Frederic en diálogo con la radio online FutuRöck.

Agregó que en estas resoluciones judiciales, hasta el momento se determinó «la custodia» de estas tierras y «en ningún caso el desalojo».

Frederic dejó claro no obstante que estas tomas son «ilegales», pero también que los usurpadores «no son considerados delincuentes» debido a que se reconoce «el enorme déficit habitacional que existe de unas 4 millones de personas».

Al ser consultada, sobre la posibilidad de que haya personas involucradas que lucran con la cesión de estos terrenos a familias, la funcionaria señaló que, «cuando aparezca esa información, es necesario que se realicen las denuncias judiciales» correspondientes, porque por esa vía se «habilita la investigación de los hechos y se determina veracidad jurídica» de las denuncias.

«De lo contrario contribuimos a crear un clima que pone sombras sobre cualquiera», planteó la ministra.

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, aseguró hoy que el Gobierno nacional mantiene una negociación con los grupos mapuches que toman tierras en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y destacó que se está «yendo por el camino del diálogo, porque en 2017 esta misma toma terminó en allanamiento, desalojo y una persona muerta».

En declaraciones a Radio con Vos, la funcionaria nacional se refirió así al operativo de la Prefectura desplegado en el año 2017 que terminó con la vida de Rafael Nahuel durante un intento de desalojo de estas tierras en Villa Mascardi.

“La ocupación ocurrió en el año 2017, la justicia ordenó un allanamiento primero de la Policía Federal y luego del Grupo Albatros, que entra al predio y allí ocurre la muerte de Rafael Nahuel”, relató Frederic.

“El camino del desalojo -amplió la funcionaria- que ejecutaron fuerzas que dependían de Patricia Bullrich fue un fracaso, porque el desalojo no prosperó y murió una persona”.

La titular de Seguridad explicó que cuando asumieron el Gobierno tuvieron «la visita de la gobernadora (de Río Negro), que manifestó el interés de avanzar en el diálogo, en la negociación» y, en ese sentido, rescató que «es un camino que se está transitando”.

Frederic explicó que en esta negociación con los grupos que realizan tomas de tierras -referenciados en la comunidad Huincul- esperan que “ellos se avengan a ciertas condiciones, y en caso de que esto no ocurra, si la justicia decide que hay que desalojar, habrá que desalojar”.

Sobre la marcha del sábado

Asimismo, Frederic aclaró que las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad en relación a la marcha del sábado pasado, en la que vecinos se opusieron a las tomas, apuntaron a “denunciar la posible comisión de un delito, ante la información de que había personas que se estaban armando”.

“Nosotros pedimos que la justicia investigue si existían personas que se estaban armando de manera ilegal en el marco de esta protesta”, aseguró la funcionaria.

“El jueves comenzamos a tener información que mencionaba la compra de armamentos y que la protesta del sábado estaba orientada, según estos mensajes, a disparar a los mapuches que estaban ocupando Mascardi”, precisó.

La ministra aclaró que se tomó la medida de “denunciar», pero «también la de desplegar efectivos de Gendarmería para evitar que los manifestantes llegaran al lago Mascardi y se desatara un hecho de violencia”.

“Estamos conversando, terminando de establecer nuestras condiciones a lo que pide la comunidad”, dijo Frederic sobre el acuerdo al que se tratar de llegar con quienes toman estas tierras.

Al mismo tiempo, aclaró que están “en un contexto en el que el Gobierno nacional suspendió los desalojos, y también hay una controversia sobre si hay que incluir o no a esta comunidad en esa norma”.

“Estamos en un momento de cierre importante de estas conversaciones y es legítimo que haya gente que proteste en contra, pero lo que no puede ocurrir es que esto desate violencia”, concluyó Frederic.

Con la presencia de los representantes de los barrios que serán beneficiados por estas obras, el intendente Juan Pablo Luque suscribió el acuerdo con los titulares de las tierras donde se realizarán las obras aguas arriba en zona sur, que permitirán contener gran parte del barro producido por las lluvias.

El primero de los proyectos ya cuenta con financiamiento del Estado Nacional garantizado, y es una obra que beneficiará a los barrios de la zona sur. Solo resta la ratificación del Concejo Deliberante del acuerdo firmado, para poder dar un principio de ejecución a las obras tan esperadas.

El reservorio 04, como se conoce a la obra hídrica que será construida agua arriba en zona sur, avanzó en un paso fundamental al acordar el Municipio con los dueños de las tierras privadas donde quedará emplazado, para que se pueda llamar a licitación y se comience cuanto antes con esta infraestructura que beneficiará notablemente a todos los barrios de zona sur.

En este marco, luego de la reunión mantenida entre el intendente, funcionarios municipales y vecinalistas de los barrios Moure, Pueyrredón, San Cayetano y Juan XXIII, el asesor letrado Guillermo Hughes explicó que “se enviará al Concejo Deliberante el convenio con los privados para que el Municipio pueda hacerse de esas tierras donde se va a construir el reservorio 04, que es una de las obras hídricas más importantes que se esperan”.

Sobre el acuerdo, afirmó que “es muy satisfactorio para el Municipio y además viene a resolver una cuestión de interés público que es el tema de los anegamientos por las lluvias, por lo cual es uno de los temas de mayor interés para la comunidad”.

En los aspectos técnico, comentó que “el reservorio ocupa 10 hectáreas, de las 5 son de privados. Hubo que acordar con ellos la transferencia de las mismas para que el Municipio pueda recibir el dinero de Nación y continuar con los procesos licitatorios”

Un proceso largo que se agilizó este año con las respuestas de Nación a las gestiones del intendente Luque

Cabe recordar que en la gestión pasada del Concejo Deliberante, bajo la presidencia de Juan Pablo Luque, las tierras para los reservorios fueron declaradas de utilidad pública para evitar que se realicen proyectos de carácter industrial, comercial o habitacionales que dificulten la realización de las obras.

Luego se precisaba que el gobierno provincial realice los estudios de impacto ambiental. Finalmente se acordó que el Municipio lo haría para agilizar el proceso y se contrató a una empresa que lo elevó a Provincia a mediados del año pasado. Era un paso ineludible para la licitación del proyecto.

Este año, con la gestión de Juan Pablo Luque, desde el gobierno nacional confirmaron el financiamiento para la primera etapa de la obra en zona sur: a fines de julio se recibió el apto técnico y la aprobación del presupuesto de 151 millones de pesos, que serán financiados por el Gobierno Nacional.

En un esfuerzo mancomunado entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, Lago Puelo comienza esta semana la puesta en marcha del nuevo Registro Único de Solicitantes de Tierra, enmarcada en la ordenanza 06/2020.

Será la primera vez en la historia de la localidad de Lago Puelo en la que exista un registro de esta naturaleza. Consistirá en entrevistas presenciales para todos los interesados y contará con un sistema de puntaje, que ayudará al Concejo Deliberante a la hora de evaluar las necesidades de cada uno de los solicitantes y así poder seleccionar a los beneficiarios.

De esta forma se buscará que más vecinos y vecinas puedan acceder al derecho de la tierra y la casa propia.

«El objetivo es generar un registro que permita evitar la especulación inmobiliaria con tierras fiscales. En este primer paso se trabajará para dar un orden a la situación de las denominadas 8 hectáreas de Golondrinas, por lo que se citará con día y horario a los vecinos que han manifestado su preocupación y que fueron engañados por la gestión anterior», explicó el secretario de Planificación Estratégica, Federico Vercelli. Luego será el turno de las solicitudes preexistentes y futuras.

Además, el funcionario destacó que «El intendente Augusto Sánchez nos encomendó avanzar con el Programa de ordenamiento territorial, con el foco en que la mayor cantidad de puelenses lleguen a tener su casa propia y este es el primer paso de un camino de justicia social, que va a continuar durante los próximos meses y que se constituirá en un registro único, objetivo y transparente para acercarnos a ese objetivo».

Quienes estén interesados en inscribirse, podrán hacerlo comunicándose a por Whatsapp al 2945911264, por correo a registrounico@lagopuelo.gob.ar; o podrán solicitar turno por ventanilla a partir de la semana del 20/7 en los Alerces y El Huemul lunes a viernes de 10 a 12.